POR ALBERTO RAMOS GARBIRAS*
La marcha del 28 de abril se hizo de manera pacífica, la población salió a rechazar la reforma tributaria en todo el país, esa era la meta y lograron su objetivo, que se retirara el proyecto que empezaría su curso legislativo en el Congreso de la República. El presidente Duque la retiro y ofreció excluir los puntos más lesivos para entrar a discutirla y volver a presentarla. El ministro Carrasquilla, autor de ese despropósito, renunció. Se presentaron otras reclamaciones y la situación se caldeó iniciándose un estallido social con una profusión de hechos que han originado esta convulsión que vive Colombia, con la reacción airada de estudiantes, trabajadores, profesionales independientes, comerciantes, campesinos, afrodescendientes, nuevas ciudadanías; y afloraron otros paros: El paro camionero, el paro arrocero…, estallido social enfocado y comentado por todos los medios de comunicación internacionales. Se llegó hasta el enfrentamiento racial con los indígenas de la Minga que fueron atacados con disparos y vituperios el domingo 9 de mayo en el sur de la ciudad de Cali, cuando un grupo de ellos recorría la avenida Cañasgordas. Luego, ordenaron la expulsión de la ciudad, ordenando el regreso a los resguardos. Sé internacionalizó más esta protesta de colombianos indignados, y las reclamaciones han aumentado.
La Reforma Tributaria y su desastroso contenido, si se hubiese dejado prosperar iría a afectar a los sectores subalternos, dejando por fuera al gran capital. Se reclama justicia tributaria de acuerdo al nivel de ingresos de cada capa social, colocando en su lugar o evidenciando el trato preferencial con el sector bancario que saldría favorecido siendo el que más afecta el bolsillo de los ciudadanos. Igual sucede con otros grupos de poder que vía exenciones no tributan , estando allí el dinero que se necesita para no gravar a los que subsisten con ingresos desmirriados.
Horas antes de iniciarse las manifestaciones del 28 de abril , en ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica que contempla la Constitución nacional dentro el artículo 37,la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitó a los alcaldes y demás autoridades que retiraran los permisos para las marchas, invocando el distanciamiento biosanitario y otras argucias, desconociendo los fundamentos del derecho a la manifestación que conllevan a la protesta social pacífica y que permite usar las calles para manifestar o expresar una inconformidad colectiva ante el abuso del derecho, por una extralimitación de gravámenes contenidos en el proyecto de reforma tributaria, que afectan la economía familiar y atentan contra la subsistencia de los ciudadanos. Las manifestaciones son la expresión de rechazo cuando los miembros de la nación ven que se agotan los reclamos por otros medios. Y no pueden ser reprimidas preventivamente , esto es desconocer los fundamentos de la Democracia: participar y reclamar. Quería la magistrada Villamizar amordazar la salida a reclamar, haciéndole el favor a políticos que no han podido frenar la salida masiva que preveían. Cuales permisos que nadie solicitó, ni se requieren según la jurisprudencia vigente, cual medida precautelativa si en las tutelas no encajan esas medidas, cual uso de las armas si no se trataba de insurrección contra las instituciones; todo lo redactó mal, manejando erróneamente la interpretación y sin ponderación sobre el ejercicio de los derechos humanos. Esa fue una providencia improvidente, llena de dislates y disparates, un copy/page desordenado de algunas sentencias de la Corte Constitucional sobre el derecho a la manifestación.
El magistrado Ortegón, presidente del Tribunal de Cundinamarca, no pudo explicar ese mismo día, ante la emisora W, los alcances de la providencia que ordena no marchar el 28 de abril, e instruía a las autoridades impedirlo a nivel nacional. Se trató de un trámite sobre una tutela del año 2020, resuelta sobre otra marcha programada en octubre, la Magistrada Villamizar extrapoló la decisión para el año 2021 con un incidente procesal pretendiendo tomarse una jurisdicción nacional, dándole un efecto “erga omnes”, y sustituyendo a la Corte Constitucional como si se tratara de una sentencia de inexequibilidad que derogara no una Ley ,sino un el artículo, el 37 de la Constitución , o sea un exabrupto descomunal para la teoría constitucional.
Hubo vándalos famélicos o hambrientos del primer día, 28 de abril, que ni fueron a manifestarse. No se puede confundir a la sociedad civil que marchó con los desadaptados que saquearon locales comerciales y bancarios ese día. Dentro de los que marcharon pacíficamente si hay componentes de la lucha de clases porque reclaman los derechos sociales que no se han cumplido desde que se expidió la constitución de 1991.Los que saquearon, ni salieron a la marcha, actuaron de manera colateral. Algunos se puede explicar su conducta delictiva porque son personas que el mismo Estado ha excluido, desescolarizado y marginado, pero no están luchando para armar una insurrección que lleve a la revolución y derrocar al gobierno, esos vándalos ( no prepagos) actúan desideologizados, por rebusque y subsistencia. Entonces los saqueadores que no tienen escolaridad, ni trabajo ni nada, resultan ayudando a que se reprima a los que protestan, si trabajan y son esquilmados por los impuestos. Afectan la protesta pacífica.
Creo que este tema se debe teorizar porque los vándalos famélicos no impulsan ninguna insurrección, no alientan la lucha de clases, ni la rebelión contra el Estado, ni hacen parte de la violencia rutinaria urbana; se explica porque esto tiene visos de revueltas por la subsistencia, situación larvada y acrecida durante la pandemia y sucede en asociación con otros que están en iguales condiciones de afectación económica. Pero otra clase de vándalos si fueron apareciendo para desestabilizar y desprestigiar la protesta, más los que surgieron alentados por intereses oscuros para promover el caos y justificar la represión. Dentro de las categorías de vándalos están los saboteadores que pertenecen a la estructura del Estado, disfrazados de civiles para disolver los plantones y bloqueos, confundiendo la opinión pública. Pueden ser también vándalos prepagos, pandillas urbanas impulsadas por organizaciones criminales de diferente origen, y también se habla de venezolanos para impulsar el caos, pero nadie cree que los venezolanos del éxodo le hagan ese favor a Nicolás Maduro, por obvias razones: No simpatizan con él. Algunos migrantes venezolanos si han delinquido, pero son delincuentes comunes. Por lo tanto, no son los agentes de la fementida revolución molecular disipada, un engendro de tesis que, califica a todos los inconformes como conspiradores contra el Estado, es decir, que nadie puede reclamar porque desestabiliza las instituciones.
Desde el año 2020 el estallido social comenzó a presentarse de manera escalonada, con revueltas atípicas en varias ciudades revueltas y marabuntas de famélicos que, el gobierno y las autoridades dejaron crecer por negar la Renta Básica necesaria para paliar las carencias de todos los encerrados por la pandemia y que no gozaban de ingresos porque no tienen trabajo, más de 50 senadores y representantes a la cámara se pronunciaron a favor de una Renta Básica permanente, el artículo 334 de la Constitución ordena que el Estado debe planear y lograr el pleno empleo. El ingreso solidario transitorio de $ 160.000 aprobado es muy bajo, exiguo y no llegó oportunamente. Allí se hubiese podido contener el estallido social.
El profesor Ricardo Sánchez Ángel, explicó en un programa de televisión del Canal 2, que “En Colombia la pandemia ha sido utilizada como arma política; ante el déficit democrático estamos presenciando el vaciamiento de la República porque se viene dando una especie de golpe de estado permanente, y es necesario restablecer la República . En el Valle se ha estructurado una posición de resistencia popular ,ejerciéndose la democracia en las calles, esa resistencia urbana se ha articulado con el empoderamiento afrodescendiente, la cooperación de la minga indígena, las nuevas ciudadanías intercaladas con los sectores sociales y los medios de comunicación alternativos en conexión con las redes sociales, que viven el desencanto respecto al neoliberalismo”.
En Cali continuaron las marchas, ya dispersas y se organizaron plantones y bloqueos en varios puntos de la ciudad. Varias voces reclamaron la militarización, el ministro de Defensa se presentó y ofreció asistencia militar. En Cali, en la práctica se produjo el abandono y declinación de la función del alcalde sobre el orden público, al entregar la jefatura de la policía que le corresponde y dejar desprotegida a la comunidad, convirtiéndose la ciudad en un campo de guerra. Estamos en una coyuntura de descomposición de la clase política, donde el partido en el poder se comporta como partido único/ hegemónico con rasgos autoritarios. La cooptación de los órganos de control, es una muestra irrefutable de ese comportamiento.
Ante esta situación dramática y el inicio de enfrentamientos callejeros, el Gobierno nacional se reunió con los magistrados de los máximos tribunales, se produjo la declaración conjunta del Gobierno ,con los presidentes de las Altas Cortes, resultando el punto 5 un adefesio jurídico que amerita ser evaluado y cuestionado porque traspasa la separación de poderes y pasa a avalar previamente actos de la rama ejecutiva , a respaldar al Gobierno en un momento de crisis que debe resolver el Gobierno pero en un dialogo con los distintos sectores de la protesta para enmendar los despropósitos de la pretendida reforma tributaria y otros trámites lesivos a los derechos sociales como la reforma a la salud, y que debe entrar a resolver las demandas sociales represadas desde que se inició el Gobierno. Esa declaración conjunta de las Altas Cortes, confunde la colaboración armónica que plantea la Constitución, porque esa colaboración debe entenderse dentro del funcionamiento institucional y no para entrometerse en las acciones de la otra rama del poder público que no logra aún la gobernanza suficiente para conservar la legitimidad.
Esa declaración conjunta permite lavarle la cara al Gobierno en medio de una movilización nacional con revueltas y turbamultas que se asemeja a una huelga de masas por el malestar colectivo acumulado. La Corte Constitucional no puede dar un respaldo abierto a la rama ejecutiva, es similar a cogobernar, y es declinar la autonomía del control constitucional , es propiciar una foto de una aparente unidad nacional (que el presidente debe buscar con los sectores del paro nacional), eso no le corresponde a las altas cortes, que deben aplicar el ordenamiento jurídico y lo hacen defectuosamente por las insuficiencias y actos condenables, actos de corrupción y lenidad como el cartel de la toga, y otros. Se trata de conservar la aplicabilidad del Estado de derecho, en cada una de las clases y formas del derecho que le corresponde a cada Corte, la Corte Constitucional, en la cúpula, lleva a cabo la supremacía constitucional en un trámite gradual, sobre las sentencias de control constitucional al Estado de derecho, y esto nada tiene que ver con montar una guardia pretoriana para blindar al presidente de la República. El comunicado de los magistrados Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez, contiene la postura correcta sobre la actitud que debió haber conservado la Corte Constitucional, guardando la distancia e indicando la desproporción en la aplicación del uso de la fuerza que transgrede la carta de los derechos humanos, acercándose a un estado de cosas inconstitucional, con la declaración conjunta prácticamente estarían apuntalando la votación favorable del control constitucional sobre una conmoción interior que está ad-portas de decretarse.
Ya se dio un paso alentador, los primeros 8 puntos del introito al documento titulado Declaración Política, redactado el 6 de mayo de 2021por las delegaciones de los puntos de concentración en Cali, algunos sindicatos, delegados de la Minga indígena, estudiantes de la Universidad del Valle, la plataforma municipal de juventudes y otras organizaciones que presentaron el Pliego de exigencias político y unitario, de esta manera le dan explicación a la dispersión de los sectores sociales y a la falta de una dirección unificada (lógico porque no es un movimiento social sino fracciones de movimientos sociales, de sectores y de nuevas ciudadanías ), ahora si la dinámica del paro puede empezar a tomar cuerpo orgánico para conducir esta huelga de masas, que es en el fondo el fenómeno presentado en Cali, pero si necesita una conducción para interlocutar con el Gobierno (dialogo necesario y urgente), y con la sociedad que no sale a los plantones, ni a los bloqueos, pero que está de acuerdo con las protestas, ante el malestar general, y ha presenciado por las redes sociales las revueltas, turbamultas y marabuntas, pero no admiten la presencia y acciones de los vándalos que mancillan la rebelión, unos espontáneos y otros impulsados por actores ocultos para “explicar y justificar” la represión que ha sido bárbara . Y se inició el dialogo con los delegados del paro nacional, la primera oferta: Matricula cero. Pero solo por un semestre a manera de apaciguamiento, por ahora. Las reformas deben ser de largo alcance.
Se solicitó el desbloqueo con corredores humanitarios para el paso de lo esencial: alimentos, insumos hospitalarios, y demás. Ese ha sido el error de las protestas iniciadas el 28 de abril, extenderse en el tiempo al bloquear las vías. Llevaron al desespero a quienes necesitan circular (otro derecho humano, artículo 24 de la Constitución). O sea, a la gente en las ciudades obstruidas para la circulación. Y esto enfrenta a la misma sociedad. El desbloqueo, aunque sigan los plantones (otra forma de manifestarse) allí mismo en los puntos de resistencia, deja a la fuerza pública sin excusa, y cesa o disminuye la represión. En aplicación de la ponderación de los derechos humanos ante esta colisión (manifestación y circulación), así puede resolverse el ejercicio de los dos derechos humanos.
Aquellas leyes que la gente no entiende en sus contenidos, logran recortar los derechos sociales, convertidos en mercancías y empiezan los derechos a decrecer con el agostamiento que le hacen los decretos reglamentarios y las resoluciones de los ministros para su ejecución, quedando todo en manos de los empresarios de la salud, de la educación, de la vivienda y en otros aspectos. Como dijo un jurista bogotano, hay una salida: Aplicar en este caso la tesis del gran jurista Radbruch, según el cual el derecho injusto sigue siendo derecho, pero el derecho extremadamente injusto deja de serlo. Entonces, ante la falta de efectividad de los derechos sociales, se presenta la reacción ciudadana que reclama bienestar social, y si estos siguen siendo desatendidos viene el estallido social y luego la desobediencia civil; si no se dialoga entre las partes para corregir, otras cosas pueden ocurrir a falta de corrección sobre el déficit democrático, así sucedió varias veces en el siglo XIX, antes de comenzar las guerras civiles.
Cómo reordenar todo lo que ha sucedido en estos 30 años de vigencia de la Constitución de 1991 si no hemos logrado ampliar la Democracia, ni cumplir el ciclo de transición entre la constitución de 1886 y la del 91, esos ciclos según los expertos transicionistas, para el asentamiento de las nuevas instituciones se necesitan al menos 15 años y llevamos el doble de tiempo; el proceso de paz firmado en 2016 no logró remozar las instituciones porque la implementación fue truncada; otras formas de violencia se han disparado en las regiones, hay más actores colectivos copando los territorios despejados. Lo que ha sucedido en estos 4 años después de firmada a paz en el teatro Colón, ha sido devastador: la corrupción desbordada y la disfuncionalidad de las instituciones, que ha llevado al descreimiento de la población; es necesario una solución de fondo. En dialogo sostenido con el dirigente político Michel Maya, graduado en Gobierno y Relaciones Internacionales, hemos percibido que, si todo el proceso de las conversaciones de paz hasta llegar a los acuerdos fueron una preconstituyente, luego sobrevino la desilusión por los intentos fallidos con la implementación, que ni por la vía fast track se logró y, tampoco por la vía de actos legislativos porque el mismo Congreso obstruye los cambios. Se necesita una reforma estructural al mismo Congreso, a la salud, a los partidos políticos, a la justicia y sistema electoral. Además, encontrar una acción constitucional para amparar los derechos sociales. Entonces se debe buscar la reforma de fondo a través de una Asamblea Constituyente, que siendo engorroso su trámite como lo establece la ley 134 de 1994 y los artículos 376 y 155 de la Constitución, podría impulsarse por iniciativa del 30% de los diputados del país. De no ser así, continuarán los mismos lastres, fardos y rémoras que tienen vaciada la República.
*Alberto Ramos Garbiras, especialización en Derecho Constitucional, Universidad Libre; Magister en Ciencia Política de la Universidad Javeriana; PhD. en Política Latinoamericana, Universidad Nacional (UNED) de Madrid España. Ha sido profesor de Derecho Internacional y Ciencia Política en la Universidad Libre. Profesor de la cátedra Derechos Humanos, en la misma universidad.
Revista Sur, Bogotá.
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