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Como consecuencia de un contrato minero con la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM) para la explotación de concentrado de cobre, Panamá viene enfrentando desde el pasado 23 de octubre una serie de protestas por parte de amplios sectores de la ciudadanía que han derivado en una crisis política.
Ante la delicada situación de orden público por la contundencia de la protesta social contra la concesión minera, el presidente Laurentino Cortizo determinó convocar una consulta popular para que sea el pueblo panameño el que decida sobre la viabilidad del proyecto. Sin embargo, este lunes 31 de octubre el Tribunal Electoral de Panamá expresó que “no hay condiciones” para organizarla.
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se concretan pasos para derogar la ley en virtud de la cual se ampara la renovación del contrato del Estado con Minera Panamá, de la compañía canadiense First Quantum Minerals. Se trata de un artículo agregado por diputados oficialistas a uno de los dos proyectos de ley promovido por el presidente Cortizo, que trata sobre la prohibición de otorgar nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en Panamá.
No obstante el pronunciamiento del Tribunal Electoral, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Panamá se aprobó un proyecto de ley para que se someta a consulta popular la decisión de derogar el contrato minero o no, un acuerdo con una compañía canadiense que es rechazado por grupos organizados y civiles que consideran que pone en riesgo al medio ambiente y la biodiversidad, entre otras consideraciones.
Mientras se dilucida institucionalmente si se realiza o no la consulta ciudadana, Panamá enfrenta una segunda semana de paralización por el litigio minero.
Antecedentes
La compañía minera canadiense y el Gobierno panameño llegaron a un acuerdo este año para la firma de un nuevo contrato de concesión, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original. Desde febrero de 2019, la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año y da empleo a más de 8.000 personas.
Amplios sectores sociales y políticos se han venid pronunciando sobre las implicaciones medioambientales que dicha explotación genera para amplias zonas naturales del país.
Las protestas tomaron forma de movilización social hasta el punto de que el pueblo panameño se ha mantenido firme y constante en las calles hasta obligar la derogación del denominado Contrato ley 406 entre el Estado y Minera Panamá (First Quantum Minerals).
La protesta se ha tornado en una delicada situación de orden público como consecuencia de los cierres de vías en diversos puntos de la geografía nacional, manifestaciones, concentraciones y marchas pacíficas por parte de estudiantes, indígenas, ecologistas, ambientalistas, comunidades, jóvenes, gremios educativos y de salud y sociedad civil en general.
Las expresiones de inconformismo y la movilización no han parado a pesar del mensaje del presidente Cortizo, que mediante decreto prohibió nuevas concesiones mineras. Pero el pueblo panameño exige es la derogatoria del contrato sin mesas de negociaciones y una moratoria minera indefinida.
Los sectores plutocráticos a través de sus medios tradicionales de comunicación, por su parte, han tratado de deslegitimar las protestas, al hacer resaltar de manera negativa las manifestaciones sin divulgar las verdaderas causas de las mismas. Además, el gobierno de igual manera, ha querido endilgar a los manifestantes los actos vandálicos que se han presentado pero que el pueblo ha reconocido que son las viejas tácticas utilizadas durante la dictadura militar.
A pesar de la represión desproporcionada de los estamentos de seguridad a los protestantes al lanzarles latas de gases lacrimógenos vencidas, el uso de nuevos equipos para lanzar múltiples bombas lacrimógenas, balines y balas también en algunos sitios, el pueblo panameño ha asumido una actitud de unidad y de lucha que hasta ahora han sido inquebrantables.
Extractivismo y corrupción
Factores como corrupción y entrega de tierras para la explotación minera han sido el detonante para que miles de panameños rechacen el Contrato ley 406 que da luz verde para las operaciones de la minera canadiense FQM. A pesar del anuncio del presidente Laurentino Cortizo el pasado 29 de octubre de convocar a una consulta popular para decidir el futuro contrato minero las protestas se intensificaron.
La oposición al contrato minero sigue paralizando varias zonas de Panamá y al paro se han sumado además el sector transportista y los educadores que anunciaron una huelga indefinida.
La población de Panamá está integrada por más de cuatro millones de habitantes. Su PIB es de US$73,449.3 millones, según cifras oficiales. A pesar de ello, la desigualdad social y la baja calidad de vida de millones de panameños no se han superado.
En este contexto, los ciudadanos vienen expresando su descontento y repudio ante la falta de transparencia en los grandes proyectos del país, así como su frontal rechazo a la corrupción de gobernantes que se aprovechan de los bienes comunes del país.
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