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Tras haber negado de manera enfática y reiterativa por parte de sus directivos, señalando que las supuestas acusaciones de despojo de tierras simplemente era un mentís de sectores de izquierda, el Tribunal Superior de Cartagena le ordenó a la poderosa cementera Argos devolver 490 hectáreas en los Montes de María, localizados en la subregión del Caribe, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, a 14 familias que debieron vender sus tierras a precios irrisorios por la presión de grupos paramilitares.
Esta compañía que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) está seriamente comprometida en la complicidad de despojo de tierras, concretamente en el caso de San Onofre (Sucre), donde adelantó un multimillonario proyecto agroforestal.
El Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cartagena tras casi diez años de litigio, falló el que podría ser el caso más representativo de despojo de casi 500 hectáreas que fueron utilizadas por Argos para desarrollar un enorme proyecto forestal sobre predios despojados a campesinos.
La sentencia se refiere a un sembrado de teca de 490 hectáreas ubicado en el corregimiento Palmira, del municipio de San Onofre. Allí, en 2005, la Reforestadora del Caribe, después convertida en Tekia y filial de la cementera Argos, se valió del contexto de violencia y conflicto armado para comprarles tierras a los campesinos desplazados y ejecutar un gran proyecto forestal con el propósito de compensar en algo la contaminación generada por las fábricas de cemento de esta compañía del GEA.
El fallo judicial le ordena a Argos devolver 20 predios a 14 familias campesinas a las que la cementera les compró la tierra después de la desmovilización paramilitar.
En su sentencia, el Tribunal Judicial Especializado de Cartagena hace un análisis de contexto para basar su decisión y señala que antes de que la cementera llegara a la región los predios comprados “eran fincas altamente productivas, dedicadas por las familias a la ganadería y al cultivo de alimentos, actividades que fueron interrumpidas por la presencia de grupos armados ilegales que cometieron hechos victimizantes en contra de la población”.
Agrega el fallo que el despojo se consumó con el cambio en el uso del suelo, y ya habiendo surtido un proceso de desplazamiento de las familias propietarias y de legalización de la compra de las tierras.
Dado el alto nivel de conflicto en la región, durante el imprtesentable gobierno de Álvaro Uribe se instaló el denominado Centro de Coordinación de Acción Integral de los Montes de María, en el que tras un ejercicio de pacificación militar se convocó al empresariado antioqueño a invertir en esta productiva zona.
Argos aprovecha esa coyuntura y compra a precios irrisorios miles de hectáreas en San Onofre y Carmen de Bolívar.
El Tribunal de Cartagena al exigir la devolución de sus tierras a 14 familias campesinas, negó a Argos la petición que había elevado en el sentido de que se declarara la buena fe exenta de culpa y además pidió que se la indemnizara por los miles de millones que costó el proyecto agroforestal.
De acuerdo con los términos de la sentencia judicial, ahora dicho proyecto agroforestal queda en manos de los campesinos que hace 20 años salieron de sus tierras con todas sus pertenencias y huyendo del conflicto armado y la militarización de la zona ordenada por el gobierno de Uribe que pretendió imponer una pacificación a sangre y fuego.
Partido Todos Somos Colombia, Bogotá.
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