POR JOSÉ ARNULFO BAYONA*
Con la Ley 91 de 1989, negociada por FECODE con el gobierno de Cesar Gaviria y el senador ponente de dicha normativa, Álvaro Uribe Vélez, se inició un proceso de pérdida de derechos y de privatización del servicio de salud de los y las docentes colombianos. Fue el antecedente de la Ley 100 de 1993 que privatizó la salud del pueblo colombiano. Con esta ley se selló la pérdida de derechos del magisterio: primas departamentales y municipales, pensión de gracia, haciéndola retroactiva. Según el artículo 15, numeral 2. Pensiones. “Para docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75 % del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”. Se cambiaron 12 mesadas de la pensión gracia por “una prima de medio año”.
Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo del entonces presidente Uribe, Ley 812 de 2003, artículo 81 modificó el inciso 5º del artículo 8º de la Ley 91/89, y aumentó del 5 % al 12 % el aporte de los pensionados para salud, eliminó el derecho a pensionarse con el 75 % del salario devengado en el último año de servicio y sometió a los docentes que ingresaron a partir del 26 de junio de 2003 a liquidar su pensión con el Régimen de Prima Media establecido en la Ley 100 de 1993: “Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión que será de 57 años para hombres y mujeres…”. Bajo este régimen ingresaron los y las docentes del Decreto ley 1278; de tal manera que el régimen exceptuado solo beneficia a los y las docentes del Decreto ley 2277 de 1979 que aún están activos.
Las contrarreformas citadas dieron origen a la privatización de la salud del cuerpo docente público del país, par cuyo manejo creó el Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), como una cuenta con autonomía financiera y administrativa, manejada por la Fiduciaria La Previsora, una entidad de economía mixta (90 % de capital público y 10 % de capital privado) con una Junta Directiva integrada por 5 miembros, 3 representantes del gobierno y 2 de FECODE. Desde entonces, dicha junta, es la encargada de hacer el pliego de condiciones y convocar a los prestadores privados de los servicios de salud, para concursar por el contrato de prestación del servicio, tanto a los y las docentes activos, como a los pensionados. El sector de docentes pensionados fue obligado a cotizar el triple de lo que cotizan las y los docentes activos y obligados a aportar el 12 % de las mesadas 13 y 14 que son equivalentes a las primas de medio año y de navidad de los trabajadores activos, que, como lo ordena la ley, no son objeto de dichos descuentos.
Así fue como, con el respaldo de FECODE, la salud del magisterio pasó de ser un derecho que estaba a cargo del Estado (Caja Nacional de Previsión Social y Cajas departamentales de Previsión Social) que, en honor a la verdad, prestaban un pésimo servicio y sus recursos eran el botín de los corruptos que administraban dichos recursos, a ser un negocio privado, una mercancía ofrecida al libre juego de la oferta y la demanda en el mundo del mercado.
El remedio resultó peor que la enfermedad, por la simple razón de que el Fondo nació infectado por tres virus letales, la privatización, la corrupción y la pésima calidad del servicio. Puesto que, como en la Ley 100,los prestadores privados que se ganaron las licitaciones, las asumieron como una fuente de acumulación de capital y no para garantizar el derecho a un servicio de salud, universal y de calidad a los/as docentes, a los jubilados y a sus familiares, financiado con dineros de educadores, activos y retirados y con los aportes del Estado. De idéntica manera, los prestadores favorecidos, mediante concursos, se dedicaron a la integración vertical y, con el mayor descaro, destinaron los recursos de la salud del magisterio y sus familias a la construcción de sus propias clínicas y centros de atención de consultas. Hay datos que demuestran cómo los prestadores privados contratados, dolosamente “destinan el 70 % para la ganancia y 30 % para atender la salud de los maestros” (Willy Carmona, directivo de Fecode) Ese regalo se lo deben los mercaderes de la salud a dos presidentes neoliberales y corruptos, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto, los servicios prestados, tanto por las EPS, como por los operadores privados del magisterio, son de pésima calidad. El lucro prima sobre la garantía del derecho. Así es como funcionan el Estado capitalista y el régimen neoliberal.
La mala calidad del servicio es patética; con la excusa recurrente de que “no hay agenda” se demoran las citas de medicina general y con especialistas, los procedimientos quirúrgicos se programan para las calendas griegas, los medicamentos se entregan a plazos, etc. Es tal la mala calidad del servicio, que muchos docentes han muerto como consecuencia de esta criminal práctica. Muchos/as docentes pensionados, decidieron contratar servicio de medicina prepagada, por el que pagan entre $10.000.000 y $18.000.000 al año, prefirieron perder $5.000.000, si su mesada es de $3.000.000 u $8.400.000 si su mesada es de $5.000.000 mensuales, para no poner su vida en riesgo a manos de estos voraces negociantes de la salud.
La corrupción en la administración de los recursos del FOMAG, ha sido práctica de más de treinta años de manejo de los recursos que provocó la profunda crisis por la que atraviesa este Fondo administrado por los distintos gobiernos y avalado por FECODE.
En reciente reunión del presidente Gustavo Petro con voceros de la Federación, presentó el mapa de la corrupción que se ha apoderado de la administración de los dineros del Fondo. En síntesis, los puntos centrales son:
- Demora intencional del pago oportuno de las prestaciones sociales solicitadas por maestros y maestras para propiciar que un pool de abogados interponga las demandas para cobrar la sanción moratoria, cuyo pago por fallos judiciales representa sumas millonarias que enriquecen a los juristas y desangran de manera continuada el Fondo.
- Crítica situación administrativa y financiera del FOMAG creada por la corrupción en el manejo de los dineros destinados al pago de cesantías y pensiones y el retraso deliberado en el pago oportuno de las mismas.
- Elaboración de pliegos de condiciones y convocatoria de proponentes, amañados a los intereses de los prestadores privados del servicio de salud, en el que siempre han resultado beneficiados los mismos operadores, que en cada licitación cambian de nombre, para ganar el contrato y seguir con los pésimos servicios que prestan desde hace más de treinta años.
- El magisterio es el sector que más aporta para su salud y la de sus familiares y tiene la Unidad de Pago por Capitación (UPC) más costosa, sin embargo, recibe un servicio de mala calidad y está sujeto a un sistema de intermediación financiera y de integración vertical, mediante contratos deficitarios y atención en pésimas condiciones.
Frente a este oscuro panorama, el Presidente planteó a FECODE, que partiendo de respetar el FOMAG y el régimen exceptuado del magisterio, tal como esta consagrado, según lo acordado con esta Federación, en el proyecto de ley de reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República para resolver la grave crisis que atraviesa el Fondo y poner fin a la corrupción en el proceso de contratación del servicio de salud, la intermediación financiera, la integración vertical, la pésima calidad de los servicios y el saqueo judicial a los recursos para el pago de las prestaciones sociales de los maestros y las maestras, dado que se han detectado serios hallazgos de corrupción en el proceso de licitación en curso, es preciso suspender la licitación convocada por el Consejo Directivo del FOMAG del 2 de mayo de 2023 y proceder a la contratación directa del servicio con las IPS (clínica y hospitales públicos y privados).
De esta forma se le permitirá al magisterio, en cada región, escoger las mejores clínicas y hospitales para ser atendidos sus integrantes junto con sus familiares. Finalmente, propuso conformar una comisión técnica entre FECODE y Gobierno, para la revisión y ajuste de la Ley 91 de 1989, fortalecer el FOMAG y preservar los derechos y las garantías que dicha ley consagra.
Es bueno aclarar que la nueva licitación había sido convocada con base en el Acuerdo 05 de 2022, que, según la profesora María Eugenia Londoño, fiscal de FECODE, “contiene avances, como, un mejor plan de beneficios, en las exclusiones, medicamentos, en auditorias, interventorías, en los hogares de paso, en las sanciones a los operadores que incumplan los contratos, entre muchos otros”. Pero no ha resuelto los graves problemas de corrupción, tanto en la administración de los recursos a cargo de la Fiduciaria La Previsora, como en la adjudicación de los contratos y en el servicio de pésima calidad que han prestado los operadores de siempre. FECODE le debe una explicación al magisterio y a la opinión pública, sobre por qué, si ha hecho parte del Consejo Directivo y siempre ha sido decisivo en la contratación de los servicios de salud, ha guardado sospechoso silencio frente a hechos tan protuberantes de corrupción. Por qué se ha limitado a denunciar la mala calidad del servicio, a exigir correctivos, sanciones y mejoras del servicio, a los que los operadores se acogen, pero que al día siguiente de la adjudicación empiezan a violarlos.
Después de la reunión, el Comité Ejecutivo de FECODE, por mayoría de diez contra cinco, aprobó una carta dirigida al Presidente de la República en la que califica la Ley 91 de 1989 como una conquista y al FOMAG como “La joya de la corona”, defiende el sistema de contratación de operadores privados, exige que se continúe la licitación convocada por el Consejo Directivo el 2 de mayo de 2022, le manifiesta preocupación por el riego de “no continuidad de dicho trámite que puede dar al traste con el mismo y por ende lo establecido en la Ley 91 de 1989 a este respecto” y declara “en estado de alerta” al magisterio colombiano, en aras de proteger la vida de los docentes y sus familiares”, como si el Presidente con su propuesta la hubiera puesto en riesgo.
Además, le plantea al mandatario nueve (9) exigencias, entre ellas cumplir el compromiso de “conservar nuestro régimen especial, establecido en la Ley 91de 1989” y continuar “el cronograma de la invitación pública #02 finiquitado el 31 de octubre” e iniciar la contratación a partir del 1 de noviembre, así como “fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la confianza legítima”,etc.
FECODE realizó una reunión nacional de juntas directivas de las filiales y un plenario de junta directiva nacional , después de la cual publicó un comunicado en el que ratifica lo dicho en la misiva dirigida al primer mandatario y llama “al magisterio y al pueblo colombiano a estar atentos a los pronunciamientos y convocatorias institucionales de la Federación”, al tiempo que corrobora el respaldo a “las propuestas y proyectos gubernamentales” en materia de las reformas sociales “y las reivindicaciones y derechos del magisterio” e invita a votar por candidaturas alternativas, que “enarbolan las banderas del cambio, la seguridad, la paz y el desarrollo con equidad”.
El comunicado mantiene el estado de alerta, respalda las reformas, incluida la de la salud, pero insiste en la exigencia de que el sistema de salud del magisterio y sus familias, que forma parte de “la joya de la corona”, continúe en manos de operadores privados. Al tiempo que aprueba un plan de acción preparatorio de un paro nacional con el pretexto de defender tales conquistas representadas en el FOMAG. ¿Quién le entiende a FECODE?
El sector minoritario, que apoya a los cinco miembros del Comité Ejecutivo que respaldaron las propuestas del gobierno, declaró: “No podemos avalar la corrupción en un proceso de contratación de 13.5 billones de pesos”. Solicitó al gobierno publicar “la investigación frente a asuntos y hallazgos de corrupción”; señaló enfáticamente que “Fecode no le puede dar un golpe blando al gobierno del cambio” y planteó que no aprueba el plan de acción impuesto por la Junta Nacional”. Tampoco estuvo de acuerdo en que se esté convocando “un paro en contra del gobierno del cambio”.
El 19 de octubre, el Consejo Directivo del FOMAG “aprobó la cancelación del proceso de invitación pública 002 de 2023 para contratar la prestación de los servicios de salud de los maestros y maestras del sector oficial” para “dar inicio a un plan de transición que permita mejorar la prestación de salud de los docentes oficiales del país” y decidió prorrogar por seis meses los contratos de los prestadores del servicio de salud actuales y avanzar hacia un nuevo modelo de atención en salud para el FOMAG concertado con FECODE” (Gloria Inés Ramírez Ministra de Trabajo).
La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, señaló que “el régimen exceptuado para los maestros y maestras continúa y que la prestación del servicio no tendrá ninguna interrupción”. Los altos funcionarios del gobierno señalaron que “según informe de la superintendencia de salud se recibieron, en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2023, 31.263 reclamos de maestras y maestros relacionados con la calidad en la prestación del servicio de salud al magisterio”.
Claramente, en FECODE estalló una profunda crisis de dirección y de cuestionamientos éticos alrededor de la corrupción en el manejo de los cuantiosos recursos del FOMAG, que venía larvada desde hace décadas.
Ante la actitud negligente de FECODE que hasta se negó a asistir a una reunión convocada por el gobierno para acordar los términos del comité técnico propuesto por el Presidente, éste hizo pública su decisión en una terminante declaración en la que dijo: “En los últimos gobiernos, con los recursos del FOMAG se está financiando una red de corrupción y se está diluyendo el recurso de los maestros financiando esta red de corrupción, que termina quitándole los mejores servicios de salud a los maestros y a las maestras. Lo que si queremos garantizarles es el mejor servicio posible, con las mejores clínicas y hospitales en cada región, son 10 regiones, para los maestros y las maestras de Colombia, entonces, detalles de la red de corrupción, indudablemente se tramitarán con la justicia o con las instancias competentes, pero nosotros no vamos a permitir que se roben el dinero de los maestros”.
La crisis administrativa y política del FOMAG es de vieja data y de grandes proporciones. La extinguida revista Alternativa, que dirigían el maestro Orlando Fals Borda y el profesor Adalberto Carvajal Salcedo, expresidente de FECODE, desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, hizo sustentadas denuncias en su momento sobre hechos de corrupción, que comprometían a dirigentes de la Federación en la adjudicación de dichos contratos, pero el Fiscal General y el gobierno del presidente Ernesto Samper de la época, hicieron caso omiso y miraron para otro lado.
El magisterio de todo el país ha expresado rechazo rotundo al pésimo servicio de salud prestado por los mismos operadores de siempre en los más de 30 años de existencia de este malísimo sistema. La realización de un paro nacional en nada contribuye a la solución de la crisis y el castigo a los corruptos, sean del bando que sean; por el contrario, profundiza la crisis de la Federación y pone en riesgo las soluciones propuestas por el Presidente que, la verdad sea dicha, armonizan con el proyecto inicial de reforma a la salud propuesto por el gobierno y su primera ministra de salud, la doctora Carolina Corcho.
El paro que FECODE debe convocar tendría que ser para llamar al magisterio a desenmascarar la mafia de funcionarios del FOMAG y abogados que saquean los recursos del Fondo mediante artimañas administrativas y judiciales y poner fin al corrupto sistema privado y de integración vertical de operadores particulares, que se lucran por más de un billón de pesos cada año, recursos que podrán servir para mejorar el servicio de salud del magisterio y fortalecer la red hospitalaria pública.
Los y las docentes, que somos mas de 200.000, debemos exigir al gobierno participación de nuestros representantes en el Comité técnico propuesto y convocado por el gobierno, puesto que aportamos mas de un billón de pesos anuales al servicio de salud y tenemos derecho a saber cómo manejan y se invierten nuestros aportes.
*Exvicepresidente de FECODE; miembro de la Red Socialista de Colombia.
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