POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
La Fiscalía General de la Nación, desde su creación, ha actuado con doble racero, a la gente del común se le investiga de manera exprés y se le acusa ante los juzgados y tribunales competentes. Pero, cuando se trata de la ‘gente de bien’, los altos funcionarios que gozan de fuero constitucional y los dueños del poder económico y político, generalmente investigan, tapan, absuelven y precluyen. Así cumple la misión que le fue asignada por el poder, proteger sus intereses e impedir que si cometen delitos sean juzgados, y menos, condenados. No en vano el Fiscal General es ternado por el Presidente de la República y elegido por la Corte Suprema de Justicia. Hasta hoy, no ha sido nombrado un o una Fiscal que no sea guardián de los privilegios del ‘Estado profundo’. Por algo reza el adagio popular, en Colombia “la justicia es para los de ruana”.
Los dos últimos fiscales, Néstor Humberto Martínez Neira (2016–2019), ternado por el presidente Juan Manuel Santos, con el beneplácito del expresidente Álvaro Uribe y del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, del cual fue el principal asesor jurídico antes de asumir el cargo y Francisco Barbosa, ternado por el subpresidente Duque, con el aval del uribato, amigo y condiscípulo de su nominador, cumplieron a pie juntillas su misión, cubrieron las espaldas, taparon los delitos, protegieron los intereses de sus mentores, las mafias gobernantes y los gremios económicos.
Néstor Humberto Martínez Neira, cumplió dos encargos del ‘matarife’: el primero, torpedear el proceso de paz con las FARC–EP; para ello, intentó demostrar, sin pruebas fehacientes, que los jefes de las FARC no habían entregado los bienes y las fortunas acumuladas a lo largo de sus prácticas guerrilleras y que los comandantes y firmantes de la paz continuaban ligados al narcotráfico. La maniobra fracasó; entonces, el “Fiscal cianuro”, en asocio con la DEA, entrampó a Jesús Santrich e Iván Márquez, hechos que motivaron la denuncia penal, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin mencionar al exfiscal, contra la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía General, en ese entonces, Ana Fabiola Castro de Rivera. El canciller Leyva Durán, lamentó públicamente que la JEP, teniendo la convicción y las pruebas, no haya vinculado directamente al exfiscal.
Néstor Humberto no logró hacer trizas el proceso de paz, pero le hizo grave daño porque forzó la salida de los dos excomandantes que se habían acogido al mismo, quienes alegaron persecución y falta de garantías, se declararon en disidencia y conformaron el grupo ‘Nueva Marquetalia’ bajo el mando de Iván Márquez. Este grupo nuevamente acudió al llamado de paz del actual gobierno y se dispuso a conversar con sus voceros.
El segundo mandado, fue encubrir a los precandidatos presidenciales de Uribe en 2014, Andrés Felipe Arias, quien presuntamente, desde antes del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) que lo llevó a la cárcel, figuraba en la nómina de Odebrecht y Oscar Iván Zuluaga, quien recibió millonarias sumas de dinero, aportadas ilegalmente por la multinacional para financiar su campaña presidencial (2014), en contienda con Juan Manuel Santos, que también fue beneficiado con millonarios aportes de la cuestionada compañía brasilera. Aportes que formaban parte de los sobornos pagados por el consorcio de Odebrecht–Corficolombiana, para quedarse con los mega contratos de la Ruta del Sol y la variante Ocaña– Gamarra, con la complicidad de Martínez Neira.
El entramado de corrupción armado por el exfiscal, para absolver a los ‘cacaos’ implicados en este escándalo, fue puesto al descubierto por el controller de Corficolombiana, Jorge Enrique Pizano, quien confió en su amigo el entonces Fiscal y lo puso en antecedentes; confianza que le costó la vida porque, probablemente lo suicidaron mediante ingestión de cianuro de una botella encontrada en su escritorio, que también consumió su hijo y murió por la misma causa. Hay indicios de que Pizano fue envenenado, peritos forenses encontraron que las huellas de la botella que contenía cianuro fueron borradas, que al celular de Pizano, entregado por la familia a la Fiscalía, le borraron conversaciones de WhatsApp sostenidas por Jorge Enrique con la periodista María Jimena Duzán y otros (Daniel Coronel). Por obvias razones, las sospechas recaen sobre el exfiscal Néstor Humberto Martínez, de ahí que por este hallazgo el abogado de la familia Pizano, Miguel Ángel del Rio, se opuso a la preclusión del caso pretendida por la Fiscalía de Barbosa.
El abogado Del Rio, ya denunció ante la Comisión de Acusaciones a Néstor Humberto “por destrucción y manipulación de evidencia probatoria, por haberse llevado el IPad de Pizano padre y manipulado la información” (Gonzalo Guillén).
La multa de USD$80 millones pagada por los Sarmiento Angulo al fisco norteamericano, previo reconocimiento de que incurrieron en el delito de soborno al gobierno de Juan Manuel Santos, para quedarse, junto con Odebrecht, con el contrato de la Ruta del Sol y la variante Ocaña–Gamarra, a cambio de suspender el proceso judicial que avanzaba en los EE.UU., permitió que el Gobierno nacional y defensores de lo público, exigieran a la Fiscalía la reapertura del caso en Colombia, dada la prueba incontrastable del reconocimiento del delito, el fiscal Barbosa y su fiscal de bolsillo Gabriel Jaimes, negaron la petición de reabrir el caso, produjeron imputaciones contra funcionarios de segundo nivel y declararon, con el mayor cinismo, que no encontraron evidencias para investigar e imputar, tanto al clan Sarmiento Angulo como a Martínez Neira, negativa que desnuda la complicidad de la Fiscalía para garantizarles impunidad a los banqueros y al cuestionado exfiscal.
Otro gran escándalo en tiempos del fiscal Néstor Humberto fue protagonizado por el fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, nombrado por aquel que, en asocio con por lo menos tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), armaron una empresa criminal de extorsión a exparlamentarios y exgobernadores, para obstruir procesos en su contra por graves casos de enriquecimiento ilícito mediante el saqueo de los dineros públicos. El exfiscal anticorrupción pagó condena en prisión por este delito, pero Néstor Humberto Martínez sigue incólume.
En el reinado del fiscal uribista Francisco Barbosa, el ente acusador ha sido convertido en un antro de corrupción, concierto para delinquir, nepotismo y otras prácticas delincuenciales. En opinión de Gonzalo Guillén, incisivo investigador y director de La Nueva Prensa, “con el paso del tiempo la Fiscalía ha sido devorada por la política, la corrupción y el hampa” y convertida en una banda “criminal”.
En sus investigaciones publicadas y exhaustivamente documentadas, destapa los innumerables casos de corrupción cometidos por altos funcionarios de la Fiscalía, al amparo de Francisco Barbosa y su vicefiscal Martha Mancera. La extensa información que aquí se referencia de manera sucinta, puede ser consultada en www.lanuevaprensa.com.co
El fiscal Francisco Barbosa, y la vicefiscal Martha Mancera, “ordenaron desfigurar y hundir lo antes posible el proceso judicial conocido como ‘Ñeñepolítica’” en el que se puso al descubierto que el expresidente Iván Duque ganó las elecciones con dineros recaudados y aportados por el extinto lavador de activos, narcotraficante y asesino, José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe’ (Gonzalo Guillén). Caso cerrado días antes de terminar el mandato de Duque, impunidad garantizada.
El fiscal Daniel Hernández Martínez (séptimo delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá) permitió que el Clan del Golfo cometiera 200 homicidios, ordenados por 14 empresarios del crimen en la Costa norte; a pesar de haber sido advertido por la Policía Judicial, no hizo nada para impedir tales crímenes, pese a conocer la lista y tener identificados los 14 principales asesinos se ha negado sistemáticamente a capturarlos.
El director nacional del CTI, Alberto Acevedo Quintero, que también conoció el expediente y los pormenores de dichos asesinatos, tampoco hizo nada para impedirlos, ni para perseguir a los asesinos plenamente identificados y ubicados. Daniel Hernández está imputado por la misma Fiscalía por hechos de corrupción, pero permanece en el cargo protegido por Barbosa, la vicefiscal Mancera y el exfiscal Néstor Humberto Martínez (Gonzalo Guillén).
El conocido de marras, fiscal Gabriel Jaimes, en la audiencia de preclusión del proceso por soborno y compra de falsos testigos del expresidente Uribe, por orden del fiscal Barbosa, con cinismo y sin rubor, en lugar de cumplir con su deber de acusar al expresidente, actuó como su defensor de oficio, para solicitar, mediante pueril argumentación, la preclusión del proceso, pese a que la Corte Suprema de Justicia le había decretado detención domiciliaria, sustentada en pruebas suficientes para imputarle cargos por soborno y compra de testigos.
La preclusión fue negada, pero el fiscal Barbosa insistió por segunda vez y ordenó al fiscal Javier Hernando Cárdenas solicitarla nuevamente, y volvió a fracasar. Seguramente volverá a insistir, porque es evidente que su misión es garantizarle impunidad al patrón.
La Fiscalía de Barbosa es centro de graves denuncias de corrupción, nepotismo, cuestionados nombramientos, ascensos, archivo de denuncias penales, manipulación de información y pago de favores a los funcionarios de su entera confianza. La vicefiscal Martha Mancera, archivó el proceso penal que cursaba en la Fiscalía en contra de Walfa Téllez, esposa de Barbosa, acusada de participar en contrataciones irregulares cuando se desmepeñó como delegada de la Contraloría General; además, nombró a su compañera sentimental María Helena Monsalve como directora especializada contra el narcotráfico, a su hermano Alexander Suárez Mancera lo ascendió de técnico de computadores a fiscal delegado ante jueces municipales y un proceso por corrupción en el que estaba a punto de ser imputado de cargos criminales fue archivado; también vinculó a varias de sus novias a la Fiscalía. Luisa Fernanda Obando Guerrero, mano derecha de la Vicefiscal, ostenta dos cargos: directora nacional II delegada para la Seguridad Territorial y fiscal delegada ante el tribunal de distrito. Asimismo vinculó a su hermana, Lina Obando, como fiscal investigadora adjunta e inmediatamente la ascendió a un cargo más alto, y a su papá, Orlando Abonando Acosta, lo vinculó como asistente de Fiscal IV.
Alfonso Castellanos, agente de seguridad II, fue premiado por sacar a pasear los perros de Barbosa, con la vinculación de cinco familiares, incluido su hijo y una amiga, a distintos cargos bien remunerados de la Fiscalía. León González, fiscal delegado ante distrito, quien allanó la casa de la familia de los asesinados Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, recibió en pago los nombramientos de dos sobrinas suyas, Nadia Katherine González, hija de su hermano el paramilitar Jorge Alberto González y Silvia Juliana González como fiscal delegada ante los jueces penales municipales. Rosaura Sierra, fiscal delegada ante los jueces penales de Bogotá, tiene en la Fiscalía a su hermana, Ruth Cristina Sierra, como asistente de Fiscal II y a su sobrino Jefferson David Jiménez como asistente de Fiscal IV. Hasta aquí solo una muestra porque el listado de nepotismo denunciado por Gonzalo Guillén es numeroso.
El periodista Daniel Coronel, en su espacio radial Reporte Coronel hizo un informe sobre el nuevo escándalo en la Fiscalía de Barbosa. Las denuncias comprometen a la vicefiscal Martha Mancera con encubrimiento de operaciones de narcotráfico, descubiertas por los agentes encubiertos, Bolaños y González, quienes habrían denunciado al jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, alias ‘Pacho’, presuntamente implicado en operaciones de narcotráfico y trafico de armas. Los agentes habían puesto en antecedentes a la Vicefiscal desde marzo de 2021. Víctor Manuel Mosquera, jefe de Investigaciones de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial, en relación sentimental con Luisa Obando, cuya voz aparece en unos audios en los que pide a los agentes encubiertos modificar su testimonio en el que comprometen a ‘Pacho’ en los negocios de narcotráfico. Al día de hoy, ‘Pacho’ continúa como director del CTI de Buenaventura sin que haya investigaciones en su contra. Mientras que “los agentes Bolaños y González están acusados de falsedad, fraude procesal y concierto para delinquir relacionado con narcotráfico” (Daniel Coronel).
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre este escándalo y pregunta en un trino al respecto ¿Cómo es posible que hayan utilizado la Fiscalía para exportar cocaína en Buenaventura y hayan protegido al presunto delincuente?
En opinión de Gonzalo Guillén, “en la Fiscalía, tomada por la corrupción, se violan todos los principios que deben orientarla en su funcionamiento: honestidad, transparencia, equidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, moralidad, etc., brillan por su ausencia”. Comentarios que circulan en las redes sociales cifran su esperanza de que la Corte Suprema de Justicia, por fin nombre una de las tres profesionales mujeres independientes, sin nexos políticos, ni subordinadas a su posición política, ternadas por el presidente Petro para que reencausen la Fiscalía en el cumplimiento de sus objetivos, misiones y principios.
Esa esperanza es plausible, pero no hay que olvidar que la corrupción ha larvado de pies a cabeza el cuerpo institucional de la Fiscalía. Lo cual exige poner en entredicho el sistema acusatorio que ha imperado durante los treinta años de ejercicio corrupto de fiscales y subalternos que a su paso van dejando. No hay que olvidar que el exfiscal Luis Camilo Osorio fue denunciado por sus vínculos con paramilitares y narcotraficante y que el exfiscal Mario Iguarán fue nombrado, según lo denunció Mancuso, por intermedio de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, como cuota de las bandas paramilitares. Si se mantiene ese caldo de cultivo de la corrupción, es necesario adoptar un método democrático, no verticalizado y subordinado como el actual, para elegir al Fiscal General.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
