POR ANDRÉS GAUDIN /
Es indisimulable la influencia del polémico y cuestionado expresidente Horacio Cartes. La presencia del retardatario y misógino exministro de Educación, Enrique Riera, gestor de leyes laborales regresivas. La amenaza contra los sectores indígenas y las garantías de género.
Cinco semanas antes de que Santiago Peña asuma como su nuevo presidente, los paraguayos tienen una única certeza: a partir del próximo 15 de agosto les aguardan cinco años de un gobierno de ultraderecha que ejecutará una profunda política neoliberal –el que votaron abrumadoramente–, fuertemente represivo de la protesta social.
De los pocos laderos ya designados, quedó claro que tendrá un gabinete dependiente de los intereses del cuestionado expresidente Horacio Cartes (2013-2018). Los Ministerios básicos serán ocupados por figuras que vuelan alto entre los halcones del ultraconservador Partido Colorado. Peña apostó fuerte, tratando de satisfacer a los grupos dominantes, seguro de que los roces con Estados Unidos por la figura de Cartes –su mentor y mandante– están a las puertas de su gobierno y que para abordarlos necesitará aliados de todo pelo.
El primero entre los elegidos para secundarlo es el hoy senador Enrique Riera, exministro de Educación de Cartes que prometiera «quemar en la plaza pública todo libro que exalte la ideología de género». Será el Ministro del Interior. Es autor de una de las leyes laborales más regresivas, que criminaliza la lucha agraria en un país rural con la más desigual distribución de la tierra en toda América Latina y, a la vez, una activa sindicalización rural. La ley 6830, llamada Ley Riera, fue promulgada por Cartes en 2021 y define como crimen la ocupación reivindicativa de las tierras históricas de las comunidades aborígenes y campesinas. De tal forma, la acción trasciende la figura del delito y se hace punible con diez años de cárcel y la supresión de medidas alternativas.
Su pasado lo condena
En su corta existencia, la Ley Riera llegó acompañada de las más violentas acciones de las escuadras militares y policiales, aunque ante cada uno de los desalojos o actos de amedrentamiento –siempre acompañados por las policías privadas (grupos paramilitares) de las empresas agrarias y de los grandes terratenientes– el senador reclamó acciones más enérgicas. A partir del 15 de agosto, esos efectivos «indecisos a la hora de actuar», como los ha calificado, estarán a su mando.
Según las investigaciones del Observatorio Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos, durante el gobierno actual de Mario Abdo Benítez se perpetraron 60 desalojos violentos de comunidades campesinas.
En el caso de las comunidades indígenas, entre 2021 y junio de 2023 sufrieron al menos 36 casos de desalojos forzosos y/o amedrentamientos.
Riera llena todos los requisitos demandados por los grandes dueños de la tierra y los patrones en general, y no sólo porque vaya a ser un ministro del Interior proclamadamente duro. Se lo sindica como uno de los políticos paraguayos con las más lubricadas relaciones con la ultraderecha del Partido Republicano (PR) de Estados Unidos, es decir, con los sectores fieles al expresidente Donald Trump. Como integrante de la Unión de Partidos Latinoamericanos, es asiduo visitante de las cavernas suplicantes del autoexilio americano de Miami, donde viaja regularmente como invitado especial del Interamerican Institute for Democracy, una colateral del PR. Será un buen lobista de Peña cuando la DEA hostigue a Cartes por sus relaciones con el narcomundo, el contrabando y el lavado de dinero.
Los organismos defensores de los Derechos Humanos citan como casos emblemáticos de la criminalización campesina y aborigen la persecución lanzada contra el Asentamiento Mbocayaty –hostigado y reprimido en seis días diferentes del último mes de febrero– y el desalojo de la Comunidad Mbya Guaraní 15 de Enero, violentamente agredida y expulsada a la ruta en octubre del año pasado y nuevamente reprimida en el último enero. «Nadie contempló que entre las 20 familias guaraníes había 41 niños de corta edad y seis bebés, algunos de los cuales murieron», denunció la coordinadora de Derechos Humanos.
La sombra de Stroessner
Gota a gota, Peña va delineando su gabinete, que según prometió será todo colorado, «bien colorado», de la más rancia ultraderecha que salvo en un mandato abortado por el golpe de Estado de 2012, que acabó con el gobierno progresista de Fernando Lugo, fue siempre del mismo tinte y con la misma impronta que le imprimió el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989). Quien acompañará a Riera en la represión, desde el Ministerio de Defensa, será un viejo conocido de los paraguayos, el general Óscar González, excomandante en jefe del Ejército y exjefe de la Guardia Presidencial durante el gobierno de Horacio Cartes.
Y un viejo conocido de los argentinos, Rubén Ramírez Lezcano, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1987, y actualmente director de la oficina de la Corporación Andina de Fomento en la capital argentina, será el futuro ministro de Relaciones Exteriores.
Pero los hechos que definirán la gestión de Peña vendrán con el tándem Riera-González, buenos conocedores del conflicto agrario que nació tras el genocidio argentino-brasileño-uruguayo de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y se consolidó con la rapiña de la dictadura.
Riera y González se familiarizaron con esa realidad a través de la aplicación brutal de la Ley 6830. Les tocará actuar en una realidad que Santiago Peña no piensa tocar. Paraguay es el país que registra la tenencia de tierras más desigual del hemisferio. Las estadísticas en uso están superadas, pero sobre unos datos base de 2017 se estima que en la última década más de un millón de personas emigró a las ciudades o al exterior, expulsado del campo; que el 90 % de la tierra está en poder del 5 % de los propietarios y que 9 millones de hectáreas son mal habidas, entregadas a dedo a los amigos del poder.
Si bien teóricamente existe protección jurídica sobre los territorios y los derechos indígenas y campesinos, la normativa es violada por los empresarios agroindustriales y por el propio Estado.
Con la explotación de la tierra que no les pertenece, han llevado a que el país sea el cuarto mayor exportador mundial de soja y el sexto de carne bovina. Durante la campaña electoral que lo llevó a arrasar en abril pasado, y en los meses siguientes, Santiago Peña no ha dado señales de cuáles serán los parámetros sobre los que actuará, salvo estos nombramientos que hablan de represión y opción por el país delincuencial de Cartes.
En este sentido fue sincero desde el momento de su elección: le dedicó a Horacio Cartes su victoria y dijo, para no dejar ninguna duda, que el expresidente «no sólo será su hombre de consulta sino su consejero y sostén político».
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