POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Desde que se inició la huelga de general, el pasado 28 de abril, millones de personas han participado en 9759 movilizaciones, realizadas en 794 municipios de Colombia, incluidas Bogotá, la capital colombiana, y la totalidad de las ciudades capitales de los 32 departamentos del país. Pese al silencio y la tergiversación de los medios de comunicación monopólicos, gracias a la información que circula por miles de redes sociales y la prensa alternativa, los 48 millones de habitantes, como nunca antes, conocen, apoyan y comparten las justas razones que llevaron a las mayorías nacionales a ejercer el legítimo derecho de rebelión, mediante masivas y pacíficas manifestaciones en las calles y las plazas públicas, para repudiar las políticas regresivas del gobierno de Uribe-Duque y exigir soluciones que permitan alcanzar la democracia, tener un trabajo productivo, poder llevar el pan a sus hogares, conseguir la paz y vivir una vida digna.
El grito de rebeldía del pueblo contra el estado de injusticia permanente en que vive trascendió las fronteras nacionales y llegó a los oídos, no solo de los y las connacionales que viven en el exterior, sino de los pueblos del mundo que expresan cotidianamente su solidaridad con nuestra justa causa y el repudio al gobierno por hacer oídos sordos a sus justicieros reclamos y recurrir a la violencia estatal para reprimir las multitudes movilizadas y declaradas en legítima rebeldía.
El tratamiento violento a las masivas manifestaciones callejeras, ordenado por el subpresidente en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, no lo hace cómplice sino responsable directo de las intensivas violaciones a los derechos humanos, en acciones conjuntas de los mortíferos escuadrones del ESMAD, los demás cuerpos policiales y grupos de civiles armados que han dejado un saldo trágico de más de cien personas masacradas, miles heridas, decenas de mutiladas de uno o de sus dos ojos, miles detenidas y torturadas y miles desaparecidas
El 28 de mayo, día de la celebración de un mes de la huelga, el Uribato y su patrón mediante comunicado público ordenaron al subpresidente, “el despliegue total de la fuerza militar y de policía, con militarización del territorio nacional en las zonas donde hay grave amenaza contra la seguridad de los ciudadanos”, “rechaza cualquier negociación con el comité de paro mientras se mantengan los bloqueos y la violencia”, porque, según ellos, “esto sería continuar la destrucción de la democracia y legitimar la delincuencia”.
La orden fue cumplida al pie de la letra por Duque, a quien no le importó deshacer el preacuerdo, producto de nueve largas jornadas de diálogo, firmado por los voceros del Comando Nacional de Paro (CNP) con la comisión del gobierno integrada por altos funcionarios del gobierno, como “el comisionado de paz, los ministros de trabajo, vivienda y del interior, Consejería de Derechos Humanos, la Subdirección de Planeación, funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y una gran cantidad de asesores de varios Ministerios… en el que “cada palabra, cada renglón y cada párrafo acordado fue intensamente discutido y consultado (se supone que al presidente Uribe-Duque) por ellos” (declaración Comando Nacional de Paro) mediante el cual se allanaba el camino de la negociación para resolver las exigencias planteadas por la ciudadanía representada en las 35 organizaciones que integran el comando de paro, de las resistencias populares, juveniles y sus organismos de coordinación, de las comunidades indígenas, de los camioneros y de múltiples sectores sociales no representados en dicho comando.
El 28 de mayo, las masivas manifestaciones realizadas en todo el país, esperaban que el gobierno cumpliera el preacuerdo que contemplaba desmilitarizar y no usar la llamada “asistencia militar” para sofocar la protesta social, garantizar la autonomía de las autoridades locales para manejar las protestas en sus respectivas jurisdicciones, la prohibición a la policía del uso de armas de fuego para disolver la protesta, que el ESMAD intervendría solo excepcionalmente y, produjera declaración de condena a la masiva violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, para que estas se llevaran a cabo de manera pacífica, sin ningún tipo de agresiones por parte de la fuerza armada estatal. Pero no fue así, porque el gobierno, desató la mas violenta represión contra los millones de manifestantes en todo el país, mediante operaciones de ataques conjuntos de las fuerzas policiales y de grupos de civiles armados, que dispararon indiscriminadamente contra la gente de las pacíficas protestas y, nuevamente en la ciudad de Cali, produjeron la masacre de 23 personas, dejaron decenas de heridos y otro tanto de desaparecidos, aún no se conocen datos de otras regiones.
El subpresidente Duque rompió los acuerdos en los hechos y cerró cualquier posibilidad de negociación, lo cual permite concluir de manera inequívoca que “la pretendida voluntad para negociar que expresaba el anterior comisionado de paz ya no existe en el gobierno nacional y que se ha impuesto una política de guerra contra el Paro Nacional”, según lo declara el Comando Nacional de Paro. Para reforzar su mensaje intransigente de no negociar, por orden del presidente Uribe en cuerpo ajeno, “el Ministro del Interior desautorizó a dos viceministros que habían firmado un acuerdo para aliviar el corte de vías en Buenaventura” (declaración del CNP) y crear un corredor humanitario para el transporte de mercancías hacia el interior del país.
El mismo día viernes 28 de mayo en horas de la noche, el señor Duque se trasladó a la ciudad de Cali y en reunión con los pobladores del barrio Ciudad Jardín, desde el cual ciudadanos civiles “de bien” dispararon contra los indígenas del CRIC que marchaban en solidaridad con el pueblo caleño y causaron graves heridas a varios de sus miembros, recrudeció el discurso del odio y la estigmatización contra los supuestos promotores del paro y reafirmó que seguiría dando un tratamiento de guerra contra las manifestaciones de la legítima rebeldía de la juventud y el pueblo movilizado, al expedir desde ese refugio el Decreto 575, mediante el cual militariza 8 departamentos y 13 alcaldías, entre ellos Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Norte de Santander, Cali, Popayán, Pasto, Pereira y Tuluá.
Mediante dicho decreto, como afirma el comunicado del Comando de Paro, se declara la conmoción interior parcial, de contrabando y de facto, para eludir el control constitucional, les otorga autonomía a las fuerzas armadas para decidir y ejecutar acciones contra las manifestaciones de protesta y subordina las autoridades civiles a la comandancia de las mismas. Se trata, ni más ni menos, de un golpe de estado contra los mandatarios municipales y departamentales y una medida liberticida contra los derechos y las libertades de la población de las regiones afectadas. Es la entronización del terrorismo de Estado, del estado policial, sustento del régimen bonapartista de extrema derecha que encarna el gobierno de Uribe Duque, para desatar una escalada de la violencia militar y paramilitar que no solo viola el derecho internacional humanitario, sino que pone en alto riesgo la vida de millones de colombianos y colombianas, principalmente jóvenes, que decidieron ejercer su sagrado derecho de rebelión y bloquea cualquier posibilidad de una salida democrática y negociada del conflicto.
Con este decreto, el gobierno ha hecho caso omiso del llamado al diálogo para resolver el conflicto hecho por el delegado especial del Secretario General de la ONU y de la declaración de 17 embajadores de paises de la Unión Europea en la que respaldan “el diálogo y la negociación como la única vía para una salida sostenible de la crisis”, para dar rienda suelta a las acciones violentas de las fuerzas armadas y sus aliados neo – paramilitares urbanos, contra las manifestaciones de protesta del pueblo que participa en la huelga general. El Comando de Paro ha declarado que insistirá en la búsqueda del diálogo y la negociación para encontrar una salida democrática y no violenta al conflicto. Pero, han sido enfáticos en señalar que “El Paro Nacional continúa” con las acciones de movilización organizadas y pacíficas; al tiempo que anunciaron el impulso de “un gran diálogo nacional con la juventud y la sociedad sobre las agendas que la ciudadanía está exigiendo en las calles y convocan “una cumbre social y política en defensa de la democracia”.
El llamado que hacemos es a reflexionar precisamente sobre las exigencias y el sentimiento generalizado que se percibe en las consignas, los cantos, las arengas, los gritos, las comparsas, los carteles, las pancartas, las asambleas, los retumbantes combos batuqueros, las coplas, en fin, en todo el colorido carnaval del arte y la música expresado en la huelga, que denota la digna rabia de las multitudes en las calles y, de manera radicalizada, en la primera línea de la coordinación de las resistencias, es el convencimiento generalizado de lo que el comando de paro no se atreve a reconocer, que el uribato y el presidente, su vice presidenta y todo el gobierno forman parte del problema y no de la solución.
De allí, que su multitudinario grito de batalla es la exigencia de que renuncien todos. ¡Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, este no es un gobierno son los paracos en el poder! ¡Uribe paraco, el pueblo está berraco! ¡No más Uribe! ¡Duque Chao, chao, chao! ¡Que el ministro Molano se vaya con el marrano”, son las consignas más agitadas que de manera clara exigen que este gobierno termine de una vez por todas! Esta, indudablemente, sería una solución democrática, pacífica, republicana y constitucional, un ejercicio de soberanía popular. A partir de allí, el pueblo podrá decidir si emprende o no un proceso constituyente.
Nota: El Paro ha dado su primer fruto con el acuerdo firmado por el Ministerio de Transporte con los voceros del sector de los camioneros que hacían parte del CNP, que de inmediato procedieron a levantar el paro y, en consecuencia, los bloqueos viales.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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