COLECTIVOS UNIDOS /
Los colombianos estamos estupefactos y cada vez más indignados ante los informes que valerosos periodistas de varios medios, están sacando a la luz pública sobre lo ocurrido el anterior 28 de marzo en la vereda El remanso, del municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador.
Esa mañana, cuando los habitantes de ese lugar estaban apenas saliendo del letargo que le dejó el licor que la noche anterior habían consumido por un bazar que habían organizado para recaudar fondos para la comunidad, un comando del ejército con un posterior y justificante ataque a un inexistente campamento de las disidencias de la guerrilla, asaltó ese lugar.
Según relatan a los periodistas los habitantes que sobrevivieron y no han huido por el temor a las represalias, que de forma sorpresiva el ejército entró disparando a ese caserío, algunos de estos asaltantes con uniformes de color negro y otros con los distintivos del ejército o de la armada nacional, dando como resultado la muerte de once civiles de esa comunidad, dentro de los cuales cayó un niño de apenas 15 años de nombre Brayan Santiago Pama, el gobernador indígena del resguardo de esa vereda, el presidente de la Junta de acción comunal y su esposa que estaba embarazada, dejando heridas a otras cuatro personas y presuntamente solo incautando seis armas.
La rabia ha ido creciendo en el país, los periodistas han mostrado una serie de fotografías del lugar de la matanza con unos cuerpos inermes que inicialmente estaban en un lugar y desarmados y luego en otros sitios del lugar de los hechos esos mismos cadáveres, pero ya a su lado con fusiles y vestidos con prendas de la guerrilla. Afirman los expertos legistas que han sido entrevistados los cadáveres fueron arrastrados y preparados de esta forma probablemente para escenificar que allí había habido un combate.
El asombro acompaña a muchos compatriotas que creen que los mal llamadas “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales eran cosa del pasado o que es un invento de la oposición y ahora han podido constatar que esa política existe y sigue siendo una política de estado al escuchar al comandante del ejército,, al ministro de defensa y al mismo presidente de la Republica Iván Duque decir que ese asalto del ejército había sido porque en ese lugar se encontraba un campamento de las disidencias de las extintas Farc o de la guerrilla del ELN.
¿Qué pruebas tiene el Gobierno y su Ejército de que todos los que estaban en ese bazar o al menos todos los que fueron asesinados integraban algún grupo armado?
El Ejército, ha dicho que quienes estaban en ese bazar integraban un tal “comando de la frontera”, afirmación que rebasa los criterios que ofrece una legítima prueba, pero lo cierto es que hay once muertos y cuatro herido. ¿Quince personas dispararon contra la tropa, pero solo tenían seis armas?
Este hecho de sangre perpetrado por la institución castrense del Estado colombiano no está aislado de otros hechos de escalonamiento de la violencia política en el país, como la continuación, cada vez a mayor escala, del asesinato de líderes sociales y de excombatientes desarmados, el cada vez mayor número de masacres en diferente departamentos del país, el atentado reciente en el municipio de Soacha, aledaño a la capital de la Republica, donde también murieron dos niños, los seguimientos de vehículos o personas a determinados periodistas de opinión y las continuas amenazas con panfletos y llamadas de unas presuntas “Águilas negras” a los candidatos de la fórmula presidencial del Pacto Histórico, que indican que el Estado está siendo incapaz de ejercer un verdadero control para la seguridad y la vida de todos los colombianos y por el contrario está, con hechos como este del Putumayo está contribuyendo a un escalonamiento mayor de la guerra, los altos funcionarios de la defensa de la vida de los colombianos ya no son de la defensa sino de la guerra.
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