POR HORACIO DUQUE /
Gracias a las investigaciones periodísticas y a la persistente acción de miles de veedurías sociales y auditorias de control sobre la gestión de las entidades publicas y los gastos presupuestales e inversiones de estas, recientemente se desató un gigantesco escándalo de corrupción en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz que es una institución encargada de manejar los dineros de las regalías petroleras apropiados para implementar los Acuerdos suscritos en 2016 entre el Gobierno y las FARC que deben ser invertidos en los 170 municipios aglutinados en los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En la ubicación de las redes de corrupción y despojo a los dineros y presupuestos de la paz poco o nada aportaron las entidades encargadas de hacer la vigilancia correspondiente como la Contraloría General de la Republica, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía; menos fue el aporte del denominado SIIPO, que es el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto creado mediante el Decreto Ley 1829 del 2017 para que ejerciera la vigilancia de los dineros asignados para la implementación de los Acuerdos de Paz.
El evento mas impactante hasta el momento ha sido el del OCAD Paz encadenado a otra casacada de desfalcos y atracos (Centros Poblados, ICBF, Computadores para Educar, Departamento para las Prosperidad Social) protagonizados durante el impresentable y cuestionado gobierno del uribista Iván Duque, convertido en una verdadera cleptocracia tropical como expresión de una corrupción dineraria institucionalizada, nepótica y clientelar para favorecer poderosas roscas regionales, locales y nacionales como la de los militares.
En lo atinente a la paz, lo sucedido con el OCAD indicado es una rama de la retícula criminal que también se extendió a otros campos del proceso de implementación de los pactos de reconciliación como los PDET, la sustitución voluntaria de cultivos de usos ilícito, la gestión del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en la atención a las víctimas del conflicto, en los temas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el sistema de la justicia restaurativa y en el manejo de los bienes y tierras incautadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El OCAD Paz se creó en el año 2017 como parte de unos ajustes hechos al Sistema General de Regalías para captar parte de dichos dineros y enfocarlos en la implementación de la paz, pero rápidamente este mecanismo fue infiltrado por reconocidos agentes del clientelismo corruptor de los sectores políticos tradicionales y decadentes del establishment de Colombia que lo manipularon para acumular fortunas y bienes en perjuicio de las comunidades campesinas. En este caso resultaron comprometidos altos funcionarios del gobierno de Iván Duque como Luis Alberto Rodríguez, exdirector de Planeación Nacional; el secretario del OCAD Paz, Álvaro Dávila, jefe del Sistema General de Regalías y varios parlamentarios (Merheg, Puello, Arana y Manzur), los alcaldes de la Uribe en el Meta y Cesar, así como los gobernadores de Arauca y el Quindío, también los delegados de la Contraloría para el tema del posconflicto y las regalías. Por supuesto que al cuestionado Emilio Archila Peñalosa, el director del OCAD, le cabe una amplia responsabilidad por su sistemática omisión, no obstante las alertas emitidas por varios alcaldes que vieron perjudicados sus municipios y comunidades con amplias necesidades.
Este caso del OCAD Paz ha sido el más escandaloso, desatando la indignación nacional por el cinismo y el descaro de los personajes y los hechos como el de la compra de una mansión por cinco mil millones de pesos en Valledupar por parte del exdirector del Departamento de Planeación Nacional (DNP), Luis Alberto Rodríguez.
Pero las ilicitudes no se limitaron a este dispositivo institucional de la paz, el fenómeno corruptor invadió la inversión en los PDET, de la que se apoderaron las mafias del narcotráfico en Nariño, Cauca, Guaviare, Magdalena; los convenios de erradicación de los cultivos de uso ilícito fueron convertidos en plata de bolsillo de poderosos agentes de los negocios de roscas burocráticas nacionales e internacionales; y en el Departamento para la Prosperidad Social, la feria de los auxilios parlamentarios, otorgados a reconocidos cacique electorales y a sus testaferros designados como operadores, saldó con el engaño a las victimas del conflicto; campesinos, afros e indígenas que fueron ultrajados en programas como Familias en su Tierra (FEST), Iraca (plan de atención integral con enfoque diferencial étnico, orientada al fortalecimiento social y productivo dirigido a comunidades afro e indígenas), Ingreso Solidario y Reza/Emprender, al igual que ocurrió con miles de gestores y enlaces sociales ilegalmente despojados de sus salarios y prestaciones sociales.
Este desolador panorama de la paz requiere de correctivos urgentes, radicales y contundentes; en ese sentido el reto para el Gobierno de Gustavo Petro es el de apuntar a fortalecer el control social sobre cada una de estas entidades, sus presupuestos, programas y los operadores para que la transparencia sea el común denominador en adelante.
Se requiere de un esquema de rendiciones de cuentas permanentes y la intervención orgánica de las veedurías, auditorias y contralorías sociales para que los dineros de la paz cumplan su fin esencial en la erradicación de la violencia en Colombia.
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