SOY PORQUE SOMOS, PACTO HISTÓRICO, LOCALIDAD ENGATIVÁ /
El pueblo colombiano ha sido protagonista de la huelga general más larga y masiva de nuestra historia, en inéditas, multitudinarias y pacíficas jornadas cotidianas de protesta en las calles a lo largo y ancho del país. Durante 45 días de lucha y más, fuimos testigos de la irrupción de las juventudes y las mujeres, destacando el papel dinamizador de la reconocida Primera Línea, la cual se colocó al frente de las movilizaciones, no solo para defender con sus escudos artesanales, a las multitudes rebeldes de la brutal represión de las Fuerzas Armadas estatales y paramilitares, sino para notificar al país y al mundo que han decidido luchar contra la pobreza, la miseria, el desempleo, la explotación y el no futuro al que ha sido sometido nuestro pueblo, principalmente las y los jóvenes, durante décadas de gobiernos oligárquicos, neoliberales y despóticos. Luchas históricas que se han sostenido durante más de 20 años del régimen genocida y corrupto de Álvaro Uribe Vélez, presidente en cuerpo ajeno del subpresidente Iván Duque y sus cómplices, banqueros, empresarios, políticos, militares, paramilitares y mafias narcotraficantes.
La juventud, junto con las mujeres como componente esencial, jugaron un papel protagónico en este fresco movimiento de masas que expresó su indignación en las calles, dándole un nuevo sentido a la lucha política de largo aliento que inició en el 2019 con el 21N, donde el Esmad asesinó a Dilan Cruz. Sin embargo, el confinamiento derivado de la pandemia aplazó la continuidad de la movilización de masas.
El 28 de Abril del 2021 se proclamaba la consigna de resistencia, acompañada de la conformación de brigadas de defensa de las movilizaciones, puntos de resistencia como Puerto Resistencia, el paso del aguante y la loma de la dignidad en Cali, el Portal de la Resistencia en
El 28 de abril del 2021 se proclamaba la consigna de resistencia, acompañada de la conformación de brigadas de defensa de las movilizaciones, puntos de resistencia como Puerto Resistencia, el Paso del Aguante y la Loma de la Dignidad en Cali, el Portal de la Resistencia en Bogotá, la Calle 60 con Carrera 5ª en Ibagué, resignificada y denominada Avenida Santiago Murillo en honor al joven asesinado por la Policía el 01 de mayo de 2021, el Parque de la Resistencia en Medellín, entre otros lugares de deliberación pública, asambleas populares, ollas comunitarias, centros culturales y artísticos, que integraron familias enteras, dispuestas a sostener la justa causa del Paro Nacional. También recurrieron a los bloqueos como formas pacíficas de presión al gobierno para buscar una salida democrática y negociada al gran conflicto. Algunos datos importantes muestran que desde el 28 de abril al 13 de junio de 2021, se realizaron 6.897 concentraciones, 2.408 marchas, 669 movilizaciones, 34 asambleas populares en 864 municipios de 32 departamentos, de acuerdo con las cifras oficiales del Estado, por lo que la cifra real puede ser mayor.
Por orden de Uribe y el Centro Democrático, el subpresidente Duque le declaró la guerra a la huelga y desató la más criminal y violenta represión contra las multitudes rebeldes, desplegó las fuerzas policiales y militares mediante operativos conjuntos con civiles armados (constituidos en bandas neo-paramilitares urbanas) generando graves y manifiestas vulneraciones a los derechos humanos. Según el informe de Temblores ONG, Indepaz y País (2021) sobre la violación de la Convención Americana, desde el 28 de abril al 31 de mayo, en el marco de las protestas, la Policía accionó las armas de fuego en 184 situaciones, dejando heridas a 70 personas, 20 confirmadas, otras 21 sin confirmar por parte de las autoridades competentes o de ONG de Derechos Humanos; 193 casos de uso de armamento contra los cuerpos de los manifestantes, dejando 167 heridos, de los cuales 65 han tenido lesiones oculares. Esta violencia sistemática de disparos al rostro ha dejado tres homicidios, entre ellos, Brayan Fernando Niño Araque de 24 años, en el municipio de Madrid el 01 de mayo de 2021.
Asimismo, 28 casos donde se ha usado el arma Venom, 705 intervenciones violentas para dispersar las manifestaciones pacíficas, 1.649 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, 25 hechos de violencia sexual y 6 de violencia de género (desde 2017 a 2021 se han registrado 132 hechos de violencia sexual por parte de agentes de la Policía), como los sucedidos a Juanita y Andrea el 02 de mayo de 2021, en Palmira Valle del Cauca. Adicionalmente, 346 personas han sido reportadas como desaparecidas. En total, se han registrado 3.798 víctimas de violencia policial, cifra que puede ser mayor ya que no todos los hechos pueden ser registrados. Estas criminales acciones son la prueba del recurso al terrorismo de Estado, para sofocar a sangre y fuego la legítima protesta, con su deriva de violación masiva de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y genocidio, como recurso criminal que le ha permitido mantenerse en el poder durante los últimos cuatro lustros (1).
La contundencia de la rebelión popular obligó al gobierno a retroceder en sus propósitos de descargar el peso y los costos de la crisis económica, agravada con la crisis sanitaria generada por el Covid-19, sobre la clase trabajadora, los sectores más pobres de la población y las clases medias, fue forzado a desistir del regresivo proyecto de reforma tributaria, a archivar el proyecto de Ley 010, a declarar que habrá “matrícula cero” para el segundo semestre del 2021 en las Universidades públicas, todos logros indiscutibles, que el gobierno trató de imponer una vez terminó el estallido social.
La huelga de masas, como era de esperarse, produjo además un golpe fuerte a la producción y a las ganancias de los grandes gremios económicos y resquebrajamiento de la economía. El gobierno, luego de terca negativa accedió e hizo llamado a la negociación, que fue aceptada por el Comité Nacional del Paro (CNP), pero a condición previa de que el Presidente detuviera la represión y la masacre y respetara las garantías para ejercer el derecho a la protesta social. El preacuerdo firmado entre el CNP y los voceros presidenciales fue echado atrás por el propio Uribe-Duque y quedó evidente que se trataba de una maniobra para dilatar y alargar el conflicto.
Los días previos y posteriores al 28 de mayo, el gobierno, el empresariado y los medios de comunicación masiva desarrollaron una campaña sostenida y sistemática de odio, victimización, difamación y distorsión de los promotores y los propósitos del Paro Nacional, mediante acusaciones de obedecer a intereses extranjeros, a grupos guerrilleros o de disidencias de las Farc, pero los altos índices de apoyo a la huelga de masas crecieron de manera exponencial. Entre tanto, se hizo evidente la ineptitud y la incapacidad del subpresidente Duque para manejar la crisis social y desnudó el resquebrajamiento del partido del orden, con sus distintas fracciones, los partidos de derecha, de extrema derecha, gremios económicos y banqueros, que agudizaron sus contradicciones, frente a un gobierno profundamente débil, a tal punto que hizo explotar la propia conformación del mismo, con la caída de los Ministros de Hacienda y su Viceministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Cultura, el Alto Comisionado de Paz y “negociador”, así como el Embajador en Washington, etc.
Crisis de tal gravedad que Uribe empezó a gobernar personalmente y a dar órdenes de militarizar y reprimir, despejar por la fuerza de las armas los bloqueos y a disparar contra los manifestantes. El grado de debilidad y de incompetencia del gobierno fue de tal gravedad que solo se sostuvo gracias al esquema bonapartista de la Policía, el Esmad y las Fuerzas Armadas que gobiernan la calle, con un Congreso que hizo las veces de caja de resonancia de los intereses oligárquicos, los apetitos burocráticos y de la corrupción.
En este escenario de lucha de clases, de la rebeldía popular y democrática en las calles, la oposición política electoral no tuvo un rol determinante, cuando debió registrar la violencia de las Fuerzas Armadas del gobierno y sus pistoleros paramilitares para desmantelarlos no lo hizo; además acusó a los jóvenes de no entender la situación pese al alto costo político y humano, de su cuota de muertos, mutilados, detenidos, heridos, torturados y desaparecidos.
Irrupción de un nuevo sujeto político en Colombia
El logro político más importante de esta huelga de masas sin precedentes en nuestra historia, es la irrupción del nuevo y extraordinario sujeto político colectivo, plural, comunitario y cultural, liderado por la juventud y las mujeres, con la participación de la clase trabajadora de la ciudad y el campo, las mingas indígenas, las comunidades afrocolombianas, las comunidades de los barrios populares, las redes sociales, las expresiones artísticas, el periodismo alternativo, los y las docentes, las resistencias, la solidaridad de connacionales y pueblos en el exterior. Es este el rasgo principal de la lucha popular sostenida en este corto pero histórico periodo de protestas. Fue el surgimiento de una nueva oposición política, que ha ejercido la lucha democrática, social y popular en las calles, en la protesta social, en los puntos de resistencia, en el escenario cultural, con una identidad básica de propósitos comunes en esta magnífica rebelión. Se trata de una nueva forma de lucha política de ruptura en la práctica con los partidos de la oligarquía, pero también con los extremismos de izquierda y guerrilleros, así como con los populismos de izquierda electoral y el llamado “centro”.
Es inevitable que después de más de siete semanas de lucha política, la huelga se haya debilitado, resultado en parte de los acuerdos alcanzados por los camioneros con el gobierno y por la coordinadora de resistencias con la Alcaldía de Cali, en un acto de desobediencia civil y seguramente con otras alcaldías, contra el Decreto 575 de 2021, con el que el gobierno propinó un golpe de Estado a gobernadores y alcaldes y los subordinó a las autoridades militares. Pero, resulta paradójico y contradictorio que la consigna más agitada, incluso coreada y cantada, con adaptación del himno de los partisanos, por las multitudes en las calles era “Duque chao, Duque chao, chao, chao”… como claro mensaje de que entendían que el uribato y su gobierno hacen parte del problema y no de la solución.
Esta consigna popular fue gritada con mucha fuerza, el pueblo entendió que Uribe-Duque fueron los responsables mayúsculos de la crisis, la violencia y los crímenes de lesa humanidad que segaron la vida de más de un centenar de jóvenes y niños, torturaron y vejaron a miles de víctimas. Pero también porque rompió el ordenamiento constitucional, violó los derechos humanos y las garantías consagradas en la Carta Magna, vulneró la prohibición constitucional de sacar los militares a reprimir las protestas, despojó a los alcaldes de su obligación de dirigir el orden público, ordenó el uso excesivo de la fuerza que consintió en que los policías y paramilitares abrieran fuego contra los manifestantes. Estas medidas propias del militarismo, no son más que la aplicación de la clásica y retrógrada formula de la política de la doctrina de Seguridad Nacional y del Estado de excepción, concediéndoles facultades extraordinarias a las Fuerzas Militares so pretexto de “reestablecer el orden público” para atentar contra las libertades civiles, políticas y democráticas de las ciudadanías libres, así como el hecho de despojar a los alcaldes de su obligación constitucional como jefes de policía y garantes del orden público.
Con estas criminales acciones, acompañadas de infames campañas en contra de los justos reclamos del pueblo declarado en legítima rebeldía, el funesto gobierno de Uribe-Duque violó en materia grave la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al pisotear los derechos y las libertades fundamentales y democráticas: el derecho a la vida y la integridad de las personas, el derecho a la protesta pacífica, la libertad de opinión y de libre circulación, a no ser detenidos sin causa justa, la libertad de reunión, la libertad de conciencia y de pensamiento, así como la soberanía popular que en el ordenamiento jurídico nacional y en los instrumentos jurídicos internacionales se reconocen como las relaciones jurídicas entre los ciudadanos y el Estado democrático, en el marco del goce efectivo de derechos y la construcción y garantía de una vida digna; libertades fundamentales para luchar por el acceso efectivo a una educación gratuita y de calidad, salud universal, vivienda digna, trabajo decente, pensión, cultura, recreación, ambiente sano, derechos reproductivos y sexuales, etc.
1. Fuente: Informe de Temblores ONG, Indepaz y País a la CIDH 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_691330ba1e714daea53990b35ab351df.pdf
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