RESUMEN AGENCIAS /
De manera generalizada las víctimas del cuestionado gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), caracterizado por la violación sistemática de derechos humanos y en el que se cometieron delitos de lesa humanidad, como los llamados falsos positivos, expresaron su voz de indignación ante el favorecimiento de las Fiscalía General frente a una grave investigación que cursa contra tan turbio personaje.
En efecto, el fiscal Gabriel Jaimes, encargado del investigar un grave caso, según el cual el exmandatario de ultraderecha habría ofrecido compensaciones a testigos para que proporcionasen declaraciones a su favor y lo desvincularan de su aparente relación con grupos paramilitares, presentó este viernes 5 de marzo ante el juez competente la solicitud de cerrar la causa penal.
El 4 de agosto del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la detención domiciliaria de Uribe. Unas semanas más tarde, el Uribe renunció a su curul de senador y, como consecuencia de ello, el 1 de septiembre la CSJ trasladó su caso a la Fiscalía.
En lo que se ha considerado un favorecimiento político del también cuestionado fiscal general Francisco Barbosa, quien fue postulado para el cargo por su antiguo compañero de estudios universitarios, el hoy presidente Iván Duque que obedece órdenes de su jefe político Uribe Vélez, era previsible la decisión controvertida y criticada que adoptó el ente acusador, no obstante la amplia carga probatoria que compromete muy seriamente al inculpado expresidente.
El fiscal Jaimes determinó que no existen elementos suficientes para probar que Uribe cometió los delitos de los que fue señalado por los magistrados del alto tribunal. En ese sentido, decidió no acusarlo ni llamarlo a juicio sino pedir que se cierre el caso y dar por terminada la investigación.
Así se dio a conocer en un comunicado de la Fiscalía, en el que se señala que sí considera que hubo delitos en el caso de falsos testigo, pero que no se le pueden atribuir a Álvaro Uribe.
“El fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, se lee en el comunicado expedido por el ente acusador.
Recurso de apelación
No obstante, las víctimas, entre las que está el senador Iván Cepeda Castro, pueden oponerse y presentar un recurso de apelación. Entre las partes afectadas en el proceso también está el exfiscal Eduardo Montealegre y su entonces vicefiscal Jorge Perdomo.
Anticipándose a esta decisión de la Fiscalía, el senador Cepeda dio declaraciones al diario español El País sobre la argumentación que esperaba del fiscal Jaimes: “Un escrito plagado de afirmaciones grandilocuentes que no tienen ningún sustento probatorio, y que en la práctica son una manera de encubrir el hecho de que él ha desviado la investigación, ha menospreciado y se ha abstraído de lo hecho por la Corte Suprema de Justicia, de las miles de pruebas que hay en el expediente y que fueron claramente sustentadas por la Corte en un escrito de más de 1.500 páginas cuando dio la orden de privar de la libertad a Uribe”.
Cepeda ha señalado a Uribe de haber fundado junto a su hermano Santiago el Bloque Metro, una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la década de 1990.
El congresista presentó testimonios de antiguos paramilitares encarcelados para sustentar su acusación. Entre los que testificaron está Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una sentencia de 40 años en una cárcel de Bogotá por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.
Según su testimonio, el hermano del expresidente habría coordinado el transporte de votantes para las presidenciales de 2002, en las que Uribe ganó. Además, dijo que en la hacienda las ‘Guacharacas’, propiedad de los hermanos en San Roque (Antioquia) se planificaron matanzas que luego los paramilitares habrían ejecutado.
En respuesta a estas acusaciones, Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta manipulación de testigos, señalando que el senador buscó entre las cárceles a antiguos paramilitares para desprestigiarlo y, a cambio, les ofreció dádivas y beneficios.
Entre 2015 y 2018, la CSJ investigó a Cepeda y concluyó que los testimonios en su contra eran falsos. Por ello, el caso dio un giro, al determinar que Uribe presuntamente habría sobornado a terceros para testificar contra el senador; entonces la Sala de Instrucción II de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema decidió abrir una indagación contra el expresidente por haber cometido delitos de soborno y fraude procesal.
Varios de los testigos que declararon contra Cepeda han asegurado que Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe, les pagó o presionó para que brindaran esos relatos.
Como estaba previsto, la Fiscalía cooptada por el uribismo, solicitó la preclusión de la causa penal que quiere decir que las conductas por las que se le vinculó no son delito y que las que sí lo son no pueden atribuírsele.
La preclusión se presentará ante un juez, que puede aceptarla o no. Y la decisión se puede apelar en el Tribunal Superior.
Cepeda al conocer la decisión del fiscal Jaimes expresó en su cuenta de Twitter:
Rueda de prensa de Iván Cepeda sobre decisión de la Fiscalía de precluir caso Uribe
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