CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA /
Una operación obscena de intervencionismo, por decir lo menos, generada a partir de ‘fake news’, manipulación mediática con base en calumnias y sin demostrar ninguna prueba, con la única intención de enlodar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con una supuesta financiación a su campaña política de 2006 por parte del narcotráfico, es lo que buscó desplegar sin ningún éxito la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y los operadores del especulador financiero George Soros y su plataforma periodística Insight Crime.
Ante semejante monumento a la mentira, el presidente López Obrador exigió al gobierno de Estados Unidos una disculpa pública por las filtraciones informativas DEA. Es que que, sin pruebas, dieron pábulo a un periodista para un reportaje sobre una presunta aportación del narcotráfico a su campaña en 2006. El mandatario denunció que la trama para suministrar información a un mercenario involucra no sólo a la DEA, sino al Departamento de Estado, algo de lo que su homólogo Joe Biden debería estar al tanto. Cuestionó cómo se van a llevar las pláticas de alto nivel en torno a migración, combate al trasiego de estupefacientes y fentanilo, si una instancia de ese gobierno está divulgando calumnias que lo dañan no a él, sino a su investidura.
En menos de 24 horas, el periodista Tim Golden, autor de la nota, admitió que ésta no ofrece ninguna evidencia que apunte en la dirección indicada por el titular, pero rehusó disculparse por sugerir algo tan grave sin contar con pruebas que lo respalden.
Entre tanto, la plataforma periodística Insight Crime, del especulador Soros, muy allegado al Partido Demócrata, ha difundido el bulo a través de sus diversas redes sociales, tratando de hacer ver que López Obrador tuvo nexos con la mafia a partir de una denominada “Operación Polanco”.
Asimismo, el periodista Golden se reveló o ingenuo o hipócrita al descartar que los tiempos electorales de México se hayan considerado al realizar la investigación, editorializar su enfoque y decidir el momento de publicarla. Por su parte, el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) informó que la investigación fue concluida y cerrada hace 13 años porque ni los agentes ni los fiscales pudieron aportar elementos que sostuvieran las sospechas, defendió la colaboración de las actuales autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado, y tuvo que deslindarse de la DEA al reiterar su respeto a las políticas internas de México. Incluso el exdirector de la DEA Mike Vigil (quien ha sido crítico con el presente gobierno mexicano) aseguró que el reportaje es un ataque personal contra el Presidente, y que no hay ninguna evidencia de que López Obrador tenga o haya tenido vínculos con el crimen organizado. Lamentó la irresponsabilidad de publicar algo sin sustento que dañará de manera inevitable la cooperación binacional en el combate al narcotráfico, y debilitará aún más la posición de la agencia.
El choque de posturas entre la DEA y el DOJ refleja el desorden imperante en la administración demócrata y en la institucionalidad estadunidense en general, la cual se ve afectada por fuerzas centrífugas que minan sus capacidades, con sectores del Estado empujando agendas propias a expensas de la Casa Blanca y de los propios intereses de la potencia en ro proceso decadencia.
La estrepitosa caída de la credibilidad de la pieza periodística no ha refrenado los ímpetus de medios de comunicación mexicanos carentes de ética y de los opositores de ultraderecha que son cobijados por sus micrófonos.
Políticos y figuras mediáticas de la derecha se convirtieron en una caja de resonancia para repetir el bulo, omitiendo que se trata de una mera especulación y presentándolo a su público como verdad absoluta. Esta campaña de desprestigio, en el mismo patrón de las que se han lanzado contra el mandatario durante más de dos décadas, se produjo al mismo tiempo que la candidata presidencial de la ultraderecha mexicana, la cuestionada Xóchitl Gálvez, se paseaba en Washington ofreciendo a quien quisiera oírla la entrega del sector energético nacional. La aspirante deberá aclarar a la ciudadanía si se trató de una conjura o de mera torpeza, pero su viaje deja la impresión indeleble de una concertación de intereses entre oficinas públicas de Estados Unidos, empresas rapaces de ese país, y políticos opositores mexicanos.
En estas circunstancias, desde los sectores que respaldan al Gobierno de AMLO han salido a señalar públicamente que lo más sano para el desarrollo normal de la vida política mexicana es la transparencia. De ahí que han señalado que este tipo de insidias hay que enfrentarlas con la verdad, anteponiendo la soberanía y la dignidad del país. En este sentido, ha de reconocerse la respuesta del presidente López Obrador, quien exhortó a Washington a presentar pruebas si existen, y a decir abiertamente de parte de quién viene esta intervención inadmisible en el panorama político de México que busca generar algún impacto en la opinión en época electoral.
Quienes organizaron esta operación de golpeteo a cuatro meses de los comicios harán bien en ver los riesgos del camino que han tomado y la inconveniencia de mezclar los procesos electorales que se desarrollan al sur y al norte del río Bravo: han de darse cuenta de que nunca se sabe cómo van a acabar esas maniobras, pero nunca acaban bien para nadie.
El diario La Jornada de México hizo un llamado a los comunicadores que se han embarcado en esta aventura (sea por ideología, por intereses mercenarios o por el simple afán de nutrir sus audiencias) para que practiquen la mesura, la cordura, el decoro profesional y el rigor periodístico, virtudes que fueron omitidas en el tratamiento de un asunto tan delicado como el que se comenta.
