POR JOSÉ TOMÁS JIMÉNEZ ARÉVALO*
La imposición de la Ley 30 de 1992, en el Gobierno de César Gaviria, fue la cuota que le correspondió pagar a la educación superior pública de la política neoliberal. La línea de la orientación política-económica que, el acuerdo de Washington a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), presionó al mundo capitalista para eliminar el aparataje social del Estado de bienestar, instaurado después de la Segunda Guerra Mundial, sustituyéndolo por un Estado pequeño competidor de los servicios estatales y el gran capital, lo que terminó por consolidarse en gran parte del mundo capitalista.
La estrategia fue dejarle al mercado -exclusivamente- la regulación de los precios de la oferta y la demanda. En consecuencia, la educación pública comenzó el camino hacia su privatización, lo que la llevó a convertirla en una mercancía, y, por ende, en un negocio. La táctica se inició con el aumento de los recursos propios que acumulaban las universidades públicas, por medio de la venta de servicios y programas de extensión, que, en ese momento, no superaban el 5 % del presupuesto total de cada una de las universidades públicas. Además, dichos servicios y planes obedecían a proyectos que tenían que ver con el desarrollo de las regiones y la nación y no, bajo una visión eminentemente corporativa de las empresas y su optimización y eficacia financiera, como terminaron siéndolo. Desde ese momento el profesorado universitario y el movimiento estudiantil de las universidades públicas, con sus organizaciones gremiales y sindicales, se dedicaron a hacer las denuncias correspondientes de una ley hecha a la medida para que la educación superior pública estuviera al servicio del neoliberalismo y, desde del propio gobierno, ponerla al servicio de los sectores privados.
Después de más de tres décadas, lo profesores y estudiantes como comunidad universitaria organizada, resistimos y defendimos la educación superior pública como patrimonio de la sociedad, pero sus organizaciones se burocratizaron; sus juntas, que históricamente fueron espacios de liderazgo y cohesión se extinguieron, y en una de las que queda, por ejemplo, sus cabezas dirigentes convirtieron su actividad en un oficio, sin renovación y sin capacidad de lucha ni poder de convocatoria, el movimiento declinó, y no conseguimos cambiar la ley.
Los Consejos Superiores, que han sido los órganos que dirigen y gobiernan las universidades, siguen siendo influenciados por los gobiernos de turno a través del Ministerio de Educación. El sector extrauniversitario vota con el gobierno; la representación académica sigue subordinada a quienes tienen la correlación de fuerzas a su favor, y, en consecuencia, se resisten a aceptar las propuestas democráticas de su comunidad en el campo de la ciencia, la cultura y la administración universitaria cuando afecta los intereses de quienes detentan el poder político, en el país, y en la propia Universidad. Prueba de ello son las propuestas aprobadas para haber privatizado las universidades públicas, aumentando el porcentaje de recursos propios a niveles escandalosos de más del 70 % (matrículas, venta de servicios, creación de dependencias al servicio de la empresa privada, etc.) donde uno de sus mayores objetivos ha sido aumentar dichos recursos. Desconociendo así la democracia y la comunidad universitaria.
Las propuestas de sus profesores y estudiantes son desconocidas, al igual que las relaciones, prácticas e identidad con las políticas que buscan el desarrollo de la Nación para salir del atraso científico y de la pobreza planteadas por organizaciones sociales, económicas y políticas que luchan por una sociedad más justa.
La financiación de la educación superior pública nunca ha obedecido a un presupuesto adecuado con base en proyectos y planes de desarrollo universitario propuestos por las propias universidades públicas, a través de mecanismos de planeación y concertación que se han venido proponiendo a lo largo de estos años y que exigen, como lo hemos manifestado, un cambio tanto a la Ley 30 de 1992, como de las instancias del Ministerio de Educación.
Este contexto lo conoce, claramente, la comunidad universitaria. De lo que se trata hoy día es de señalar la pérdida de una oportunidad para cambiar esta ley y luchar por la autonomía universitaria que no existe y no ha existido en las universidades públicas. A diferencia del sector privado, donde sí la tienen y, prueba de ello, es que todos los programas de desarrollo, ventas de servicios, asesorías gubernamentales y privadas, los aprueban sus organismos rectores, o quienes hacen sus veces, con la complacencia de sus directivas y el silencio indiferente de profesores y estudiantes. Al fin y al cabo, la universidad privada es para quienes tienen con que pagarla y mayoritariamente para los sectores de clase que detentan el poder político y económico del país.
Precisamente, en este gobierno reformista y progresista y altamente popular que lidera el presidente Gustavo Petro, se presentó la oportunidad para que la comunidad universitaria, principalmente, se organizara y presentara un proyecto alternativo donde los representantes de los profesores, estudiantes y egresados, elegidos democráticamente, tuviesen una composición mayoritaria en los consejos superiores. Esta organización debía haber sido la llamada a convocar, orientar y conducir un movimiento nacional por una universidad gratuita, científica, al servicio del desarrollo del país y con el propósito inquebrantable de contribuir a transformar nuestra sociedad por una más equitativa, lo cual debía haber quedado plasmado en la nueva ley.
Lamentablemente, las universidades donde la coyuntura se presentó al vencerse los períodos de los rectores se centraron en una lucha por defender la democracia sin elevar su nivel a lo que hubiese sido defender la consigna del cambio de la Ley 30 de 1992. Y presentar un proyecto de una ley de educación pública, con el magisterio y los profesores universitarios, terminando de una vez por todas, con esa división entre maestros y profesores.
Hoy día, el actual Ministro de Educación ha anunciado que no va a haber reforma universitaria, excepto, el cambio de algunos artículos que formalmente no se conocen. La comunidad tendrá que organizarse, movilizarse pacíficamente y luchar para exigir el cambio de la ley. El profesorado crece en las universidades sin proyecto de vida académico, sin estabilidad, con contratos basura y salarios de hambre. La nueva ley deberá tener como misión el desarrollo de procesos académicos y sociales al servicio de la transformación de nuestra sociedad, con democracia y autonomía universitaria.
*Exrepresentante de los profesores universitarios del país en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
