POR JORGE ELBAUM /
La llamada telefónica que mantuvieron Donald Trump con Vladimir Putin no puede ser caracterizada como el resultado de una intermediación pacificadora propuesta por el mandatario estadounidense, como quiere ser descripta por los medios de comunicación occidentales. La comunicación entablada fue lisa y llanamente el intercambio entre el líder de un país victorioso y otro vapuleado, que hace un esfuerzo propagandístico para disimular su capitulación. Los mandobles trumpistas buscan enmascarar que fue Washington quien inició esta guerra hace más de tres décadas, cuando la OTAN resolvió desplazarse hacia la frontera rusa, falseando el compromiso asumido de que permanecería en los límites de la Alemania unificada, sin avanzar “ni una pulgada” hacia el Oriente.
\ pero su margen de maniobra es prácticamente nulo, dada la gravedad de las sanciones, impuestas hace más de 60 años y que hoy cuentan con la oposición prácticamente unánime de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin que Estados Unidos haya hecho nunca ningún caso de esas votaciones. No son parte de las reglas de su mundo. Sometidos a sanciones devastadoras, esa vida política se torna imposible en el “patio trasero” de los Estados Unidos, apoyada por los representantes locales de esos intereses. Todo intento de derribar las cercas del patio ha sido enfrentado con la gama de armas descritas por Albright.
¿Cuál es el resultado de esa política?
Con otras características, esa política se repite en Venezuela, con los efectos descritos por Weisbrot y Sachs. Salvo que se gobierne alineado a los intereses de Washington, la intervención norteamericana, ejercida por el gobierno o por sus ONG, desequilibra el escenario, inclina la balanza hacia determinado sector de la sociedad, haciendo imposible que el peso de cada uno se refleje libremente en los resultados electorales.
Vean la situación de Nicaragua. Vayamos a las elecciones de 1990. Yo estuve allá. Fue impuesta tras una guerra organizada y financiada por Washington que hizo imposible cualquier esfuerzo por administrar el país que, en medio del conflicto, no tenía posibilidad alguna de garantizar a sus ciudadanos ni la vida. Menos la perspectiva de un desarrollo económico y social. ¡Nada! La guerra lo consumía todo. Como si fuera poco, con la amenaza de que, ante un eventual triunfo sandinista, Washington continuaría promoviendo esa guerra.
En ese escenario se celebraron las elecciones. ¿Se podía celebrar así una elección libre? ¿Podían los nicaragüenses expresar libremente su voluntad?
Ganó la oposición, pero la vida política del país no pudo volver a un cauce “normal”, donde los diferentes puntos de vista se expresan en igualdad de condiciones. Se sucedieron los gobiernos apoyados por Washington: Violeta Chamorro, Bolaños, Alemán; el pacto aberrante Ortega-Alemán, mientras el sistema político se desdibujaba, hasta llegar a los extremos de hoy.
El intento de una “revolución de colores”, en abril del 2018, enfrentada con las armas por el gobierno, extrajo todo oxígeno de la burbuja política, donde hoy nada sobrevive. No hay vida en el escenario político de Nicaragua.
En enero del 2018, contratistas de la USAID presentaron el informe final de un proyecto quinquenal (de abril del 2013 a febrero 2018) de “Capacitación para la defensa de la Sociedad Civil”. Entre los objetivos del proyecto estaba “el desarrollo de las capacidades de USAID/Nicaragua para que las organizaciones clave/objetivo, muchas de las cuales reciben apoyo a través de otras actividades de democracia y gobernabilidad financiadas por la USAID, puedan alcanzar mejor los objetivos del programa acordados mutuamente”. Pretendían también “mejorar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y de los individuos para coordinarse cada vez más y trabajar en red entre sí, con el sector privado y con los medios de comunicación, para promover la concienciación, la defensa y el activismo”, iniciativas que “llegaron directamente a más de 3.599 nicaragüenses” (accediendo aquí se puede obtener el informe).
¿No aprendemos nada de todas estas experiencias?
¿Es posible explicar estos escenarios sin la intervención de Washington? Es fácil imaginar los efectos que proyectos de esta naturaleza tienen en un pequeño y pobre país como Nicaragua y como afectan su desarrollo político. Y difícil imaginar que el intento de una “rebelión de colores”, en abril, no tenga relación alguna con estos proyectos.
¿Qué oxígeno puede haber para alimentar la vida en la burbuja política sometida a esos instrumentos? ¿Qué espacio deja para el desarrollo libre de la política nacional? Es el instrumento con el que se extrae todo oxígeno de esa burbuja política en los países latinoamericanos cuando fuerzas transformadoras, no alineadas con los intereses de Washington, aspiran a dirigir los destinos de una nación
América Latina produce más de un tercio del litio mundial, cuenta con importantes yacimientos de cobalto, manganeso, níquel, tierras raras y otros minerales, recordaba en un artículo sobre las “grandes oportunidades en Latinoamérica”, Shannon K. O’Neil, vicepresidente de Estudios y Senior Fellow para Estudios Latinoamericanos del Council on Foreign Relations. En Venezuela están en juego enormes recursos petroleros y mineros. La disputa electoral se da, además, en el escenario de un gran reacomodo de los poderes mundiales.
“Si hay algo de cierto en la idea en que la geopolítica se está convirtiendo en una competición entre autoritarismo y democracia, América Latina se sitúa claramente del lado de Estados Unidos y Occidente. A pesar de la pobreza, la desigualdad, la violencia y el debilitamiento del Estado de derecho, hay más personas que eligen vivir bajo un gobierno democrático que en las sociedades europeas y norteamericanas”, agregó O’Neil.
De modo que el mismo lunes, menos de 24 horas de cerradas las urnas, el secretario de Estado, Antony Blinken, manifestó desde Tokio, donde se encontraba, “serias preocupaciones” por los resultados anunciados en Venezuela.
El presidente chileno, Gabriel Boric, estimó, por su parte, que los resultados publicados por la autoridad electoral venezolana “son difíciles de creer”. El caso del Presidente chileno es particularmente llamativo. Su política exterior coincide con frecuencia, como en el caso de Venezuela, con la de los representantes de los gobiernos de una derecha históricamente responsable de las mayores violaciones de los derechos humanos en la región. Lo hace, naturalmente, en “nombre de la defensa irrestricta” n
Más allá de los malabares propagandísticos Washington fue también el soporte económico y financiero de los ucronazis que pretendieron instalar baterías misilísticas de la OTAN a 500 kilómetros de Moscú. Y fueron, además, los beneficiarios de la sustitución del gas ruso y los máximos vendedores de aparatología bélica. La última vez que un presidente de los Estados Unidos dialogó con su par ruso fue en febrero de 2022, pocos días antes del inicio de la Operación Militar Especial. Tres años después, las fuerzas armadas de la Federación han logrado ocupar una cuarta parte de Ucrania, alrededor de 3200 kilómetros cuadrados. Dicha superficie corresponde a los territorios de Lugansk, Donetsk, Zaporozhye y Jersón, habitada por poblacional rusoparlante.
Trump busca presentarse como un pacificador orientado a disfrazar el fracaso del proyecto de debilitamiento de Rusia coordinado por la OTAN desde la implosión de la URSS. Dicho intento, planificado por el Departamento de Estado, incluyó el progresivo cerco del atlantismo sobre las fronteras de Rusia, el golpe de Estado en febrero de 2014 (el denominado Euromaidán, impulsado por la subsecretaria de Estado Victoria Nuland), la traición a los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 –que la excanciller alemana Angela Merkel definió como un intento de “ganar tiempo” para que Kiev se fortaleciera militarmente–, y el bombardeo sistemático sobre la población rusa del Donbas.
El intercambio entre Putin y Trump, y la decisión de imponer aranceles fueron interpretados por Bruselas como una doble humillación. La declaración del último jueves realizada por el presidente estadounidense, en la que advertía que vería con buenos ojos el regreso de Rusia al G7, consumó el ultraje dedicado a quienes fueron los socios de las políticas globalistas. Los funcionarios de Washington insistieron en que la única manera de llegar a la paz implica tratar directamente con Putin, concederle a Rusia las tierras conquistadas y aceptar la posición de fuerza que deviene del resultado militar. El retraso de esta negociación supondría, amenazó Washington, una mayor pérdida territorial para Ucrania.
El pasado lunes 10 de febrero, Trump reiteró ante Fox News su interés en apropiarse de esos minerales críticos, cuyo valor estimado asciende a 500 mil millones de dólares. Con ese latrocinio, sugieren en Washington, se recuperará lo invertido en Kiev para consumar la actual derrota. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ofreció la última semana un convenio por el cual se habilita a los estadounidenses la explotación de los recursos ucranianos. Volodymir Zelenski aún no lo rubricó, en protesta por la conversación directa entre Trump y Putin. “Vemos a los minerales como la motivación más importante de nuestra estrategia en el exterior”, afirmó Gracelin Baskaran, directora del Programa de Seguridad de Minerales Críticos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Lo que se omite –por ahora– es que gran parte de esos minerales se encuentran en los territorios anexados por la Federación.
La crisis producida por la derrota militar y económica –que porfían en no asumir como tal– genera desconcierto, confusión y pase de facturas entre los antiguos socios otantistas. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, declaró la última semana que “nunca ha prometido a Ucrania la adhesión a la OTAN”. Mientras tanto el mandatario estadounidense prescinde de Europa porque su megalomanía lo autoriza a lidiar con quienes considera se encuentran a su altura: la Federación y la República Popular.
En este marco, aparece como indudable que 2025 es la fecha formal de la nueva etapa geopolítica, caracterizada tanto por la emergencia de los BRICS como por el declive relativo del atlantismo globalista. Mientras Trump intenta regresar al paraíso perdido (hacer grande nuevamente a Estados Unidos), Bruselas imagina algún protagonismo capaz de encubrir la defección socialdemócrata, corresponsable de darle impulso al neoliberalismo financiarista durante el último medio siglo.
La guerra comercial desatada por Washington tiene a Europa como damnificada. La disputa por las tierras raras en Ucrania es una de las dimensiones en disputa. También figuran la regulación de las redes sociales –insumo para la acumulación de datos necesarios para nutrir a la Inteligencia Artificial (IA)– y la cobertura satelital, ambos rubros en los que compite Elon Musk, junto al resto de sus colegas tecnofeudales. Bruselas aprobó en 2022 la Ley de Servicios Digitales (DSA), que establece obligaciones para las empresas respecto a la moderación de contenidos, la propagación de desinformación y la proliferación de contenidos ilícitos. El propietario de Starlink, Tesla y la Red X (ex Twitter) es uno de los damnificados por la aplicación de la DSA al exigirles programas de verificación de datos.
El otro espacio en pugna es el lanzamiento del Programa europeo de Infraestructura para la Resiliencia, Interconexión y Seguridad por Satélite (IRIS2) que rivaliza con Starlink. En los últimos meses, la Comisión Europea ha firmado un contrde los derechos humanos.
El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, hizo un llamado a un golpe de Estado. Lo puso en Facebook el mismo domingo, 28 de julio: “Señor ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino, como ciudadano de un país democrático lo exhorto, respetuosamente, apelando a su patriotismo, a que defienda la voluntad popular del pueblo venezolano expresada el día de hoy en las urnas”.
¿Y cuál era esa voluntad? ¿Cómo lo sabía Oscar Arias? No lo sabía. Ni importaba. Como agregó en esa misma nota, el resultado debía reflejar “lo expresado por las diferentes encuestas tomadas a los electores después de emitir su voto. Un resultado diferente solo tiene un nombre: fraude electoral”.
Pero la oposición no presentó prueba alguna de ese fraude. Eran las encuestas que manejaba, como lo decía Machado, el lunes después de las elecciones: “A lo largo del día, con los conteos rápidos, fuimos monitoreando cómo iba la participación, hora a hora”. “Cuatro conteos rápidos, autónomos e independientes, dieron los mismos resultados de las encuestas”. Eso era todo.
¿Se imaginan un golpe militar en Venezuela? ¿Alguien piensa que sería muy distinto al de Chile, en 1973? ¿Una traición de los militares, como la de Pinochet, a la institucionalidad y a sus juramentos? ¿María Corina Machado y Edmundo González gobernando Venezuela? ¿Es falsa toda la historia que vincula a González, entonces diplomático venezolano en El Salvador, con algunos de los crímenes más cueles en los años de la guerra en aquel país?
El mundo en el que Arias sueña con un golpe, ¿es el mismo de 1973, cuando Pinochet derrocó a Allende, con el apoyo de Hayek, Friedman o Kissinger? ¿O el mundo con el que soñaba Albright?
La derecha liberal puede ser extrema, cuando hace falta. O democrática, cuando les es suficiente. Por ahora, está en pleno desarrollo el proceso electoral en Venezuela, que debe culminar con un peritaje y resultados definitivos, que el Tribunal Supremo de Justicia deberá divulgar.
Pero hace falta que América Latina pueda disfrutar de una vida política sin la interferencia desmedida de Washington, que enrarece el aire político de la región.
