POR GILBERTO LOPES
Las expectativas eran enormes. Parecía que, ahora sí, la oposición venezolana, organizada alrededor de María Corina Machado, representaba una verdadera amenaza para el presidente Nicolás Maduro.
La oposición pensaba que su ventaja en las elecciones del pasado 28 de julio era tan grande que Maduro no podría falsificar los resultados, sobre todo frente a la Casa Blanca, que acompañaba de cerca el proceso y con quienes la oposición negociaba la eventual renovación de las sanciones económicas que desde hace más de una década se han venido aplicando al país, y la presión internacional, caso no se confirmase su triunfo.
Para los corresponsales del diario español del Grupo Prisa, El País, en Bogotá y Caracas, Maduro llegaba a los comicios muy desgastado por la crisis económica. El diario mexicano La Jornada, en un editorial el día siguiente de las elecciones, se refería a esas sanciones de Washington a Venezuela. Pero lo hacía en un tono distinto. Le pedía a la oposición alinearse con los intereses nacionales para “exigir a Washington el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo comercial y financiero” que, en su opinión, era “la principal causa de las carencias que padece la población”. Una de cuyas consecuencias es la migración forzosa de unos siete millones de venezolanos, que inundan países vecinos, en busca de mejores condiciones de vida.
“Ninguna medida gubernamental resolverá las dificultades que padecen millones de venezolanos mientras el imperialismo estadounidense impida a Caracas la obtención de divisas y la adquisición de todo tipo de bienes, incluidos alimentos y medicinas”, decía el editorial de La Jornada.
Una semana después de las elecciones, cuando ya Estados Unidos había reconocido el triunfo del opositor Edmundo González, Manuel Domingos Neto, expresidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa (ABED), Roberto Amaral, exministro de Ciencia y Tecnología y el exdiputado y expresidente del Partido de los Trabajadores (PT), José Genoino, recordaban el escenario de la disputa: “un país que ostenta la mayor reserva de petróleo del mundo, que se proyecta sobre el Atlántico y el Pacífico, y es la puerta de entrada a la Amazonia”.
Arrogancia desmesurada
Atribuyéndose poderes de la junta electoral, el secretario de Estado, Antony Blinken, declaraba “concluida las elecciones en Venezuela proclamó electo a Edmundo González”. Para los tres políticos brasileños, esa “arrogancia desmesurada” termina alertando a los latinoamericanos contra la “profesión de fe democrática de los candidatos a dueños del mundo”. Están hablando, naturalmente, de los Estados Unidos.
Washington ha sido actor principal del escenario político venezolano, un país al que ha impuesto las más variadas sanciones económicas. Los efectos devastadores de esas sanciones han sido objeto de diversos estudios, entre ellos el de Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research, y Jeffrey Sachs, director del Center for Sustainable Development de la Universidad de Columbia, publicado en mayo de 2019.
El estudio analiza algunos de los impactos más importantes de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos, desde agosto de 2017 hasta 2019. Las sanciones –dicen Weisbrot y Sachs– “redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos, que huyeron del país como producto de la depresión económica y la hiperinflación”. Estas sanciones “han infligido daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018”, agregan.
En enero del 2019 Washington y sus aliados habían reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y renovaron las sanciones al país, adueñándose de recursos petroleros venezolanos en el exterior y del oro depositado en el Banco de Inglaterra.
Sanciones que han sido habituales en las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela en las tres últimas administraciones norteamericanas. Las primeras, impuestas por Barack Obama, recrudecieron bajo el gobierno de Trump, que impuso restricciones a las operaciones comerciales entre empresas y ciudadanos norteamericanos y el Gobierno de Venezuela. En 2019 se suspendió la compra de petróleo, ampliando las sanciones a instituciones de terceros países que proporcionaran apoyo financiero a Venezuela.
Sometido a esas presiones, renovadas en el gobierno de Biden, la economía de Venezuela sigue enfrentando severas restricciones. Biden, que había cancelado algunas de esas sanciones, los renovó en vísperas de las elecciones. A partir del 31 de mayo todas las empresas extranjeras debían cesar sus operaciones de producción y exportación de petróleo y gas venezolano. Para hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) debían solicitar al Tesoro norteamericano autorizaciones individuales, que son evaluadas caso por caso.
¿Cómo celebrar elecciones libres bajo sanciones?
¿Se puede celebrar elecciones libres en estas condiciones? Como lo explicaba a sus estudiantes Madeleine Albright, secretaria de Estado norteamericana durante el segundo gobierno Clinton (1997-2001) en su libro sobre el fascismo, el objetivo principal de la política exterior era convencer a otros países a que hagan lo que quieres que hagan. Para eso –agregó– disponemos de diversos recursos, desde una solicitud educada hasta enviar a los marines.
El envío de marines se ha hecho inviable, como lo reconoció esta semana la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Pero las sanciones nunca fueron más populares en Washington y en las Naciones Unidas, dijo la revista Foreign Policy, en una serie de artículos sobre el tema, que publicó en diciembre de 2021. Transformadas en un “garrote diplomático y económico vital para hacer entrar en razón a los gobiernos recalcitrantes”, Estados Unidos ha redoblado su apuesta, multiplicando el uso de las sanciones como arma política. En 2012 el Congreso había aprobado el Magnitsky Act, para sancionar a quienes Washington considerara violador de los derechos humanos o corrupto. Cuatro años después extendió a todo el mundo los alcances de la ley, aprobando el Global Magnitsky Act. El objetivo de la ley –dicen los comentaristas en Foreign Policy– no era cambiar el comportamiento de los sancionados, sino desmantelar la red financiera que los sustenta. Naturalmente, la definición de los enemigos responde a los criterios políticos de Washington.
El caso de Cuba es el ejemplo más antiguo y dramático de los efectos de esas medidas. No quiere decir que el gobierno no cometa errores, pero su margen de maniobra es prácticamente nulo, dada la gravedad de las sanciones, impuestas hace más de 60 años y que hoy cuentan con la oposición prácticamente unánime de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin que Estados Unidos haya hecho nunca ningún caso de esas votaciones. No son parte de las reglas de su mundo. Sometidos a sanciones devastadoras, esa vida política se torna imposible en el “patio trasero” de los Estados Unidos, apoyada por los representantes locales de esos intereses. Todo intento de derribar las cercas del patio ha sido enfrentado con la gama de armas descritas por Albright.
¿Cuál es el resultado de esa política?
Con otras características, esa política se repite en Venezuela, con los efectos descritos por Weisbrot y Sachs. Salvo que se gobierne alineado a los intereses de Washington, la intervención norteamericana, ejercida por el gobierno o por sus ONG, desequilibra el escenario, inclina la balanza hacia determinado sector de la sociedad, haciendo imposible que el peso de cada uno se refleje libremente en los resultados electorales.
Vean la situación de Nicaragua. Vayamos a las elecciones de 1990. Yo estuve allá. Fue impuesta tras una guerra organizada y financiada por Washington que hizo imposible cualquier esfuerzo por administrar el país que, en medio del conflicto, no tenía posibilidad alguna de garantizar a sus ciudadanos ni la vida. Menos la perspectiva de un desarrollo económico y social. ¡Nada! La guerra lo consumía todo. Como si fuera poco, con la amenaza de que, ante un eventual triunfo sandinista, Washington continuaría promoviendo esa guerra.
En ese escenario se celebraron las elecciones. ¿Se podía celebrar así una elección libre? ¿Podían los nicaragüenses expresar libremente su voluntad?
Ganó la oposición, pero la vida política del país no pudo volver a un cauce “normal”, donde los diferentes puntos de vista se expresan en igualdad de condiciones. Se sucedieron los gobiernos apoyados por Washington: Violeta Chamorro, Bolaños, Alemán; el pacto aberrante Ortega-Alemán, mientras el sistema político se desdibujaba, hasta llegar a los extremos de hoy.
El intento de una “revolución de colores”, en abril del 2018, enfrentada con las armas por el gobierno, extrajo todo oxígeno de la burbuja política, donde hoy nada sobrevive. No hay vida en el escenario político de Nicaragua.
En enero del 2018, contratistas de la USAID presentaron el informe final de un proyecto quinquenal (de abril del 2013 a febrero 2018) de “Capacitación para la defensa de la Sociedad Civil”. Entre los objetivos del proyecto estaba “el desarrollo de las capacidades de USAID/Nicaragua para que las organizaciones clave/objetivo, muchas de las cuales reciben apoyo a través de otras actividades de democracia y gobernabilidad financiadas por la USAID, puedan alcanzar mejor los objetivos del programa acordados mutuamente”. Pretendían también “mejorar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y de los individuos para coordinarse cada vez más y trabajar en red entre sí, con el sector privado y con los medios de comunicación, para promover la concienciación, la defensa y el activismo”, iniciativas que “llegaron directamente a más de 3.599 nicaragüenses” (accediendo aquí se puede obtener el informe).
¿No aprendemos nada de todas estas experiencias?
¿Es posible explicar estos escenarios sin la intervención de Washington? Es fácil imaginar los efectos que proyectos de esta naturaleza tienen en un pequeño y pobre país como Nicaragua y como afectan su desarrollo político. Y difícil imaginar que el intento de una “rebelión de colores”, en abril, no tenga relación alguna con estos proyectos.
¿Qué oxígeno puede haber para alimentar la vida en la burbuja política sometida a esos instrumentos? ¿Qué espacio deja para el desarrollo libre de la política nacional? Es el instrumento con el que se extrae todo oxígeno de esa burbuja política en los países latinoamericanos cuando fuerzas transformadoras, no alineadas con los intereses de Washington, aspiran a dirigir los destinos de una nación
América Latina produce más de un tercio del litio mundial, cuenta con importantes yacimientos de cobalto, manganeso, níquel, tierras raras y otros minerales, recordaba en un artículo sobre las “grandes oportunidades en Latinoamérica”, Shannon K. O’Neil, vicepresidente de Estudios y Senior Fellow para Estudios Latinoamericanos del Council on Foreign Relations. En Venezuela están en juego enormes recursos petroleros y mineros. La disputa electoral se da, además, en el escenario de un gran reacomodo de los poderes mundiales.
“Si hay algo de cierto en la idea en que la geopolítica se está convirtiendo en una competición entre autoritarismo y democracia, América Latina se sitúa claramente del lado de Estados Unidos y Occidente. A pesar de la pobreza, la desigualdad, la violencia y el debilitamiento del Estado de derecho, hay más personas que eligen vivir bajo un gobierno democrático que en las sociedades europeas y norteamericanas”, agregó O’Neil.
De modo que el mismo lunes, menos de 24 horas de cerradas las urnas, el secretario de Estado, Antony Blinken, manifestó desde Tokio, donde se encontraba, “serias preocupaciones” por los resultados anunciados en Venezuela.
El presidente chileno, Gabriel Boric, estimó, por su parte, que los resultados publicados por la autoridad electoral venezolana “son difíciles de creer”. El caso del Presidente chileno es particularmente llamativo. Su política exterior coincide con frecuencia, como en el caso de Venezuela, con la de los representantes de los gobiernos de una derecha históricamente responsable de las mayores violaciones de los derechos humanos en la región. Lo hace, naturalmente, en “nombre de la defensa irrestricta” de los derechos humanos.
El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, hizo un llamado a un golpe de Estado. Lo puso en Facebook el mismo domingo, 28 de julio: “Señor ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino, como ciudadano de un país democrático lo exhorto, respetuosamente, apelando a su patriotismo, a que defienda la voluntad popular del pueblo venezolano expresada el día de hoy en las urnas”.
¿Y cuál era esa voluntad? ¿Cómo lo sabía Oscar Arias? No lo sabía. Ni importaba. Como agregó en esa misma nota, el resultado debía reflejar “lo expresado por las diferentes encuestas tomadas a los electores después de emitir su voto. Un resultado diferente solo tiene un nombre: fraude electoral”.
Pero la oposición no presentó prueba alguna de ese fraude. Eran las encuestas que manejaba, como lo decía Machado, el lunes después de las elecciones: “A lo largo del día, con los conteos rápidos, fuimos monitoreando cómo iba la participación, hora a hora”. “Cuatro conteos rápidos, autónomos e independientes, dieron los mismos resultados de las encuestas”. Eso era todo.
¿Se imaginan un golpe militar en Venezuela? ¿Alguien piensa que sería muy distinto al de Chile, en 1973? ¿Una traición de los militares, como la de Pinochet, a la institucionalidad y a sus juramentos? ¿María Corina Machado y Edmundo González gobernando Venezuela? ¿Es falsa toda la historia que vincula a González, entonces diplomático venezolano en El Salvador, con algunos de los crímenes más cueles en los años de la guerra en aquel país?
El mundo en el que Arias sueña con un golpe, ¿es el mismo de 1973, cuando Pinochet derrocó a Allende, con el apoyo de Hayek, Friedman o Kissinger? ¿O el mundo con el que soñaba Albright?
La derecha liberal puede ser extrema, cuando hace falta. O democrática, cuando les es suficiente. Por ahora, está en pleno desarrollo el proceso electoral en Venezuela, que debe culminar con un peritaje y resultados definitivos, que el Tribunal Supremo de Justicia deberá divulgar.
Pero hace falta que América Latina pueda disfrutar de una vida política sin la interferencia desmedida de Washington, que enrarece el aire político de la región.
