POR JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ BONILLA /
La Ministra de Agricultura del Gobierno Petro explica la importancia de la jurisdicción agraria y del reconocimiento a los campesinos como sujetos de derechos, dos reformas constitucionales aprobadas recientemente en el Congreso de la República.
A la ministra de Agricultura de Gustavo Petro, Jhenifer Mojica Flórez, se le ve serena y sonriente. Hace pocos días el Congreso de la República aprobó en último debate la creación de la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, dos reformas constitucionales que, según ella, cambiarán la vida de más de 15 millones de hombres y mujeres que hoy en día se identifican como campesinos. La jurisdicción crea juzgados y tribunales especializados en resolver los problemas de tenencia y propiedad de la tierra en el campo. El reconocimiento del campesinado deja explícito en el artículo 64 de la Constitución que los campesinos son sujetos políticos de especial protección, como lo ha pedido la ONU. “Resolver los conflictos sobre la propiedad de la tierra en instancias judiciales y no por la vía violenta será cortar para siempre con esa cadena ininterrumpida que ha generado una deuda histórica de desigualdad y guerra”, dice la alta funcionaria en esta entrevista.
Mojica (Bucaramanga, 38 años) tiene en la mano dos semillas orgánicas de fríjoles que le regalaron mujeres de una asociación campesina durante la Feria Internacional del Ambiente en Bogotá. Acaba de participar en un panel con la vicepresidenta, Francia Márquez; y las ministras de Medio Ambiente, Susana Muhamad, y Ciencia, Yesenia Olaya. “Lograr que el Congreso aprobara el mismo día dos proyectos a los que les he dedicado parte de mi vida fue una inyección de fe, de energía positiva, de renovar los votos de confianza del Congreso con el gobierno de Gustavo Petro”, dice sonriente. En días turbios y de crisis política, las únicas grandes reformas del ejecutivo aprobadas este semestre son las que lideró Mojica. “Esto demuestra que el cambio es posible”, afirma.
Dignificación del campesinado
¿Qué sintió cuando el Congreso aprobó en octavo y último debate la creación de la jurisdicción agraria y el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos?
Fue muy emocionante. Es sentirse parte de un momento histórico para Colombia. Es asombroso poder ser ministra de Agricultura justo cuando la resistencia de muchas generaciones de campesinos que se han sacrificado por la tierra está dando resultados. Yo llevaba 15 años haciendo de todo para que los gobiernos miraran al campesinado y adoptaran las recomendaciones de Naciones Unidas. Participé en movilizaciones multitudinarias, hice litigio estratégico, activismo, mingas, pero esta semana me di cuenta de que lo que faltaba era voluntad política. Esto muestra que el cambio es posible. Por fin llegó el día en que se dignifica al campesinado.
¿Qué significan estas victorias en medio de la profunda crisis política que vive el Gobierno?
Lograr que el Congreso aprobara el mismo día dos proyectos a los que les he dedicado parte de mi vida fue una inyección de fe, de energía positiva, de renovar los votos de confianza con el Gobierno de Gustavo Petro, con su compromiso político y con la necesidad de darles respuesta a las bases que eligieron el cambio. Estas agendas sociales están por encima de todo. El país las necesita. Las logramos dialogando, cediendo, haciendo consensos, tejiendo ideas y conocimientos con otros.
¿Por qué es tan importante resolver los problemas de tierras de Colombia?
La tierra ha sido la causa, el centro y el síntoma del conflicto armado colombiano de las últimas seis décadas. El informe de la Comisión de la Verdad lo ratifica y ordena al Estado implementar el punto uno del Acuerdo de Paz, la reforma rural integral. Ahí se incluye el acceso y la compra de tierras, la jurisdicción agraria, el ordenamiento en torno al medio ambiente. Tenemos cifras escalofriantes de concentración de la tierra: el índice Gini de desigualdad rural es de 0,92. Las tierras más productivas están en muy pocas manos, mientras que la mayoría de campesinos que producen los alimentos tienen muy poca tierra para trabajar.
¿Qué pasa con el despojo, el desplazamiento forzado y la informalidad en la propiedad de la tierra?
Tenemos un problema de despojo enorme. Más de ocho millones de hectáreas han sido despojadas a sangre y fuego, violentamente, a pueblos campesinos, indígenas y negros. Hay más de nueve millones de víctimas de desplazamiento forzado. Además, el 60% de las tierras en Colombia está en la informalidad, es decir, seis de cada diez personas que tienen una finca no tienen título de propiedad ni seguridad jurídica sobre sus derechos de uso. Tenemos pueblos indígenas con más de 4.000 solicitudes estancadas para consolidar sus resguardos. Todo esto es lo que hay que cambiar. Estamos contentos porque el debate ha ganado actualidad y relevancia gracias al presidente y a su apuesta política de la reforma agraria. Hay un consenso nacional.
La aprobación de la jurisdicción agraria se logró, dice usted, tejiendo acuerdos con la oposición y con las altas cortes, ¿cómo fue el proceso?
Sí, esto muestra que la justicia sintió el llamado de la construcción de paz. El hecho de que el Consejo de Estado, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y el de Agricultura se hayan puesto de acuerdo para crear una solución práctica para que la justicia llegue al campo es importante. Resolver los conflictos sobre la tierra, sobre el agua, sobre los linderos, sobre las servidumbres, en instancias judiciales y no por la vía violenta es cortar para siempre esa cadena ininterrumpida de deudas históricas de desigualdad y guerra; es lograr entre todos el país que queremos.
¿Cómo se va a implementar la jurisdicción agraria? ¿Qué va a pasar en los territorios?
Ya empezamos a preparar una mesa técnica entre las altas cortes y el Gobierno para construir la ley que reglamenta la reforma constitucional. El presidente Petro ha asumido un compromiso con el Consejo Superior de la Judicatura de destinar partidas presupuestales de inmediato para crear los primeros juzgados y tribunales agrarios. Esperamos que los jueces sean del territorio, que conozcan los problemas sociales de las comunidades y sobre todo que sean interdisciplinarios, que incluyan temas de medio ambiente, étnicos, de ordenamiento territorial y catastrales. Sabemos que la lectura de la justicia ordinaria no es suficiente en estos casos. Ojalá tengamos juzgados itinerantes, que lleguen a los lugares más alejados y tengan relación directa con la gente. Esperamos que la justicia oportuna y eficaz y los medios alternativos de resolución de conflictos sean la ruta de la paz total en el campo.
¿Qué opina de que no se haya creado una corte agraria independiente?
Creo que la solución a la que llegamos fue la mejor. Tendremos órgano de cierre: la Corte Suprema para temas particulares y el Consejo de Estado para los públicos. Además, tendremos un sistema de justicia de primera y segunda instancia con juzgados y tribunales especializados en ruralidad. Serán excepcionales los temas que por su importancia se lleven a las altas cortes.
¿Por qué era necesario que se reconociera a los campesinos como sujetos políticos y de derechos?
Hasta esta semana el campesinado era un grupo poblacional desconocido en la Constitución del 91. Allí se reconoció prioritariamente a los pueblos étnicos y se dejó por fuera a los campesinos. Además, en el proceso de apertura económica de las últimas décadas del siglo XX también se quiso desconocer al campesinado como sujeto político. Durante el proceso de industrialización previo, lo campesino parecía marginal y las políticas económicas lo igualaron a la clase obrera. Después fue condenado por la violencia a ser víctima y desplazado.
¿Cómo ayuda a los campesinos este reconocimiento en la Constitución Política?
Todas las políticas agrarias en el mundo han sido gracias al movimiento, la lucha y la resistencia campesina. Colombia no es la excepción. La diferencia es que este es un gobierno de base popular campesina, que se comprometió a luchar de la mano con ellos desde la campaña. Este reconocimiento nos permite tener mejores condiciones de acceso a tierras, de participación política, de protección de sus semillas, de sus formas de vida. Con este reconocimiento habrá mayor inversión social y atención prioritaria para que las campesinas y los campesinos puedan mejorar sus condiciones de vida.
¿Cómo aportan la jurisdicción agraria y el reconocimiento de los campesinos a la gran reforma agraria que propone el Presidente?
Son transversales. La reforma agraria busca la dignificación del campesinado y de la agricultura que produce los alimentos que necesitamos para luchar contra el hambre. La reforma agraria tiene que ver con compra de tierras, con inversión en ciencia y en tecnología, con mejores condiciones para que Colombia sea una potencia agroalimentaria. La jurisdicción agraria y el reconocimiento de los campesinos van en esa misma dirección.
El País, España.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
