POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
En estos días de lucha, movilización y huelga del magisterio colombiano, convocado por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para exigirle al Senado el respeto al texto del proyecto de Ley Estatutaria, “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación” aprobado en la Cámara de Representantes, el cual incorporaba los acuerdos pactados entre la Federación y el Ministerio de Educación y los miembros de la comisión plural de ponentes de la Comisión Primera de la misma, que fue objeto de cambios inconsultos, introducidos mediante una “enmienda” que desvirtuó el propósito de defensa y garantía del derecho fundamental a la educación. En la componenda participaron los senadores ponentes, David Luna (Cambio Radical) Paloma Valencia (Centro Democrático), María José Pizarro, Ariel Ávila (Pacto Histórico-Partido Verde) y Juan Carlos García (Partido Conservador), la cual desconoció “los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y FECODE” e incluyó “propuestas regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación” (comunicado de Fecode 07/06/2024).
Fecode convocó un paro nacional a partir del 12 de junio, para exigir el respeto a los acuerdos o el hundimiento del proyecto que enmendó el contenido del texto aprobado en la Cámara de Representantes. La respuesta del magisterio fue unánime y las movilizaciones fueron masivas en todas las ciudades capitales de los departamentos del país, principalmente en Bogotá en donde se realizó una toma de la capital a la que concurrieron delegaciones de todos los departamentos y distritos de Colombia. Delegaciones que, junto a miles de maestros y maestras de Bogotá y Cundinamarca, se concentraron en la Plaza de Bolívar, del 15 al 19 de junio, en manifiesta demostración de combatividad, acompañada de consignas en defensa de la educación pública, rechazo a la enmienda inconsulta, de exigencia del “hundimiento” del proyecto de ley alterado, todo ello acompañado de alegres y coloridas demostraciones culturales y folklóricas de sus saberes pedagógicos.
La defensa del derecho fundamental a la educación y de los derechos del gremio docente, superó, así hubiese sido por este interregno de lucha, las barreras y la división impuesta por los gobiernos neoliberales desde 2003, entre docentes del Decreto 2277 y del 1278, para desarrollar la lucha unificada en la que participaron tanto afiliados a Fecode y sus sindicatos, como los que no lo son o pertenecen a los 50 pequeñas organizaciones sindicales que en el país agrupan una parte de los y las docentes del Decreto 1278. La causa común de defensa de la educación y la profesión docente, ha permitido vivir una experiencia de unidad y lucha conjunta, más allá de las divergencias y las fracturas impuestas al gremio de educadores.
Y, no es para menos, pues las amenazas a la educación pública y a la profesión docente, contenidas en el proyecto de reforma estatutaria golpeaban el derecho a la educación pública que es la que imparten maestros y maestras, profesionales de la educación; en consecuencia las objeciones también son comunes; por tal motivo todos y todas, sin distingo del estatuto docente que los rige, salieron a respaldar el comunicado de Fecode, en el que explican las razones que motivaron el rechazo rotundo al proyecto alterado con la llamada enmienda acordada por senadores y senadoras, opositores y defensores del Gobierno, ponentes de la Comisión Primera de la cámara alta.
Estas son las principales razones:
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Ponía en riesgo la financiación de la educación pública, con presupuesto público y favorecía el negocio de la educación privada financiada con dineros públicos, mediante los llamados “bonos escolares” para la educación formal en colegios privados; prácticas de privatización y mercantilización de la educación pública ya fracasadas en gobiernos anteriores, como el programa “Ser pilo paga”, con que los mercaderes de la educación esquilmaron el erario en miles de millones de pesos. Favorecía el enfoque de educación por competencia y estándares, evaluables según los parámetros de los organismos internacionales, OCDE, FMI, etc. y eliminaba “el carácter y la función social que cumple la educación pública”.
- Cambiaba el carácter del derecho fundamental de la educación como servicio público, por el de la educación como servicio público esencial, con el único fin de prohibir al magisterio el ejercicio del legítimo derecho a la negociación y la realización de paros y movilizaciones pacíficas para exigir reivindicaciones y defender sus derechos, amparadas en pactos internacionales (OIT) y en el ordenamiento constitucional colombiano.
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Pretendía crear una “Superintendencia de la Educación” para ejercer inspección y vigilancia, como si la educación fuera una práctica similar la industria y el comercio, o a la actividad bancaria o las prácticas delincuenciales de las EPS “vigiladas” por la Superintendencia de Salud que saquearon sin ningún control los recursos públicos de este importante sector. La dirección y el control de la prestación de la educación deben continuar en manos del Ministerio de Educación Nacional.
- Además de mantener la evaluación de los y las docentes con criterio punitivo, sancionatorio; así se llame “diagnóstica formativa”, agregaba como criterio de evaluación de los/as docentes los resultados de las pruebas estandarizadas y de evaluación por competencias y saberes normalizados en otras áreas, impuestas por los organismos internacionales (“pruebas saber, de grados 5º, 9º y 11º”), que no evalúan otros factores, como el saber, la autonomía y la aprehensión del conocimiento, las aptitudes, y los valores inherentes a la convivencia democrática, cuyos resultados no dependen del ejercicio pedagógico únicamente, sino de otros factores que determinan el rendimiento escolar, como la vivienda, la salud, la alimentación, el agua potable, la conectividad, la dotación de materiales y texto escolares y demás componentes inherentes al desarrollo humano, etc.; además, tampoco consultaba “con las desigualdades del país y otras variables que inciden en el aprendizaje de los niños” (Carolina Corcho).
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Negaba el deber constitucional de garantizar la educación como derecho fundamental, con tres grados de educación prescolar, la educación básica, media y la educación superior, gratuita y de calidad en las instituciones públicas, contenidas en el programa de Gobierno del presidente Petro.
- Introducía el extraño concepto de educación terciaria equiparable a la educación superior. Al respecto, el nuevo Rector de la Universidad Nacional manifestó su preocupación por la inclusión del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC “como eje estructural del sistema educativo, y por las posibles consecuencias que esto podría acarrear para la educación superior y el rol del docente”) (Infobae) y criticó el artículo 18 que incluía el derecho fundamental a la educación terciaria, que junto con el dicho marco de cualificaciones “conduciría a la pérdida de singularidad de la universidad pública , sometiéndola a la “armonización” formativa con la educación no formal y la educción para el trabajo y el desarrollo humano” (Infobae).
Finalmente, la enmienda que alteraba el contenido democrático del proyecto de Ley Estatutaria no fue incluida en la agenda de la última sesión del Senado en esta legislatura que terminó este jueves 20 de junio. Fue una gran victoria del magisterio colombiano que contó con el poyo del movimiento estudiantil.
Fecode manifestó, al celebrar la victoria, que se mantiene en estado de alerta y en disposición de retomar el camino de la negociación y los acuerdos.
Hubo que ceder en varias pretensiones para sacar adelante el proyecto que fue aprobado en la Cámara y que pasó al Senado, sustancialmente en lo que se refiere a la “sostenibilidad”. El acuerdo rezaba que “El Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la educación, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”. Con ese acuerdo Fecode avaló el sometimiento a la neoliberal regla fiscal impuesta por los organismos multilaterales al aceptar el fortalecimiento del Sistema General de Participación. Y, dejaron de lado la exigencia del retorno al situado fiscal, contenido en la Constitución original de 1991 (artículo 356). Con esta decisión la educación y la salud del pueblo colombiano siempre vivirán en agudo estado deficitario.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
