POR DANIEL SANTORO /
El fiscal argentino Carlos Stornelli imputó al cuestionado mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez por una serie de ejecuciones extrajudiciales y desaparición de personas cometidas por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Colombia entre 2002 y 2008.
En desarrollo de la apertura de la investigación el fiscal solicitó al juez Sebastián Ramos que tome una serie de testimonios y mande exhortos a Colombia.
A Uribe Vélez se le investiga por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos entre el 2002 y el 2008 al permitir 6112 ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares contra guerrilleros.
La causa la abrió el fiscal Carlos Stornelli quien pidió al juez Sebastián Ramos una serie de medidas de pruebas y la toma de testimonio de familiares de víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales.
Se trata Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo quienes formularon la denuncia ante el fiscal.
Stornelli buscará determinar “la presunta responsabilidad penal del nombrado Alvaro Uribe Vélez, ex presidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia entre el 08 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008”.
Esos crímenes, según la denuncia, dejaron “un saldo de 6112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidos como “falsos positivos”; ello en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dado en un contexto de conflicto armado”.
En su requerimiento de instrucción se relatan concretamente los casos de los asesinatos de Luís Eduardo Oñate, Alvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo, y el asesinato y desaparición forzada otras siete víctimas que aún no pudieron ser identificadas, cuyas muertes acaecieron a manos de elementos de las Fuerzas Armadas en la República de Colombia.
La imputación es porque ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de personas fueron presentados por “por parte de cuadros del Ejército Nacional como falsas bajas producidas en combate; ello, en el marco de un conflicto armado interno de larga data con grupos guerrilleros tales como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del pueblo (FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19)”.
La radicación de la denuncia ante los tribunales judiciales argentinos, para investigar y juzgar una presunta responsabilidad penal por hechos acaecidos en territorio de otro Estado, fue fundada por el fiscal Stornelli “en el principio de jurisdicción universal, e invocaron el art. 118 in fine de la Constitución Nacional, la ley 26.200, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos. 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación”.
De acuerdo al referido principio de Jurisdicción Internacional, “los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos, y aunque no medie punto contacto tampoco en razón de la nacionalidad de las víctimas o de los responsables, ni de ningún otro tipo con el Estado que asuma tal jurisdicción”.
Luego el fiscal pidió al juez que se libren una serie de exhortos internacionales de cooperación en el marco de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de la OEA -firmada, ratificada y depositada por la República Argentina y adherida y depositada por la República De Colombia.
Los exhortos están dirigidos al Presidencia de la República de Colombia, Gobierno nacional. Ministerio de la Defensa y Ministerio del Interior, “a fin de que se remitan copias certificadas de actas de reuniones (internas y con terceros), notas internas, comunicaciones que se hicieron entre 2002 y 2010 acerca de conductas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate”, entre otros datos.
La causa la abrió el fiscal Carlos Stornelli quien pidió al juez Sebastián Ramos una serie de medidas de pruebas y la toma de testimonio de familiares de víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales. Se trata Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo quien formularon la denuncia ante el fiscal.
Stornelli buscará determinar “la presunta responsabilidad penal del nombrado Alvaro Uribe Vélez, ex presidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia entre el 08 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008”.
Esos crímenes, según la denuncia, dejaron “un saldo de 6112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidos como ‘falsos positivos’; ello en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dado en un contexto de conflicto armado”.
En su requerimiento de instrucción se relatan concretamente los casos de los asesinatos de Luís Eduardo Oñate, Alvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo, y el asesinato y desaparición forzada otras siete víctimas que aún no pudieron ser identificadas, cuyas muertes acaecieron a manos de elementos de las Fuerzas Armadas en la República de Colombia.
Clarín, Buenos Aires.
