LA JORNADA /
Cientos de jóvenes, mujeres con niños y familias completas partieron el pasado sábado 20 de enero San Pedro Sula, Honduras, con el propósito de llegar a Estados Unidos atravesando Guatemala y México. Por el momento, el grupo se encuentra detenido por las autoridades guatemaltecas, pero el destino de la caravana es incierto. Horas antes de que iniciara esta peregrinación, el Instituto Nacional de Migración (INM) la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Policía del mexicano estado de Veracruz rescataron en dos acciones a 371 migrantes que fueron abandonados por los traficantes de personas que los transportaban hacia el norte. Del total de viajeros, 334 son originarios de Guatemala, ocho de República Dominicana, ocho de Bangladesh, seis de Cuba, China y Ecuador, respectivamente, dos de El Salvador y uno de Nicaragua, lo cual ilustra la variedad de orígenes de quienes atraviesan el territorio mexicano para alcanzar suelo estadunidense. Asimismo, destaca que 79 son niñas, niños y adolescentes, de los cuales, 33 viajaban solos.
Estos acontecimientos subrayan la importancia de diseñar e implementar políticas con el fin de preservar la integridad física y patrimonial de las personas en tránsito y, de manera ideal, de acabar para siempre con los desplazamientos humanos provocados por el hambre, la inseguridad, la falta de oportunidades, los salarios insuficientes y otros males que no son productos de la naturaleza, sino de decisiones políticas y del modelo económico imperante. Por sus recursos financieros, su influencia global y sus capacidades logísticas, el gobierno estadunidense es quien más podría hacer por un cambio en las condiciones de vida que padecen las mayorías en los países expulsores de migrantes. Lamentablemente, tanto el gobierno como la oposición EE.UU. se encuentran enfrascados en un estira y afloja politiquero en el que los migrantes son usados como moneda de cambio: los legisladores y gobernadores republicanos azuzan la xenofobia de sus bases y alimentan el temor a una invasión de extranjeros indeseables por su pobreza y el color de su piel. Por su parte, la administración demócrata, supuestamente sensible y solidaria con los migrantes, está dispuesta a sacrificarlos tanto para obtener el apoyo de sus contrincantes en asuntos que consideran prioritarios como por cálculos electoreros de cara a la renovación de la Presidencia y el Congreso que se disputará a finales de año. En este sentido, debe recordarse que el presidente Joe Biden ya ofreció al bando conservador adoptar su agenda antimigrante con tal de desbloquear un paquete de 100 mil millones de dólares en asistencia militar para Ucrania e Israel.
Estas actitudes revelan que en Washington prevalece una postura oportunista desde el punto de vista político y una visión reactiva ante la migración irregular, es decir, que se pretende frenarla cuando ya está en marcha en vez de impulsar políticas públicas y reformas económicas que eliminen las razones que orillan a la gente a migrar. Las autoridades estadunidenses harían bien en atender las declaraciones de la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien calificó de productivo el encuentro sostenido el pasado viernes 19 de enero con sus contrapartes, y destacó que una movilidad laboral segura, ordenada, regular, humana y palanca de desarrollo se puede lograr mediante la cooperación regional y la visión de largo plazo.
La llegada del progresista Bernardo Arévalo al Poder Ejecutivo en Guatemala debería acabar con las reticencias de Washington a involucrarse en el desarrollo de Centroamérica impulsado por México a través de programas sociales de enorme impacto, cuyo alcance está limitado por la falta de recursos, pero podrían generar una verdadera ola de progreso si la Casa Blanca les asignara una fracción de lo que ha dilapidado y desea dilapidar en guerras que se libran a miles de kilómetros de sus fronteras.
El presidente Biden debe abandonar su cortoplacismo autodestructivo. Si se une a los republicanos para desmantelar lo que queda de los derechos humanos de los migrantes con normas abiertamente xenófobas y contrarias a la legalidad internacional, perderá el apoyo de sus bases progresistas y no atraerá al voto conservador, que verá las nuevas restricciones como un triunfo de sus oponentes. Con este proceder, violaría los derechos humanos de los migrantes, prolongaría el sufrimiento de civiles y militares en Europa oriental, seguiría contribuyendo al genocidio perpetrado por Tel Aviv y, para colmo, reduciría sus probabilidades de frenar a la ultraderecha en los próximos comicios.
La Jornada, México.
