POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Las declaraciones y su alcance
Las declaraciones del coronel (r) Hernán Mejía Gutiérrez y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han revelado una verdad incómoda: la connivencia entre el Estado colombiano, los grupos paramilitares y sectores políticos y económicos tradicionales. Estas revelaciones no son nuevas en su esencia, pero sí en su alcance y detalle. Mancuso, por ejemplo, ha descrito cómo los paramilitares operaban con la complicidad de las Fuerzas Militares, utilizando helicópteros y logística del Estado para llevar a cabo masacres y operaciones ilegales.
Por su parte, el coronel Mejía ha señalado que las decisiones estratégicas de los grupos armados no se tomaban en las selvas, sino en los círculos de poder político y económico del país.
Estas declaraciones confirman lo que muchos han denunciado durante años: el paramilitarismo no fue un fenómeno aislado, sino una herramienta de control social y político al servicio de intereses económicos y políticos. La narrativa oficial, que presentaba a los paramilitares como «autodefensas» enfrentadas a la guerrilla, se desmorona ante la evidencia de que estos grupos actuaban en coordinación con el Estado y con sectores de la élite.
La estructura de poder y la manipulación
El problema no se limita a la existencia de estas alianzas, sino a la estructura de poder que las sostiene. Las declaraciones de Mancuso y Mejía revelan una red de complicidades que incluye no solo a militares y paramilitares, sino también a expresidentes, políticos, empresarios y funcionarios públicos. Esta red operaba bajo un esquema de repartición de responsabilidades, donde cada actor cumplía un rol específico para mantener el control territorial y político.
Por ejemplo, Mancuso menciona cómo los helicópteros utilizados por los paramilitares eran pilotados por exmilitares que alternaban sus servicios entre las fuerzas del Estado y los grupos ilegales. Esto no solo demuestra la coordinación entre ambos bandos, sino también la existencia de un sistema que permitía la impunidad de estos actores. La pregunta que surge es: ¿cómo era posible que estas operaciones se llevaran a cabo sin que las autoridades competentes las detectaran? La respuesta es simple: porque las autoridades competentes eran parte del sistema.
La reacción de la ultraderecha: desinformación y falacias
Frente a estas revelaciones, la ultraderecha colombiana ha desplegado una estrategia de desinformación y manipulación mediática. Su objetivo es claro: desacreditar el proceso de investigación de la JEP y evitar que se expongan las responsabilidades de quienes promovieron y se beneficiaron del paramilitarismo. Para ello, han recurrido a varias tácticas:
Equiparan las acciones de los paramilitares con las de la guerrilla, argumentando que ambos bandos cometieron crímenes atroces. Esta estrategia busca justificar las acciones del Estado y los paramilitares bajo el argumento de que «todos eran iguales».
Victimización invertida: presentan a los militares y políticos implicados como víctimas de una persecución política, ignorando que están siendo investigados por graves violaciones a los derechos humanos.
Desprestigian a quienes denuncian estas alianzas, como el presidente Gustavo Petro, a los congresistas de izquierda, los defensores de derechos humanos, y todo aquel que se atreva confrontar su pasado, tachándolos de «comunistas» o «terroristas» para esto utilizan los medios de comunicación tradicionales que pertenecen a la oligarquía y a empresarios seriamente comprometidos con el paramilitarismo.
Esta estrategia no es nueva. Durante décadas, la ultraderecha ha utilizado el miedo y la desinformación para mantener el control político. Sin embargo, lo que ha cambiado es el contexto: hoy, con un Gobierno progresista que busca romper con el pasado de impunidad y corrupción, estas tácticas se han intensificado.
El Gobierno del Cambio y la lucha por la verdad
El Gobierno de Gustavo Petro representa un desafío directo al modelo tradicional de dominación de la ultraderecha. Por primera vez en décadas, un gobierno no alineado con los intereses de la élite tradicional está dispuesto a confrontar las estructuras de poder que han sostenido la violencia y la desigualdad en Colombia. Las declaraciones de Mancuso y Mejía son parte de este proceso de confrontación, ya que exponen las raíces del conflicto y las responsabilidades de quienes lo perpetuaron.
Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos. La ultraderecha de la mano del cuestionado y procesado expresidente Álvaro Uribe Vélez y el jefe de la banda, el impresentable senador conservador Efraín Cepeda Sarabia al sentirse amenazada, ha intensificado su campaña de desestabilización. Las acusaciones infundadas contra Petro, los llamados al caos y la manipulación mediática son intentos desesperados por recuperar el poder perdido. El objetivo es claro: frenar todos los procesos sociales en el Congreso para generar un ambiente de incertidumbre y miedo que justifique el retorno de los sectores que pactaron con el paramilitarismo y la corrupción.
Un llamado a la memoria y la verdad
Las declaraciones del coronel Hernán Mejía y Salvatore Mancuso ante la JEP no solo exponen el pasado, sino que iluminan el presente político de Colombia. La lucha por la verdad y la justicia es clave para que el país no caiga nuevamente en el círculo vicioso de la impunidad y la manipulación mediática.
La sociedad colombiana enfrenta una disyuntiva: permitir que la mentira y el miedo dicten el futuro del país o asumir una postura crítica y consciente frente a los intentos de restauración del viejo orden. Solo mediante la memoria, el debate informado y el compromiso con la verdad se podrá consolidar un camino hacia la justicia y la paz real.
En última instancia, las revelaciones de Mejía y Mancuso son un recordatorio de que el poder no se entrega voluntariamente. La ultraderecha, al perder el control, recurre a la mentira y la manipulación para recuperarlo. Pero la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia un futuro más justo y equitativo para Colombia.
