POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La violencia que intenta silenciar la voz del pueblo solo confirma la urgencia del cambio. La Consulta Popular es el grito democrático que la ultraderecha teme.
En Colombia, la historia no se repite: insiste. Cuando el pueblo empieza a despertar, el poder tradicional responde como siempre ha sabido hacerlo con miedo, con trampas… y con violencia.
La reciente decisión de un juez de la República que ordena repetir la votación del Senado sobre la Consulta Popular laboral no es una noticia más en la maraña política nacional. Es un acto de justicia popular que corrige lo que fue, a todas luces, un fraude parlamentario, un intento de enterrar por la vía burocrática lo que ya había nacido en las calles, en los barrios y en la conciencia de millones la voluntad de decidir.
Pero como en toda encrucijada histórica, la reacción no se hace esperar. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, más allá de las legítimas diferencias ideológicas que podamos tener con él, constituye un hecho profundamente alarmante. No solo por el horror de ver a un menor armado, con un arma proveniente de Estados Unidos ¿quién la trajo?, ¿quién la compró?, ¿quién dio la orden?, sino porque este acto se inscribe en un patrón conocido, la violencia como instrumento para sabotear el cambio.
Ya lo vivimos antes. Cuando los poderosos ven que el pueblo se organiza, legisla y decide, prefieren el caos a la democracia, el crimen a la transformación. Lo vimos con Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Galán, con Pizarro, con líderes sociales, con sindicalistas, con candidaturas incómodas. Hoy lo volvemos a ver.
En este contexto, la consulta popular no es un trámite legislativo. Es un momento constituyente. Es el pueblo, como sujeto político, tomando las riendas del destino nacional. Por eso la nueva votación en el Senado no puede estar marcada por las presiones partidistas, ni por el chantaje de los jefes de bancada, ni por el cálculo electoral.
Esta vez, senadoras y senadores tendrán que votar con el corazón puesto en el pueblo colombiano. Nadie puede impedirlo. Porque esta no es una ley cualquiera. Es una decisión sobre quién manda en Colombia: si una oligarquía temerosa o un pueblo soberano.
El atentado no solo busca desestabilizar al Gobierno del Cambio. Busca infundir miedo en quienes se atreven a apoyar la consulta, en quienes creen que Colombia puede ser otra cosa que el botín de unos pocos. Por eso es tan importante cerrar filas. No alrededor de un partido, sino alrededor de una idea: la democracia no puede ser rehén del terror.
Desde aquí va una expresión de solidaridad sincera con el presidente Gustavo Petro. Y también, con Miguel Uribe Turbay. Nadie merece morir por sus ideas. Nadie debe ser blanco de la violencia política. Porque si caemos en esa lógica, lo perdemos todo, la ética, la justicia y el país.
Es hora de que el pueblo colombiano lo entienda con claridad nos jugamos la posibilidad de construir una nación verdaderamente democrática, donde la gente común tenga voz, voto y poder. Lo que está en juego no es solo una reforma laboral. Es el derecho a decidir. Es el derecho a existir con dignidad.
Y a quienes intentan desatar el caos para volver al poder, les decimos: no pasarán. Colombia ya cambió. Aunque les cueste aceptarlo.
