POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Las denuncias en contra de la familia Char, analizando el contexto histórico, las acusaciones más recientes y sus implicaciones para la sociedad.
La corrupción política es un fenómeno que afecta gravemente la gobernabilidad y el desarrollo económico de una nación. En Colombia, diversos clanes políticos han sido señalados por prácticas ilícitas que incluyen desvío de recursos públicos, lavado de dinero, financiamiento irregular de campañas y compra de votos. Uno de los casos más polémicos es el del Clan Char, liderado por el ‘pater familias’, Fuad Char Abdala, con fuerte influencia en la política y economía de Barranquilla, cuyo poder se ha consolidado a lo largo de los años a través de estructuras de corrupción que han permeado diversas instituciones.
De origen sirio-libanés a convertirse en el poder más estable de la Costa Atlántica: los Char, una familia que ha sabido mover las fichas económicas y políticas para dominar la importante región Caribe colombiana. Una breve línea del tiempo muestra cómo Ricardo Char, padre de Fuad, con tan solo 26 años, en 1926, llega a Colombia, exactamente a Lorica, para armar todo un monopolio económico, que luego saltaría a la política, hasta convertirse en un clan salpicado hoy por toda una red de corrupción.
Desde hace décadas, el Clan Char ha ocupado espacios estratégicos en la política y la economía de la región Caribe, logrando una influencia significativa en la administración pública de Barranquilla. Sin embargo, esta consolidación de poder ha estado acompañada de múltiples denuncias de corrupción, las cuales han sido encubiertas o minimizadas por las mismas estructuras que controlan.
El caso más reciente involucra las declaraciones de Héctor Amaris Rodríguez, alias ‘El Oso Yogi’, quien desde Estados Unidos ha ofrecido colaborar con la Fiscalía colombiana para revelar detalles sobre los entramados de corrupción del Clan Char. En su testimonio, Rodríguez denuncia la manipulación de contratos, el desvío de recursos públicos, la financiación irregular de campañas políticas y la compra de votos, prácticas que habrían sido fundamentales para mantener el poder de la familia Char en Barranquilla.
Encubrimiento e impunidad
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, la impunidad ha sido una constante en estos casos de corrupción. La estructura de poder del Clan Char ha permitido que estas denuncias no prosperen en los estrados judiciales, gracias a su influencia en la política nacional y el control de medios de comunicación aliados.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la empresa Triple A, donde se estima un desfalco de 237.000 millones de pesos a través de contratos ficticios y pagos irregulares. A pesar de que la justicia ha investigado este caso desde 2018, los responsables no han sido sancionados de manera efectiva.
Otro caso relevante es el de la excongresista Aída Merlano, quien en 2019 denunció públicamente el entramado de compra de votos que benefició a la familia Char y otros grupos políticos del Caribe como el de los hermanos Gerlein. Sus declaraciones apuntaron directamente a Alex Char, pero las investigaciones fueron obstaculizadas.
Asimismo, el periodista Gonzalo Guillén reveló audios que demostrarían la financiación ilegal de la campaña presidencial de Iván Duque con dinero del narcotráfico, canalizado a través del narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández, quien tenía vínculos con los Char. Sin embargo, esta investigación fue archivada bajo la administración del fiscal Francisco Barbosa, y la procuradora Margarita Cabellos, cuota política del Clan Char, evidenciando su poder para bloquear procesos en su contra.
Necesidad de una respuesta social y judicial
El testimonio de ‘El Oso Yogi’ representa una oportunidad para que la justicia colombiana avance en las investigaciones contra el Clan Char y otros actores políticos involucrados en corrupción. La entrega de pruebas documentales y registros financieros podría ser clave para esclarecer los casos pendientes.
No obstante, la historia demuestra que la lucha contra la corrupción en Colombia no solo depende del sistema judicial, sino también de la presión de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Es fundamental que los ciudadanos exijan transparencia y que las instituciones actúen con independencia para evitar que estos casos queden en la impunidad.
El Clan Char ha consolidado su poder a través de redes de corrupción que incluyen desvío de recursos públicos, compra de votos y lavado de dinero. A pesar de múltiples denuncias, la impunidad ha prevalecido, protegida por influencias políticas y judiciales. Sin embargo, las nuevas declaraciones y pruebas que puedan surgir podrían representar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Colombia.
Es responsabilidad de la sociedad y las instituciones garantizar que la verdad salga a la luz y que los responsables sean sancionados. La corrupción no solo afecta la economía del país, sino que destruye la confianza en la democracia y el Estado de derecho. El desafío radica en romper el ciclo de impunidad y construir un sistema político más transparente y justo.
