POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de declarar inexequible la tasa de interés cero para los créditos estudiantiles del Icetex ha generado un debate en el país. Esta medida, que buscaba aliviar la carga financiera de miles de estudiantes y sus familias, fue tumbada bajo el argumento de inconstitucionalidad. Paradójicamente la decisión señala que la medida desconoce la Constitución, pero no violan la Carta Política los intereses que colocan las entidades financieras del gran capital, que lo que ha llevado a cuestionar el papel de la Corte y su alineación con intereses neoliberales.
Contexto y antecedentes
La ley de reforma tributaria de 2022 estableció en su artículo 95 la posibilidad de otorgar una tasa de interés cero (IPC + 0 %) para los créditos educativos del Icetex con el fin de facilitar el acceso a la educación superior. Esta medida fue vista como un avance significativo en la política educativa del Gobierno de Gustavo Petro, quien ha enfatizado la importancia de la educación como un derecho fundamental y no como un privilegio. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una decisión emitida el 4 de octubre de 2023, declaró inexequible este artículo, argumentando que violaba principios constitucionales relacionados con la sostenibilidad financiera del Icetex y la igualdad en el acceso a los recursos públicos.
Impacto en los estudiantes y sus familias
La eliminación de la tasa cero tiene un impacto directo y profundo en los estudiantes y sus familias. Según estimaciones, alrededor de 327000 estudiantes y egresados se ven directamente afectados con un incremento en las tasas de interés que oscilan entre el 12.2 % y el 17.2 % efectivo anual. Para muchos, esto significa un aumento significativo en las cuotas mensuales, lo que podría llevar a un incremento en los niveles de deserción estudiantil. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) ha expresado su preocupación al respecto, señalando que esta medida podría exacerbar las desigualdades en el acceso a la educación superior.
Análisis de la decisión de la Corte
Desde una perspectiva dialéctica, la decisión de la Corte Constitucional puede ser vista como un reflejo de las tensiones entre los intereses del gran capital y las necesidades de la población más vulnerable. La Corte, compuesta por magistrados de diversas filiaciones políticas e ideológicas, ha sido acusada de favorecer los intereses de los grandes grupos financieros privados, quienes se benefician de un sistema de créditos educativos con tasas de interés más altas. Esta crítica se ve reforzada por el hecho de que solo uno de los magistrados, Vladimir Fernández, fue elegido de una terna presentada por el presidente Petro, lo que sugiere una posible alineación de la mayoría de los magistrados con intereses conservadores y neoliberales.
La decisión de la Corte también puede ser interpretada como un intento de mantener el statu quo en el sistema financiero colombiano, donde los créditos educativos son una fuente importante de ingresos para las entidades financieras. Al eliminar la tasa cero, se asegura que los estudiantes sigan dependiendo de tasas de interés más altas, lo que beneficia a los bancos y otras instituciones financieras. Esto contrasta con la visión del Gobierno de Petro, que busca democratizar el acceso a la educación y reducir la dependencia de los créditos privados.
Implicaciones políticas y sociales
La decisión de la Corte Constitucional tiene importantes implicaciones políticas y sociales. Por un lado, refuerza la percepción de que las instituciones judiciales en Colombia están al servicio de los intereses de la burguesía y el gran capital, en detrimento de las mayorías populares. Esto ha generado un aumento en la desconfianza hacia las instituciones y un fortalecimiento de los movimientos sociales que buscan reformas estructurales en el sistema político y económico.
Por otro lado, la decisión ha llevado al Gobierno Petro a redoblar sus esfuerzos en la promoción de la educación pública y gratuita. El anuncio de la creación de 130000 nuevos cupos en universidades públicas es una respuesta directa a este revés judicial, y refleja la determinación del Gobierno de garantizar el acceso a la educación superior como un derecho fundamental. Sin embargo, esta medida no es suficiente para compensar el impacto negativo de la eliminación de la tasa cero, especialmente para aquellos estudiantes que ya están endeudados con el Icetex.
La decisión de la Corte Constitucional de eliminar la tasa cero para los créditos del Icetex es un claro ejemplo de las tensiones entre los intereses del gran capital y las necesidades de la población más vulnerable.
En última instancia, esta decisión subraya la necesidad de un cambio urgente en las instituciones judiciales del país, para que estas estén verdaderamente al servicio de la justicia social y no de los intereses de la burguesía. Solo así se podrá garantizar que las políticas públicas, como la tasa cero para los créditos educativos, sean implementadas en beneficio de las mayorías y no de unos pocos.
