POR OCTAVIO QUINTERO
Tenemos en Colombia un puñado de ‘periodistas’ equipados de reflejos condicionados capaces de armar una tormenta política con terribles descargas morales y éticas sobre la oposición. La doble moral es propia de los mojigatos.
La interceptación y posterior divulgación de las reuniones de campaña electoral del Pacto Histórico nos puso a todos a hablar de ética y moral como valores categóricos dictados por el mismo supremo que entregó a Moisés las Tablas de la Ley: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio…
Y resulta que la ética y la moral son valores mutables que, en determinado momento, fijan grupos religiosos, políticos y económicos para controlar, a discreción, las conductas sociales. Esto indica que hay en el mundo tantos principios morales y éticos como regímenes políticos, religiosos y económicos, o sus combinaciones. Y muchos ejemplos acuden a la mente que validan el aserto. El debate global sobre el aborto, permitido en unos países y prohibido en otros, es un botón de muestra.
Sirva esta breve reflexión de introducción al meollo de lo que la prensa en Colombia califica, al cierre de la campaña presidencial, como “tormenta política”. Los “petrovideos”, como titulan, es una tormenta fabricada con toda la intención de hacer daño político al candidato antirégimen. Y, lo cuestionable del caso, es que acuden a principios éticos y morales para endilgar al opositor que “no todo vale”, validos ellos mismos de interceptaciones no solo delictuales, sino que, en su fuero interno, consideran antiéticas e inmorales. Son los mismos mojigatos que en su ojo crítico, resaltan vigas éticas, morales y delictivas que no ven en la campaña contraria.
El exmagistrado Iván Velásquez, reputado jurista internacional, al tratar de explicar en Pregunta Yamid la lógica de atacar al competidor político (en este caso), se enfrenta al razonamiento del periodista quien considera que no se puede emular al contrario antiético atacándolo antiéticamente. El periodista, visiblemente interesado en que el jurista censure la campaña de Petro, le insiste, una y otra vez, en que, lo uno no justifica lo otro. El jurista le responde que destacar el vínculo de un candidato con el crimen organizado, cuando hay señalamientos contra él, no sería antiético. El periodista insiste en su razonamiento y el jurista cierra el tema considerando que “lo más cuestionable es si se elaboran esas estrategias sobre hechos o imputaciones falsas a las personas”. Ciertamente, no es este el caso, aunque la Fiscalía haya abierto investigación sobre los petrovideos… Es como si, en el sonado caso Watergate, se hubiera abierto investigación contra la campaña política de los demócratas y no contra los republicanos que incurrieron en el delito de infiltrar la campaña.
Síntesis: toda competición, sea comercial, deportiva, política o de belleza, etc., conlleva estrategias para vencer al competidor. Tales estrategias se transigen socialmente, en tanto y cuanto no transgredan la justicia penal. ¿Entonces, qué es lo ético y moral intransigente? Nada, porque son valores evolutivos; es más, una persona de valores intransigentes es, al mismo tiempo, intolerable y refractaria a la vida social y democrática. La intransigencia, en todos sus ámbitos, puebla el lado oscuro de la subjetividad, más comúnmente llamada mojigatería, consistente en mostrar exagerados escrúpulos en circunstancias no favorables, cuando frente a las mismas circunstancias favorables, nos avenimos.
Así las cosas, los petrovideos no pasan de ser mojigatería político-moral con fines turbios, rastreros y mal intencionados. La febril información mediática que se desprendió del incidente electoral es deprimente… Primero, porque refleja la caída de la rigurosidad periodística tras el oligopolio informativo montado por los grupos económicos que se apropiaron de los medios; y, segundo, por el gravísimo daño que estos mojigatos están dispuestos asestar al futuro de la actual generación, con tal de perpetuar un régimen distante de la justicia social, pero generoso con la oligarquía.
Fin de folio.- Prensa libre y empresa socialmente responsable, son garantía democrática.
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