POR CONSUELO AHUMADA BELTRÁN
Con el pomposo nombre el gobierno presenta su tercera reforma tributaria que mantiene las exenciones a los poderosos y clava a la clase media y los trabajadores.
El panorama del país es desolador. Altísimos niveles de desempleo, en especial de mujeres y jóvenes. Caída de ingresos y del consumo de alimentos. Quiebra de la producción campesina y de las empresas pequeñas y medianas. Incremento del desplazamiento forzado, masacres y asesinatos. Enfrentamiento militar en la frontera. Pandemia descontrolada y vacunación a cuenta gotas.
Hay mucho descontento pero Duque no resuelve nada. Se concentra en afianzar el carácter fascista de su gobierno, y en tratar de que el uribismo preserve el poder en el 2022. Este es el marco de la llamada “ley de solidaridad sostenible”, presentada pomposamente como la “gran transformación social” para enfrentar la crisis que trajo la pandemia.
Pero la crisis viene desde antes, como lo mostró el 21N. Colombia ya era el país de mayor desempleo en la región y uno de los de peor distribución del ingreso y concentración de la tierra en el mundo.
Esta es la tercera reforma tributaria del gobierno. Se viene presentando a plazos, primero a los gremios y amigos. Las propuestas de Fedesarrollo y de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios ambientaron su puesta en escena. Las objeciones planteadas por la Comisión son mínimas y muestran su desconocimiento del país y su compromiso con la ortodoxia y con quien los contrató.
Es cierto que la pandemia desnudó la magnitud de la crisis. Pero las medidas de las dos Emergencias Económicas, lejos de amainar la situación mediante el incremento de la inversión pública, empobrecieron más a las regiones y enriquecieron más a los banqueros que gobiernan. Según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, en enero pasado 48 % de los recursos del Fome, $19,4 billones, estaba sin gastar, es decir, en los bancos. El país sigue figurando entre los más afectados por la pandemia y los de peor manejo de la vacunación.
Siguiendo la más estricta ortodoxia, el gobierno incrementó la deuda externa y su condicionamiento con el FMI, sin buscar alternativas, como lo hicieron otros países. Liberalizó todavía más las importaciones agrícolas. Se negó a aprobar la renta básica y el apoyo a las mipymes. Entregó los recursos de la salud al sector privado y no a los hospitales. Dio rienda suelta a la corrupción.
Según Carrasquilla, con esta reforma se recogerán 30,3 billones de pesos anuales para gasto social ($9,5 billones) y servicio de la deuda ($15,7 billones). Es decir, se trata de hacer sostenible este pago y de mantener los limitados subsidios sociales (ingreso solidario: $160.000 mensuales para 4,7 millones de familias). No alcanza para la renta básica.
El proyecto sigue la línea y criterios de todas las reformas tributarias que se han implementado desde los noventa, cuando el país entró al reino de las políticas de mercado. Se parte de criterios repetidamente ensayados y fracasados. El primero, favorecer la inversión privada, en especial la extranjera, con el argumento de que así crece la economía y se genera empleo. No importa que incluso los datos oficiales muestren lo contrario.
Por ello, las enormes exenciones a favor del sector financiero y los grandes empresarios seguirán vigentes. A pesar de la magnitud de la crisis, tampoco se proponen impuestos al latifundio, como se contempla con el catastro multipropósito incluido en el acuerdo de paz.
El segundo criterio es que la crisis la deben asumir la clase media y los trabajadores. Por ello, los recursos provendrán de la extensión del IVA, incluyendo más productos de primera necesidad. Aunque se dice que la canasta familiar quedaría exenta, al gravarse sus insumos y transporte, su precio final crece. Por lo demás, la devolución del IVA a los más pobres ha demostrado ser un fracaso.
Asimismo, se ampliará la base gravable del impuesto a la renta (desde 2,5 millones) y se gravarán las pensiones a partir de $7 millones. Con el IVA se obtendrían 16,8 billones de pesos y con el de renta y pensiones 10,5 billones.
Al igual que todas las demás medidas económicas del gobierno, la reforma tributaria tendrá un impacto mayor para las mujeres. Informes recientes, incluso del Dane, muestran que estas han sido más afectadas por la crisis económica en cuanto a empleo, pérdida de ingresos e incremento del trabajo del cuidado no remunerado. Las medidas planteadas agravan todavía más la brecha de género.
Superar la crisis implicaría tomar decisiones en sentido contrario. Se requiere con urgencia adoptar medidas de apoyo al consumo, al mercado interno y a la producción nacional, garantizar la seguridad alimentaria, todo mediante el incremento sustancial y sostenido del gasto público social.
Se necesita con urgencia, una reforma tributaria progresiva, que les cobre impuestos a los más ricos del agro y la industria. Solo así se sentarán las bases de una verdadera transformación social.
Por ello, la discusión de la reforma que se presenta al Congreso esta semana, no puede centrarse en subir o bajar porcentajes y cifras. Debe ser rechazada en su totalidad, hundirse, no hay términos medios. Ante la gravísima crisis social y humanitaria, no se puede maquillar tan nefasto modelo económico y financiero.
Las 2 Orillas, Bogotá.
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