POR IVÁN CORREDOR
La escuela de formación de la fuerza pública ha sido la del uribismo, sus ideales y programa. Se puede decir, que en su mayoría es una fuerza uribista y como tal responde a la lógica de la guerra y la violencia. Los uribistas del país son en su mayoría las fuerzas armadas y sus familias. Estimo que esa fuerza es de alrededor 1.750.000 personas, puesto que redondeando datos se tienen cerca de 500.000 personas como efectivos de la fuerza pública[1] (ver tabla anexa al final), esto es, ejército, policía, armada y fuerza aérea, multiplicadas por 3,5 personas que hacen referencia al promedio de personas por hogar según el censo del DANE 2018, sin contar a los reservistas que pueden ser un número mayor. Sin exagerar, se pueden llevar esos datos a una cifra de 2.500.000 personas contando miembros de las reservas juntos a sus familias.
Dicha fuerza se mueve al unísono cuando se trata de defender algún miembro de su organización – que algunos llaman institución- por más atropellos que comentan. Y ello no debe sorprender. El problema está en las raíces de la formación ¿Quién audita una formación o educación para la guerra? ¿Quién certifica una formación de alta calidad en derechos humanos? ¿Quién se piensa el programa para la educación de la fuerza pública? No es un secreto que para entrar como efectivo sin rango o con el más bajo rango se necesita no tener más oportunidades laborales o educativas y es una opción atractiva, pues un patrullero de la policía nacional gana $1.667.345[2] mensuales a 2020, un agente -el rango más bajo- con menos de cinco años en la policía gana $1.024.479 mensuales, sin contar con las asignaciones de salud, primas y demás beneficios económicos otorgados; adicionalmente, el decreto presidencial No. 318 de febrero de 2020 otorga un aumento arbitrario y exagerado del ingreso por encima del IPC y del salario mínimo[3] legal vigente. Por ese nivel se encuentra los salarios de los demás miembros de la fuerza pública con el rango más bajo.
Ahora, qué decir del salario de los altos mandos de la policía, empezando por los generales que devengan mensualmente $20.298.455, coroneles 10.514.305, pasando por innumerables cargos hasta llegar a los subtenientes que devengan $1.901.499. ¿Se lo merecen? ¿Merecen que les paguemos con los impuestos dichos salarios?[4].
El asunto por tanto es político, sobre lo que desea la sociedad colombiana hacía el futuro. Es cierto que en su momento decidió apostar por la seguridad ante la arremetida de las guerrillas contra la sociedad civil, y en ese proceso terminó atentando contra la misma sociedad a la que se suponía debía defender, apostándole a la idea de que el fin justifica los medios. Sin embargo, ahora que la sociedad ha buscado transitar hacia la paz, es revelador que un profesional que duró 5 años estudiando salga al desempleo o a devengar en promedio $1.300.000 mensuales y ni que decir de los técnicos o tecnólogos.
Las escalas salariales, el número de cargos, el número de efectivos, la formación orientada y recibida, la legitimidad y legalidad de la fuerza pública están fundamentadas en la guerra. Los fines que persigue y los medios de los que dispone, así como sus experiencias e ideología adquirida no son otras que las de ganar la guerra, lo cual es el programa del uribismo. Recordar que se eligió a Uribe para ganar una guerra, bajo la lógica amigo enemigo construida por los dueños del capital, los terratenientes, los mass media, en síntesis, las elites que siempre han gobernado, utilizando al pueblo como carne de cañón y opacando toda contradicción social, bien sea de clases, género, ética, moral o ambiental. Y como se sabe, en la guerra no hay libertad, aunque se diga luchar por ella, lo único que produce es autoritarismo.
Entonces, el resultado de 60 años de guerra y su ideología, es una policía autoritaria, militar y no civil como en otros países, que piensa en la ciudadanía como un enemigo al que se debe derrotar y ordenar en función de un programa autoritario como el del uribismo. Este autoritarismo que estamos padeciendo se fortaleció con la pandemia, pues se le restringió a la ciudadanía, a través de la fuerza, una libertad fundamental y básica sin la cual la vida no podría desarrollarse, la libertad de movilidad, de caminar, de salir de su casa. Cuando a la fuerza pública se le da esa potestad, se asiste a un régimen dictatorial, por más pandemia o alegatos a favor de la vida que se puedan esgrimir. Quien decreta el confinamiento a través de la fuerza está reprimiendo las libertades básicas fundamentales, y que mejor que una policía militar formada en la ideología de la guerra y en el autoritarismo para eso. ¡Se va acumulando descontento social y rebeldía!
Pero no solo es la guerra y la pandemia, también es el código de policía que prohíbe libertades básicas fundamentales, es el irrespeto a las instituciones judiciales, las intimidaciones a la corte, el desconocimiento de la justicia, las declaraciones presidenciales de respaldo a los abusos policiales, el populismo cínico de la fuerza pública y sus familiares uribistas por medios y redes -el cual se cree con el derecho de cuestionar a jueces, desprestigiar ciudadanos, desconocer la historia, la razón, las masacres, los falsos positivos, la ciencia-, lo que le permite al gobierno atentar contra los derecho fundamentales de la civilización, estos son, la vida y la libertad. ¡Estalla el descontento social!
¿Ahora son los jóvenes el objetivo militar? Ese el mensaje que ha venido dando el gobierno y su fuerza pública, entre otras cosas, por la masacre de los jóvenes en el municipio de Samaniego en Nariño, caso que está en total impunidad; los siete muertos a bala por presuntos policías el miércoles 9 de septiembre de 2020, en horas de la noche, en la ciudad de Bogotá, como resultado de las protestas generadas por la muerte de Javier, a manos de presuntos policías en el barrio Villa Luz de Bogotá, en total impunidad. Dilan Cruz asesinado a manos de un miembro del Esmad, en total impunidad.
No es de extrañar entonces, que quieran convertir a los jóvenes en objetivo militar, pues éstos han demostrado luchar por la educación pública gratuita de calidad, la paz y la defensa del ambiente y la naturaleza, frente a un régimen que le apuesta al extractivismo y la dictadura militar. Anexo: tabla del gasto histórico en Fuerza pública, por presidente, efectivos y porcentaje del PIB:
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_P%C3%BAblica_de_Colombia
Tiempo, Casa Editorial El. «Gasto en Fuerza Pública en los últimos 60 años»
[2] https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/tabla_sueldos_ponal_2020.pdf
[3] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107077
[4] Se invita al lector a consultar la tabla salarial donde se encuentran los innumerables cargos que aquí se han omitido, desde suboficiales, técnicos, asesores, etc. y sus respectivos sueldos, la cual está reseñada en con el número 2 en el pie de página.
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