POR GILBERTO LOPES /
Un informe del subcontratista Chemonics International Inc. para la USAID evalúa el resultado de diversos programas desarrollados en Nicaragua entre abril de 2013 y febrero del 2018. En sus 61 páginas se definen objetivos y resultados de los diversos programas de apoyo a 17 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.
Entre los objetivos del programa estaba el fortalecimiento de la capacidad de esas organizaciones “para mejor defender las demandas de los ciudadanos mediante el proyecto de promoción de las capacidades de la sociedad civil”.
Se trataba de proporcionar a la USAID información útil para que organizaciones clave –que ya recibían recursos de este organismo estadounidense para actividades que el proyecto llama de “democracia y gobernabilidad”–, pudieran lograr de mejor manera sus objetivos comunes.
Se pretendía aumentar la labor de las ONGs para concientizar y movilizar a los ciudadanos; “incrementar la capacidad de coordinación de las ONGs y de los individuos, del sector privado y de los medios para promover la concientización, la defensa y el activismo”.
El proyecto se orientó a fortalecer las capacidades de comunicación, creando especialmente para eso “herramientas de medios digitales”.
Ya veríamos después el contenido de esas campañas de concientización y de activismo. El documento especifica algunas organizaciones beneficiarias, la realización de talleres con periodistas y grupos de derechos humanos, particularmente importantes para lo que califica de “desafiante contexto político” nicaragüense.
Los participantes “aprendieron a encriptar información en sus teléfonos celulares, computadoras y otros equipos para prevenir ataques cibernéticos y la manipulación de sus aparatos de comunicación o sitios web con información importante para los nicaragüenses”.
Los recursos del programa otorgaron también a las ONGs una mayor capacidad para “plantear reivindicaciones y desarrollar acciones específicas de reivindicaciones”.
Una interferencia multimillonaria
El documento al que hacemos referencia no es el único sobre las actividades de la USAID en Nicaragua.
En la página de la USAID se puede leer que “el gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado cerca de 2,5 mil millones de dólares en asistencia al desarrollo a Nicaragua, principalmente mediante la AID”, desde su establecimiento, en 1962.
De acuerdo con su estrategia actual –cuya definición puede ser vista en internet–, la USAID “provee entrenamiento y asistencia técnica para organizaciones de la sociedad civil sobre los estándares internacionales y las mejores prácticas para reivindicar efectivamente las prácticas democráticas y los derechos humanos”.
De los 2,5 mil millones de dólares que la agencia invirtió en Nicaragua, 507 millones fueron empleados en “esfuerzos de estabilización de la economía, para enfrentar la creciente inflación, y el pago de deudas con instituciones multilaterales”, además de 36,3 millones invertidos “en programas de generación de empleo” en los años 90.
Hay que recordar que el 25 de abril de 1990 asumió la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, electa después de años de guerra organizada y financiada por Estados Unidos contra el gobierno sandinista.
Celebradas en medio del caos provocado por la intervención militar, con la economía afectada por las sanciones económicas, los sandinistas no tenían posibilidades de triunfo, si consideramos, además, que el gobierno norteamericano había prometido continuar con la guerra si eso ocurría.
En resumen, Estados Unidos dedicó millones de dólares para combatir la Revolución sandinista en los años 80s, para provocar el caos en su economía, incluyendo los recursos del escándalo conocido como “Irán-contras”, para aportar después otros millones dirigidos a apoyar los planes de reconstrucción de sus aliados.
¿Cómo no reconocer la responsabilidad de Estados Unidos en el caos económico creado en Nicaragua, que luego pretendió resolver con los poco más de 540 millones de dólares, que se revelaron insuficientes para reordenar la economía del país, como ha quedado en evidencia si vemos los resultados 30 años después de esa intervención?
Los especiales intereses en un posible canal interoceánico por Nicaragua, en competencia con el de Panamá, hizo de las intervenciones militares norteamericanas en Nicaragua una política habitual. Como consecuencia, la resistencia a esa intervención adquirió particular relevancia con la rebelión del general Augusto César Sandino, asesinado en febrero de 1934 por las fuerzas políticas y militares nicaragüenses instaladas en el poder por Washington.
Desde entonces, la política nicaragüense es incapaz de encontrar un escenario donde sandinistas y antisandinistas puedan enfrentarse, sin que la intervención norteamericana desequilibre lo que debería ser una “normal” disputa política sobre diferentes visiones del país.
La masiva intervención de los años 80s dio origen a una nueva etapa política, en la que sandinismo y antisandinismo, desdibujados, han buscado reacomodarse y sobrevivir; haciendo que el sandinismo se dividiera; que Daniel Ortega asumiera el poder en sucesivas elecciones, con la oposición cada vez más acorralada; hasta desembocar en las protestas de 2018 y la represión que la siguió.
La división del sandinismo ocurrida en el período posterior a la derrota electoral de febrero de 1990 es uno de los acontecimientos que contribuyó al desarrollo del actual orden político en el país. La prisión, exilio, expropiación, retiro de la nacionalidad de destacados líderes de la revolución sandinista de los años 80 solo puede ser visto como el fracaso de un proceso que entonces logró aglutinar una voluntad mayoritaria en apoyo al proceso revolucionario.
Conociendo los programas y los recursos puestos a disposición de la oposición por la USAID, revisando sus objetivos y el periodo de desarrollo de esos programas (2013-2018), pensar que las protestas de abril del 2018 fueron una rebelión espontánea es, por lo menos, una ingenuidad.
La oposición salió a derrocar el gobierno y el gobierno respondió matando y encarcelando a los opositores. Como en otros lugares del mundo, otro Maidán, otra revolución de colores, generó una confrontación que un desarrollo sin esas interferencias quizás pudiese haberse evitado.
El aire refrescante de América Latina
Es en ese contexto que la oposición nicaragüense desarrolla una intensa campaña para minar el apoyo de la “izquierda” latinoamericana a Ortega. Esa campaña –titulada “La izquierda latinoamericana de espaldas a la dictadura”– es organizada por medios digitales de la oposición nicaragüense.
Una campaña de esa naturaleza podría ofrecer a la izquierda latinoamericana una alternativa al gobierno de Ortega. Pero se limita a argumentar que el gobierno de Ortega no es “de izquierda”. Sería lógico pensar entonces que la “izquierda” está en la oposición. Pero no es así.
Dada la desarticulación de la oposición, a su imposibilidad de organizarse al interior del país debido a la represión del gobierno, esa oposición se define o se aglutina tras el objetivo de deponer el gobierno. Pero es prácticamente imposible encontrar una explícita visión de país que pretenden construir, el orden económico que pretenden organizar, de su visión del escenario internacional.
En esas condiciones, una manera de vislumbrar el carácter político de esa oposición es revisar las posiciones de los candidatos presidenciales opositores en las pasadas elecciones, todos ellos encarcelados y luego extraditados y expropiados por Ortega. Un verdadero caos, aplicado con una crueldad inaceptable. En esa oposición no hay nada que se pueda calificar como de “izquierda”, como la campaña mediática pudiera sugerir.
La “izquierda” latinoamericana está atrapada en este juego. Entre los que apoyan a Ortega a rajatabla y los que consideran impensable cualquier apoyo a su gobierno, un casi desaparecido atajo ha ido quedando oculto por el bosque. Un atajo que nos lleva a la casa centroamericana, donde hace falta abrir dos ventanas: una para que salga el aire sofocante de Washington. Otra, para que entre el aire refrescante de América Latina.
Nuevas realidades
Hace 45 años era impensable que América Latina pudiera extender sus intereses a una región sometida desde hace más de un siglo a la influencia e intereses norteamericanos, nacidos no solo de la cercanía geográfica sino, principalmente, de una ubicación estratégica, capaz de facilitar el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico.
Hoy, no solo la situación es distinta, sino que está en rápido y profundo cambio. En el nuevo orden mundial una mayor presencia política latinoamericana en la región parece posible y necesaria. Preguntado por la situación en Nicaragua, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo no estar muy informado. Ya no parece una respuesta razonable.
Es inaceptable la política norteamericana de sanciones unilaterales contra países latinoamericanos, cuya principal expresión es la impuesta por más de 60 años a Cuba, pese al rechazo prácticamente unánime, año tras año, de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sería del todo inconveniente para América Latina ver un gobierno nicaragüense que, en caso de triunfo de la oposición, se sumase a esa política de sanciones de Washington contra países de la región. Pero la oposición nicaragüense no habla públicamente de esas cosas, aunque lo hace en privado.
Así como importantes sectores de la izquierda latinoamericana se sienten incómodos con la situación de Nicaragua, la oposición evita cuidadosamente definirse en el escenario político, que algunos de sus representantes prefieren explicar diciendo que ya no existe ni izquierda ni derecha. Naturalmente, los sectores más conservadores, que encabezan la oposición, se sienten cómodos en la derecha.
El caos centroamericano
Está claro que el siglo de intervención norteamericana no es ajeno a la incapacidad de organización política de los países centroamericanos. Tampoco es ajeno a su pobreza y desigualdad económica, fundamento de la riqueza de viejos magnates norteamericanos, bien descritos por el ensayista costarricense Vicente Sáenz en su libros, ya en la primera mitad del siglo pasado.
Costa Rica es la excepción en ese caos. Pero eso tiene una explicación. Desde nuestro punto de vista se debió a la obra de un político notable, José Figueres Ferrer, el mismo que, a fines de los años 40 abolió el Ejército nacional (cosa constantemente recordada por políticos y académicos), pero que hizo algo todavía más importante: nacionalizó la banca. Eso fue la clave para que el país contara con recursos para atender la demanda de su población de mejor manera que otros países de la región y pudiera organizar un orden político y administrativo que respondiera de mejor forma a esas necesidades.
Es cierto, sin embargo, que desde principios de los años 80, cuando en el mundo se abría paso el modelo neoliberal y trataban de convencernos de que no había alternativa, un gobierno que se reivindicaba como de la misma línea de Figueres dio comienza a un proceso de privatizaciones que, con recursos de la USAID, apuntó, en primer lugar, a la banca nacionalizada. En los 40 años siguientes, ese mismo partido (el socialdemócrata Liberación Nacional) consolidó el camino neoliberal, incluyendo una campaña para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos basada en una estrategia conocida como el “Memorando del miedo”. Hoy, el país también siente que ha perdido su rumbo, que un cierto orden, sustentado por un Estado preocupado por la vida de sus ciudadanos, ha ido, poco a poco, a mordiscos, siendo desarmado.
La deuda latinoamericana
Si el factor desequilibrante de la política en los países centroamericanos, en particular en Nicaragua, es la intervención norteamericana, es cierto que la ausencia latinoamericana no solo ha dejado a disposición de Washington todo el escenario, sino que ha privado de otras opciones a los sectores políticos nicaragüenses que no se sienten cómodos con el actual escenario.
El nuevo gobierno brasileño ha optado por no sumarse a condenas interesadas, al uso abusivo del tema de los “derechos humanos”, transformados en instrumento político gracias a disposiciones a las que Washington nunca adhirió, concebidas especialmente para poner a pelear a los latinoamericanos. El gobierno brasileño ha expresado su desacuerdo con medidas como la extradición, la expropiación y el retiro de la nacionalidad a líderes opositores, pero ha querido dejar abierta una puerta el diálogo. No es suficiente la propuesta de una política alternativa cuyos resultados solo se verán a mediano, o largo plazo. Hay una situación en desarrollo que requiere atención más urgente.
El cambio de gobiernos en Brasil y Colombia, la posición de López Obrador, en México, o de Alberto Fernández, en Argentina, son una base importante para la coordinación de esas políticas. Hace falta que los partidos políticos del Sur estén presentes en Centroamérica.
Una derecha muy conservadora, la de Piñera y Macri, de Calderón, y Fox, de Aznar y Rajoy se ha reunido para fortalecer “la libertad y la democracia” en la región.
Es inconcebible que políticos latinoamericanos puedan reunirse con colegas como el español José María Aznar, precisamente cuando se cumplen 20 años de la invasión de Irak, que justificó jurando tener evidencias de las armas de destrucción masiva en poder de Sadan Husein. Con sus aliados, tiene la destrucción de un país y centenares de miles de muertos a su haber.
Es esa gente la que se propone defender “la libertad y la democracia” en la región. Para enfrentarlos hay que proponer una visión distinta y organizar una alternativa que responda a los intereses latinoamericanos.
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