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El Gobierno progresista de la presidenta Xiomara Castro y amplios sectores políticos y sociales de Honduras vienen dando una tenaz lucha contra las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que atentan directamente contra la soberanía nacional, pues se trata de derrotar una nueva forma de colonialismo corporativo.
Estas zonas fueron vendidas por gobiernos neoliberales entreguistas a los inversores extranjeros como un paraíso cripto-libertario, para lo cual recibieron autonomía por parte del Estado, creando espacios donde las empresas pueden abusar de los derechos de los trabajadores, ignorar los acuerdos internacionales y extraer la riqueza de la nación hacia cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Por derogar la ley que permite el funcionamiento de las ZEDE, durante lo que va del año 2023, Honduras ha sido demandada diez veces ante el Sistema de Solución de Controversias inversionista-Estado (ISDS). Una de estas denuncias es por 10.700 millones de dólares, dos tercios del presupuesto nacional para 2023. El llamado orden jurídico internacional ha hecho poco para evitar que las grandes corporaciones utilicen el parcializado mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que llevan a la quiebra a los gobiernos del Sur Global.
Estas zonas, de acuerdo con la política neoliberal de pretéritos gobiernos de talante conservador, responden a un “régimen especial” en virtud del cual los inversionistas están a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos. En la práctica no es más que la entrega de parte del territorio, violando la soberanía y desencadenando graves afectaciones sociales, económicas y medioambientales.
Dichas “zonas especiales” surgieron en el contexto del golpe de Estado de 2009 y, desde el primer momento, se pusieron en marcha políticas extractivistas de despojo territorial que ya habían sido utilizadas en décadas pasadas como los enclaves mineros y bananeros en el país. Gracias a ellas, se les daba una serie de privilegios a las empresas bananeras, ya que no pagaban impuestos por la importación de cualquier equipo, ni siquiera por el uso de tierras, maderas, agua, para la construcción de sus instalaciones. Algo muy similar a lo que ocurre hoy en pleno siglo XXI, cuando en junio de 2013 el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
Esta figura de colonialismo corporativo no se trata sólo de Honduras. Las zonas económicas especiales han invadido numerosos países del Sur Global, creando perversas estructuras a través de las cuales las empresas pueden abusar de los derechos de los trabajadores, ignorar los acuerdos internacionales y extraer la riqueza nacional hacia cuentas bancarias en paraísos fiscales. Se trata, en definitiva, de uno de los intentos más descarados de colonialismo corporativo del siglo XXI.
Este asalto al pueblo de Honduras se lleva a cabo en la oscuridad de los tribunales internacionales de arbitraje que encierran el poder corporativo. Aunque Honduras se enfrenta a diez casos de este tipo, no es una excepción. La gran mayoría de los casos de resolución de disputas entre inversores y Estados implican a empresas del Norte Global que demandan a países del Sur Global.
Las ZEDE han contribuido en grado superlativo a la devastación de la seguridad económica y la soberanía de la nación hondureña en los últimos 12 años.
Luisa Connor, presidenta del Consejo de Gobierno de la Comunidad Crawfish Rock, dio un testimonio impactante sobre lo que sucede en la isla de Roatán: el abuso autoritario de los derechos más sagrados del pueblo hondureño y el interés sórdido, mezquino, de corporaciones extranjeras. “En el año 2020, cuando nos dimos cuenta que las ZEDE iban a llegar a nuestra comunidad, comenzamos a investigar y a averiguar lo más que pudimos sobre lo que significaba la palabra ZEDE… En ningún momento fuimos consultados y no sabíamos cómo combatirlo. Tuvimos que investigar caminos por nosotros mismos, llamando a amigos que sí conocen esas luchas para que nos guiaran”.
Hace 100 años, la compañía estadounidense United Fruit desembarcó en las costas de Honduras, se presentó como un socio creíble para el desarrollo y se apoderó de tierras e infraestructura, llegando a controlar casi todos los ferrocarriles, hospitales, puertos y líneas telegráficas, actuando, en resumen, como lo hace un capitalista extranjero en una ZEDE.
Hay que recordar que la United Fruit convirtió a los países de Centroamérica en ‘repúblicas bananeras’ y a sus ciudadanos en trabajadores de las plantaciones, en condiciones paupérrimas, violando derechos laborales. Si los colonizadores de las primeras décadas del siglo XX atentaron contra la vida de los campesinos centroamericanos, haciéndoles derramar su sangre por la ambiciosa explotación de los plátanos, los colonizadores de la nueva era de Silicon Valley, al parecer, lo hacen por el bitcoin. Dentro de ese contexto, el verdadero escándalo de la lucha de Honduras contra las ZEDE es una cadena casi ininterrumpida del colonialismo corporativo.
La única manera de luchar contra las ZEDE y contra el régimen ISDS, que las mantiene vigentes, es la acción colectiva. Por ello es preciso aprovechar la riqueza de conocimientos que existe entre los países que ya han librado esta lucha o que la están dando, tal vez sin saber que comparten exactamente la misma situación que el pueblo y el Estado hondureño en este momento.
Constituir el Movimiento Internacional por Honduras en Resistencia
Recientemente la Internacional Progresista a través de una delegación estuvo en Tegucigalpa para solidarizarse con el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro y escuchar directamente de varios sectores sociales y políticos de Honduras testimonios de la manera cómo se viene violando descaradamente la soberanía de este país centroamericano.
Al finalizar su visita a la capital hondureña, dicha delegación emitió un pronunciamiento público al que se puede acceder ingresando al siguiente enlace:
