POR CAROLINA CORCHO MEJÍA
El tema de las drogas y su forma de afrontarlas es una de las políticas públicas más importante para resolver los temas de seguridad y desigualdad e inclusión social en Colombia, en ese contexto, el Gobierno nacional recientemente presentó su política de drogas “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” 2023-2033, en el cual existen unos acuerdos fundamentales en el diagnóstico, basado en que el origen del problema es el prohibicionismo que no resuelve el problema de la demanda de las drogas, dado que lo que logra es que el 6% de los consumidores de drogas ilícitas lo hagan de manera oculta, dificultando así un abordaje de salud pública, y desde el punto de vista de la oferta, el prohibicionismo lo que ha logrado es encarecer el mercado de las drogas ilícitas, por lo que se tienen que constituir mafias más fuertes para comercializar las mismas. No obstante, esta postura depende de una decisión internacional, en donde existe un bloque conformado por los EE.UU., Rusia, los países Islámicos, la China, que sostienen una postura férrea prohibicionista, que requeriría mínimo un acuerdo en bloque de los países latinoamericanos y otros del Sur Global para controvertir dicha postura afianzada en el mundo.
Desde esta perspectiva, es entendible que la política de drogas planteada por el gobierno nacional se mueva en los márgenes del prohibicionismo, buscando opciones al interior de este para superar este flagelo. Un avance importante que también ha cobrado un sentido legítimo a nivel internacional, es el reconocimiento del consumo como un problema de salud pública, más allá de los abordajes punitivos, de enjuiciamiento moral que han mostrado su fracaso terapéutico y su pobre potencial transformador frente a una situación adictiva de un individuo. Allí la política adopta el enfoque de mitigación del riesgo y reducción del daño que es aceptada en el mundo y que debe ser implementada a todo nivel a través del sistema de salud colombiano y los sectores relacionados con las políticas sociales.
Otra arista que es necesario abordar es el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, en el caso del cultivo de coca sólo 185 de 1123 entidades administrativas presentan estos cultivos, es decir, no es un fenómeno generalizado en todo el territorio nacional. Es importante anotar que 14 municipios concentran el 60 % de la producción de hoja de coca. En el 2016 se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) que desafortunadamente ha sido incumplido. De 130 mil familias que firmaron acuerdos PNIS en el gobierno de Santos, 99 mil familias quedaron en el limbo en el gobierno de Duque; las familias campesinas cumplieron con la sustitución pactada en el plan inicial, pero el gobierno no fue capaz de cumplir con los compromisos de seguridad alimentaria, ni tampoco con el desarrollo de proyectos productivos alternativos, esto llevó al aumento de cultivo de hoja de coca hasta unas 250 mil hectáreas actualmente, dado que estas poblaciones que se encuentran entre las más empobrecidas del país, dependen en un 72 % de estos cultivos para su sobrevivencia . Esto además debe sumarse a la reforma rural integral y allí debe tenerse en cuenta que el 49 % de los cultivos están en zonas de manejo integral no sujetos a reforma agraria, el 19% es tierra de comunidades negras, 15 % en reservas forestales, 10 % en resguardos indígenas y 5 % en reservas forestales.
Es importante anotar en este punto que existe un estudio de Jorge Enrique Espitia (QEPD) para la Agenda de Transición Democrática en el año 2021 en donde calculó los costos de las intervenciones estatales para llevar a cabo la Misión de Transformación del Campo, que asciende a 373.329.876.000, lo que supone una inversión pública de 24 billones de pesos anuales para 15 años, esto incluye los proyectos de inclusión social, productiva, la compra de tierras, el acceso a internet, las vías terciarias, la sostenibilidad ambiental. Aspectos que deben ser considerados de manera integral para la lucha contra las drogas. Es decir, la política de sustitución de cultivos tiene que ir indefectiblemente ligada a la reforma rural integral, sino los esfuerzos serán deshilvanados y no tendrán ningún impacto.
A manera de conclusión
Es importante que el Gobierno nacional adopte opciones creativas e innovadoras frente al tema de sustitución de cultivos, por ejemplo, si sabemos que en 14 municipios está concentrado el 60 % del fenómeno se debería abordar la política de sustitución y reforma rural integral en estos 14 municipios, después de un seguimiento y evaluación de la eficacia de la misma ampliarla al universo.
El Observatorio de Conflicto de la Corporación Nuevo Arcoíris ha establecido una hoja de ruta intersectorial para abordar el conjunto de la problemática de drogas del país dividiendo las intervenciones en distintos nodos, dada la complejidad del problema, organizados así: Cultivos, Producción, Distribución, Comercialización, Consumo, Lavado de Activos, todos (Estudios de economía política y hacienda pública, diálogos regionales vinculantes, promoción de una agenda internacional, investigación interinstitucional). Este abordaje implica a diversas carteras que van desde el Ministerio de Hacienda, Cancillería, Ministerio de Agricultura, de Salud, Medio Ambiente, Justicia, Dapre, Defensa, las Agencias encargadas de la reforma agraria, entre otras. Cada nodo compromete un conjunto de carteras que deben seguir una hoja de ruta concertada. Esto podría posibilitar que una agenda de esta complejidad pueda tener un desarrollo articulado en todos los niveles de acción.
Se debe reconocer que el gobierno ha avanzado en un aspecto y es la interdicción de cargamentos de cocaína con una labor de inteligencia y de la fuerza pública, esa labor de inteligencia debe avanzar también en el tema de lavado de activos a propósito del informe de Cuestión Pública en el cual se relaciona a Serfinanza, entidad financiera de los Char, con carteles de la droga mexicanos. Finalmente, si el gobierno logra ejecutar una hoja de ruta intersectorial bajo esta propuesta u otra, se podrían ver resultados en el corto, mediano y largo plazo. No es un tema menor dado que las drogas y el narcotráfico han marcado parte importante del destino de nuestro país.
Pero es necesario insistir que si bien la nueva política del gobierno frente al narcotráfico acierta en el diagnostico se queda corta frente a los retos prácticos que se requieren para que esa política se convierta en instrumentos de acción. La primera, que se renueven los convenios con las familias que voluntariamente ingresaron al PNIS y que el Estado les ha incumplido. La segunda que se deben armonizar y coordinar en el tiempo el programa de reforma rural integral con la erradicación de los cultivos ilícitos dado que muchas familias realizan estas actividades en zonas de parques naturales o resguardos indígenas o territorios de las comunidades negras donde no es posible realizar sustitución de cultivos y tendrían que ser reubicadas en otros territorios, por eso es necesario tanto la coordinación como la sincronía de estos dos programas. Un tercer aspecto es que se debe recuperar la presencia del Estado en los territorios donde ejercen dominio actores armados ilegales ligados a los grupos insurgentes o a las bandas del narcotráfico o de los grupos paramilitares para poder desarrollar los programas de erradicación y sustitución. Este punto debe estar presente en las mesas de negociación con estos grupos. Es lo que ha precipitado la crisis en el proceso con las llamadas Disidencias de las FARC o Estado Mayor Central en la región del cañón del Micay en el municipio de Argelia en el departamento del Cauca.
Un cuarto asunto que me parece pertinente es retomar la propuesta de realizar un programa piloto en los 14 municipios que concentran el 60 % de los cultivos de coca, esto requiere decisión política y un trabajo técnico y de participación de las comunidades que habitan en estos municipios. Esta propuesta me parece de la mayor importancia.
Finalmente es acertado que la nueva política haga énfasis en la interdicción de los cargamentos de drogas que requiere por supuesto una acción armónica de todos los cuerpos de inteligencia del Estado, la Fuerza Pública y los organismos de justicia. Así mismo intensificar las labores de seguimiento del lavado de activos para golpear al narcotráfico donde más le duele que es el de sus finanzas.
Revista Sur, Bogotá.
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