POR CAROLINA CORCHO MEJÍA
El pasado 20 de julio se dio inició a la nueva legislatura en el Congreso de la República en donde como es costumbre, después de la alocución del jefe de Estado, se presenta la alocución de los voceros de los partidos de la oposición, en esta ocasión intervinieron congresistas del Centro Democrático, de Cambio Radical y un congresista de la Coalición Centro Esperanza que se presentó como Independiente. La mayoría de intervenciones dieron cuenta de la precariedad de la oposición en Colombia, discursos que reafirman lo que hemos dicho, tenemos una oposición que no tiene proyecto político, su única idea es la defensa del estatus quo, sin mayor idea de lo que requiere la Colombia contemporánea. Algunos de los discursos reproducían titulares de prensa sin mayor análisis, la reproducción de los escándalos de corrupción que ha magnificado la prensa corporativa, alguno de estos hechos con pruebas, otros que se han quedado en escándalos que no resisten pruebas concretas.
Es de anotar, que el primer mandatario en la instalación de la legislatura, aceptó la responsabilidad política que le asiste por nombrar a Olmedo López, al frente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad comprometida en hechos de corrupción. Hay que resaltar que el presidente de la República escucho las intervenciones de los representantes de la oposición, muy lejos de las jugaditas del anterior presidente que nunca escucho a la oposición, pese a que es norma legal desde el año 2018 en que se aprobó el Estatuto de la Oposición.
Algunos de los planteamientos de la oposición versan sobre la crítica que hacen al gobierno, de que no ha podido hacer el Cambio, lo que no reconocen es que ellos mismos han optado por una postura obstruccionista, y no hablan del bloqueo institucional al que ha estado sometido el gobierno, que es sometido diariamente a una campaña de desinformación, fake news, y al hundimiento absurdo de sus iniciativas, algunas de estas por fallos de las altas Cortes como fue el caso de la reforma tributaria. Reclaman el incumplimiento del Acuerdo Nacional, aludiendo de que la ley estatutaria de educación era un ejemplo de como se construye el Acuerdo, esto lo plantean bajo la perspectiva de que el Acuerdo Nacional implica que todo siga igual, que el Acuerdo debe versar alrededor de las ideas de la minoría que defiende el estatus quo, y no sobre las ideas de las mayorías que quieren un cambio en Colombia.
Dice la oposición que la economía está en su peor momento después de la pandemia, realmente esta es una situación mundial, no sólo atribuible a Colombia o a este gobierno, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, el índice ISE, que es un indicador de seguimiento de la economía, que según el DANE muestra un crecimiento de 2,45% en mayo del 2024 respecto a mayo del 2023, es importante anotar que este crecimiento se da a costa del sector primario que implica la agricultura, la ganadería, la caza, la minería, uno de los mayores atrasos están en el sector de vivienda e infraestructura que tendrá que ser replanteado de fondo por la Ministra entrante.
De otro lado, los indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema muestran que entre el 2022 y 2023, 1,6 millones de personas salieron de la pobreza, esto se dio principalmente en las zonas rurales en donde el gobierno ha puesto un particular empeño.
La oposición que ha gobernado este país durante las últimas décadas, apenas se entera y lo presenta como denuncia, que cuatro de cada diez jóvenes no tienen empleo, esta es una situación de larga data en el país, en donde dadas las profundas desigualdades que promovieron sus gobiernos, sumieron a más de seis millones de jóvenes en la ausencia de acceso a educación y empleo, esto lo denuncian aun cuando, en su labor legislativa, se dedicaron a envenenar la ley de educación para defender desde el articulado los privilegios de la educación privada, que es menos costo efectiva para garantizar el acceso universal a la educación, que es una de las variables para que los jóvenes tengan movilidad social y accedan a un empleo digno.
Hacen una crítica al proceso de paz, si bien es cierto que no puede haber ingenuidades en el proceso de paz, en donde se haga un cese al fuego sin exigir de la contraparte alzada en armas, un cumplimiento, también es cierto que los procesos de paz atraviesan por muchas dificultades y es preciso que exista un consenso social y político sólido para mantener la voluntad de lograr el derecho irrenunciable a la paz. Los gritos de guerra que vociferan algunos, servirán para precipitar campañas de odio y de miedo para buscar votos, pero no es lo que conviene al país.
La oposición dice que el gobierno no escucha, que no habla con ellos, pero cuando el gobierno dialoga con los congresistas para buscar acuerdos y construir mayorías, levantan consignas tan absurdas en una democracia, como la repetida vulneración de la “división de poderes”, y se lanzan a una campaña mediática a denunciar los naturales diálogos que todos los gobiernos del mundo, realizan con los parlamentos para construir gobernabilidad, acuerdos y mayorías para que sus iniciativas programáticas prosperen. Este absurdo es alimentado de forma desvergonzada por los medios de comunicación corporativos. La oposición también expresa que se opone a la Constituyente, porque dice defender la Constitución del 91, esto último sí que es nuevo, justamente cuando sabemos que las decenas de contrarreformas que se le han hecho a la Carta Magna han sido impulsadas por los partidos en mención, además de oponerse a los desarrollos de la misma vía leyes ordinarias y estatutarias que ha presentado el gobierno.
Como ha sido histórico, pretenden lanzar un discurso sobre la seguridad, y sí debe reconocerse que continúan los lamentables hechos de asesinato de líderes sociales, el control territorial por parte de grupos armados ilegales, por eso se requiere que el Congreso de la República avance en la ley de sometimiento a la justicia para estos grupos, que posibiliten de manera constructiva el trámite de la jurisdicción agraria que permita restablecer el derecho a la tierra por parte del campesinado, y por supuesto el gobierno debe avanzar en la ejecución de la política pública de paz y agraria con los instrumentos legales que ya tiene vigentes. Ahora bien, según datos del Ministerio de Defensa, las afectaciones contra los firmantes de paz durante este gobierno han tenido una disminución del 38,9 % respecto al gobierno anterior.
Repiten el discurso de que el gobierno pretende estigmatizar a quienes producen riqueza, dividir el país entre empresarios y trabajadores, esto lo plantean sin mayor sustento y rigor. El logro de justicia social que implica superar desigualdades sociales y económicas del país, no es estigmatizar al empresariado, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores no es dividir el país, pedir a los empresarios que paguen impuestos de acuerdo a sus ganancias e ingresos, no es estigmatización, todo esto, es el cumplimiento del principio de progresividad consagrado en la Constitución Política que dicen defender.
Por último, plantearon que están de acuerdo que se debe luchar por superar el hambre, no obstante esta afirmación resulta demagógica, en tanto la superación del hambre implica apoyar un conjunto de políticas públicas a las cuales se han opuesto, como es la reforma a la salud para que haya un sistema real de atención primaria en salud que se ocupe de los problemas nutricionales de la población, la reforma agraria para que haya disponibilidad y producción soberana de alimentos, la reforma pensional, para que las personas de la tercera edad accedan a recursos que les permitan su bienestar, la reindustrialización de Colombia que implica sacar al país de la primarización de la economía, para que sea una sociedad productiva basada en el conocimiento. A todo esto, se han opuesto de manera obstruccionista los opositores que hoy se rasgan las vestiduras presentándose como los adalides de la moral y de la política colombiana.
En esa decisión de la oposición política de oponerse a las reformas que requiere la sociedad colombiana recurren a todos los medios. Frente a la aprobación de la reforma al sistema de pensiones en que se verán beneficiados el 80 % de los trabajadores y cerca de tres millones de adultos mayores con un ingreso del mínimo vital, ya anuncian demandas ante la Corte Constitucional para que este alto tribunal declare inexequible esta ley y al mismo tiempo esta oposición dice defender a estos sectores tradicionalmente excluidos y desprotegidos por parte del Estado. Es un absurdo. La calidad de la democracia y la formación de una opinión pública crítica y reflexiva nace no solo de las propuestas gubernamentales sino de la forma como la oposición examina y debate esas reformas y esas propuestas de políticas públicas. Esa oposición lamentablemente no existe hoy en el país. La oposición se limita a obstruir y en muchas ocasiones a mentir para defender sus posturas.
Revista Sur, Bogotá.
