POR ROSALBA ALARCÓN PEÑA
El pasado 30 de agosto de 2022, el ministro del interior Alfonso Prada radicó la propuesta de proyecto ley de “Paz Total” – que busca modificar la Ley de Orden Público vigente desde 1997- y así, dar luz a la promesa del presidente Gustavo Petro de desescalar en totalidad el conflicto armado en Colombia.
A simple vista el proyecto de ley “Paz total” es un cuento de hadas que busca romantizar la realidad del conflicto en Colombia, y más, cuando parte haciendo un salpicón, es decir, colocando a todos los actores armados en el mismo nivel, como lo señala el artículo 8: “Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados al margen de la ley”. La calificación “estructuras” pone a las bandas criminales como si fueran organizaciones político-militares; ese desatino de la “Paz total”, en lugar de resplandecer el camino de la paz, lo oscurece, pues, en el proyecto ley, no debe haber lagunas jurídicas y menos, si buscan superar un conflicto interno que ni siquiera el Acuerdo de Paz firmado en el 2016, lo logró.
Es deber del Estado colombiano aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y sus convenios en los diálogos de paz, pero, quedarse solo con la definición del artículo 1 del Protocolo adicional II para definir a los grupos armados: “las fuerzas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicadas (…)”. Es desconocer las experiencias de los anteriores procesos de paz; da la sensación de que quiere hacer pinceladas rápidas con cada organización, esto es, como construir un edificio sin bases; pues cada grupo armado, tiene su origen y objetivos.
El proyecto ley “Paz total” debe ser explícito al diferenciar el carácter de cada grupo armados, esto conduce a: tener claridad para establecer las políticas de negociación con la organización de carácter político-militar; crear una ruta del proceso de sometimiento para algunas bandas criminales, incluidas las que se escudan al usar el uniforme del Ejército de Colombia, Policía Nacional y demás instituciones de seguridad; promover un diálogo franco para generar confianza en los mandos armados, y así, avanzar con certeza por el camino de la paz.
Por ejemplo, equiparar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el grupo narco paramilitar el Clan del Golfo, es un desatino brutal. Pues, el origen del ELN es de hombres y mujeres, campesinos, algunos universitarios de izquierda con profundo pensamiento de la Teología de la Liberación, su principal precursor el padre Camilo Torres. El más reciente avance entre el gobierno colombiano y esta organización insurgente, fue la creación de la agenda de seis puntos, donde ponen como eje central, la participación del pueblo colombiano; si bien el ELN no es una mansa paloma, pero si ha demostrado una agenda política muy definida.
A diferencia del Clan del Golfo, naciente de Vicente Castaño, quien en 2006 se separó del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y rearmó una unidad paramilitar con dos de sus tenientes, el comandante del Bloque Calima de las AUC, Ever Veloza García, alias ‘HH’, y Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, el jefe de finanzas oficial de una de las facciones paramilitares más ricas, el Bloque Centauros. En la actualidad, su jefe es Dairo Antonio Úsuga David, se entregó a la Policía y fue extraditado a los Estados Unidos. El objetivo de este grupo, es tomar el control del narcotráfico, el tráfico de tratas, extorsión, lavado de dinero. Asesinatos, masacres. Además, de tener vínculos con miembros del Ejército de Colombia y la Policía que, como es de conocimiento general, han cometido varias violaciones de derechos humanos.
Otro desatino es pretender hacer la “Paz total” sin estipular la responsabilidad de los grupos armados que se escudan en el uniforme de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano, o, mejor dicho, la banda de criminales que hay en el Ejército y la Policía. Bien lo dijo el paramilitar Otoniel, el pasado 18 de febrero ante la declaración en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “los mandos militares son sus cómplices”. Entonces, ¿cuáles son las garantías sociales y jurídicas en estos procesos de diálogos para los líderes sociales y comunidades enteras, cuando la seguridad del Estado es la inseguridad para ellos? Ya sé que van a decir que, “la política de paz será una política de Estado”, la máxima norma también lo establece, en el artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y, ¿se ha cumplido? No, y no se cumplirá mientras no se erradique las bandas criminales incrustadas en la institución, sigan aplicando la doctrina militar y la seguridad nacional, causantes del genocidio.
Dice un refrán popular, no puedes esperar un resultado distinto si sigue aplicando los mismos métodos, y es verdad, pues, enfocar un proceso de dialogo solo en la desmovilización y desarme, más que ilegal, es condenar a la sociedad colombiana a seguir en conflicto interno. Así, como no reconocer que los causantes de la guerra es el modelo neoliberal y el régimen contra insurgente (pueblo en armas) que da trato de guerra al movimiento popular.
Referencias
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