LA ROSA ROJA /
El puerto vallecaucano de Buenaventura sigue siendo noticia por la lacerante realidad social en que se debaten sus habitantes, cuyo territorio marca un oprobioso contraste: una historia de exclusión y pobreza frente a una obscena concentración de la riqueza. Situación agravada además por el divorcio entre una ciudad abndonada a su suerte y el puerto, una extensión donde reluce lo moderno y la tecnología para atender la demanda del transporte marítimo, cuya administración se entregó en los años 90 al sector privado.
Bajo la óptica neoliberal, en este puerto sobre el Pacífico colombiano la riqueza fluye, entra, sale, pero prácticamente nada se queda para mejorar la calidad de vida de su gente. Los distintos gobiernos con la miopía que les caracteriza atribuyen la crítica situación de esta población a un problema de orden público originado por el narcotráfico sin auscultar las verdaderas causas estructurales. Tal es así que ninguno de los documentos Conpes formulados por Planeación Nacional para el desarrollo de Buenaventura y la Región del Pacífico plantean alternativas viables para superar la situación de inequidad y pobreza.
Buenaventura es víctima de la ecuación neoliberal: ausencia de Estado y eficiencia del mercado, en la que el criterio de la ganancia máxima no opera en una región empobrecida, sin infraestructura, sin ingresos suficientes y sin seguridad. Esa ganancia solo va a engrosar los bolsillos del sector privado y el gran capital.
En las actuales circunstancias, el gobierno de Duque se empecina en simplificar la preocupante ola de violencia en Buenaventura, que va en alza, como un asunto exclusivamente de seguridad, en el que existe enfrentamiento de bandas armadas para controlar un territorio funcional a la producción y exportación de cocaína.
Con esta visión reduccionista y deliberada, la solución oficial se limita a incrementar el pie de fuerza tanto de Ejército como de Policía, sin atender las causas estructurales del problema social, con lo cual se agrava la situación de abandono estatal, se incrementan los fenómenos de violencia y la ciudad se mantiene segregada y en su condición de pobreza.
Precisamente, como lo han diagnosticado varios analistas sociales, los agudos problemas de violencia, segregación, mal manejo de los recursos públicos por parte de la dirigencia local, se da como consecuencia de la pobreza y la exclusión. De ahí la aparición de los llamados agentes de las economías criminales que superan al Estado y ello explica que entre 1991 y 2013, Buenaventura experimentó una de las tasas promedio más elevadas de homicidios en el país, 69.58% por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional que fue del 50%.
Lejos de superar la crítica situación en la que se debate, Buenaventura es un epicentro de marginalidad atrapada por fuegos cruzados que han arrinconado a una población atemorizada ante la presencia de distintos frentes armados que se disputan el territorio como plataforma de exportación de la abundante producción de cocaína, aprovechando su magnífica posición geográfica sobre el mar Pacífico que la hace una atractiva ruta para el narcotráfico.
Una historia sin fin de abandono e incuria
Como buena parte de los territorios de la Colombia profunda, Buenaventura ha sido víctima del abandono y de la incuria del Estado. Solo hay que remontarse a 1964, hace más de medio siglo, cuando sus habitantes realizaron el primer paro o movimiento cívico. En ese entonces, una ciudad de menos de cien mil habitantes reivindicaba las mismas causas que llevaron a organizar el paro de 2017 por la Dignidad de Buenaventura. El común denominador ha sido que los diversos acuerdos a que ha llegado la población con los distintos gobiernos nacionales han sido incumplidos y el Estado sigue sin hacer presencia. Hoy, la población bonavarense además de carecer de servicios básicos dignos, registra una tasa de desempleo que supera el 60%, por lo que la gran mayoría de sus habitantes sobreviven en condiciones de informalidad.
En 2017, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1872, como consecuencia del paro cívico, y una de las disposiciones fue la creación del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura que se encargaría de la ejecución de una serie de obras prioritarias. Todo se ha quedado en papel y en buenas intenciones. Otra burla para los habitantes del puerto vallecaucano.
Infortunadamente, mientras persista por parte de los gobiernos la visión errática, según la cual a los territorios marginados socialmente el Estado debe hacer presencia con fuerza pública para enfrentar el fenómeno del narcotráfico, difícilmente podrá haber programas de dignificación del ser humano con enfoque territorial que posibiliten progreso social y garanticen, de esta manera, la paz en las regiones.
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