POR GIANNI PROIETTIS /
Si hace falta una prueba definitiva de la mezquindad del Congreso peruano, no hay que mirar a una de sus últimas deliberaciones, que prohíbe al presidente Pedro Castillo viajar a México, donde hubiera recibido la presidencia de la Alianza del Pacífico –México, Perú, Chile, Colombia y un sinnúmero de postulantes– de las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No hay que asombrarse del bajo nivel del Legislativo peruano: casi la mitad de los congresistas usan su curul como escudo contra el Poder Judicial, por la inmunidad que garantiza.
Sentencias y denuncias por delitos que van desde la falta de pago de alimentos y la violencia familiar hasta lavado de dinero, narcotráfico y homicidio, zumban como drones sobre muchas cabezas. Lo que, sumado a una actividad legislativa fuertemente antipopular –como la sustracción del derecho de referendo–, explica que la aprobación del Congreso no rebase un digito.
Esta guerra, totalmente insensata, entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, empezada por Keiko Fujimori como respuesta a su derrota frente a Pedro Pablo Kuczynski en 2016, nunca ha parado en los últimos seis años –sí, jamás, se ha recrudecido con el triunfo del maestro Pedro Castillo– paralizando la vida política del país.
Hoy día la crisis se ha agudizado a tal punto que el presidente Castillo no ha encontrado otro recurso que solicitar una intervención de la impresentable y deslegitimada Organización de Estados Americanos (OEA) para salir de las arenas movedizas en que se encuentra. A flaco árbol se arrima el mandatario peruano, si se toma en cuenta el escaso prestigio y credibilidad del organismo interamericano, considerado unánimemente títere de Estados Unidos con un secretario general filogolpista.
Difícilmente la misión de alto nivel de la OEA, que ha llegado a Lima en estos días, podrá resolver un conflicto tan enconado, más allá de vagos llamados a la distensión.
En el acoso creciente que la jauría legislativa y judicial dedica a tiempo completo al presidente Castillo, resalta por ridícula la acusación constitucional de traición a la patria, formulada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, que, si fuera comprobada, alejaría a Castillo del ejercicio de la presidencia. La razón medular de la acusación consiste en unas declaraciones de Castillo, cuando todavía no era presidente, quien a la pregunta de qué haría frente al pedido de Bolivia de un acceso al mar, contestó que sometería la cuestión a referendo.
¿Puede parecer esta salida claramente democrática a un añejo pedido, una traición a la patria? Sólo una mente torcida, que sopla sobre el fuego de un tabú histórico y desprecia la vox populi, la ve así. El poco prestigio de la fiscal de la nación, que ha presentado a la delegación de la OEA una carpeta de 51 acusaciones judiciales contra Castillo, se ha esfumado completamente cuando se ha vuelto pública la protección que ha otorgado a su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas, retirando la fiscal que la investigaba por cobrar sobornos para liberar narcotraficantes. Ante semejante desfachatez de la fiscal Benavides, el Tribunal Constitucional de Perú desestimó tal acusación.
Ahora bien, frente a la podredumbre que impera en los poderes Legislativo y Judicial está la efectiva corrupción de un gobierno novelero, capturado por parientes y amigos provincianos.
Se trata de una corrupción de pequeño calibre, si se compara con los robos billonarios de Alan García o Alberto Fujimori, quienes saquearon sin vergüenza al erario e hicieron business con todo el mundo, y se reduce a tráfico de influencia y concesiones indebidas de obras públicas, pero no por esto menos condenable. Se trata de una forma de corrupción más explicable –mas no justificable– con los instrumentos de la antropología que con los de la ética o la política.
El ayllu, la comunidad de origen precolombino basada en relaciones familiares, sigue vigente en los Andes hodiernos y los rígidos principios morales quechuas del “ama sulla, ama llulla, ama quella” (“no robes, no mientas, no seas flojo”), adoptados actualmente por la ONU tras propuesta de Bolivia, son rebasados por la solidaridad entre andinos que bajan a la costa o a las grandes ciudades. Lo que a un observador occidental aparece así como complicidad mafiosa, es en su origen un vínculo solidario –y étnico– entre paisanos. Esto explica también la protección que el presidente Castillo ha otorgado a parientes, amigos y coterráneos acusados de ilícitos. Un ejemplo sonado es lo de su cuñada, Yenifer Paredes, acusada de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado, que al parecer se refugió en el palacio presidencial, pero nunca fue encontrada por una búsqueda de fiscales y policías de dudosa legalidad.
El producto más visible de este conflicto permanente entre los dos poderes es un profundo hartazgo de la ciudadanía, que reclama mayoritariamente “que se vayan todos” y unas elecciones anticipadas que difícilmente lograrían resolver la situación, vista la pobreza de la actual clase política.
Se ha revelado bienvenida la iniciativa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de suspender la reunión de la Alianza del Pacífico y prospectar la posibilidad de reunirse en Lima –lo que evidenciaría aún más la bajeza del Congreso peruano. Castillo no ha aportado ninguna transformación al estado de cosas presente y se ha limitado hasta ahora a exhibir incompetencia, nepotismo, un gobierno muy poco popular y una sujeción total a las políticas estadunidenses.
La Jornada, México.
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