POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
El proyecto de Reforma de las pensiones, radicado por el gobierno ante el Congreso de la República, presentado como propuesta para crear un “sistema de protección integral para la vejez”, que pretende garantizar que los más de 25 millones de afiliadas/os, tanto al fondo público, Colpensiones, como a los fondos privados, además de los afiliado a los llamados regímenes especiales, como el de los/as docentes, la rama judicial y la fuerza pública, logren, en su totalidad, una pensión vitalicia. Con el nuevo sistema se quiere crear una cobertura universal, es decir, que en el futuro todo aquel o aquella, que en adelante, se vinculen mediante contrato laboral al mundo del trabajo debe tener la posibilidad de construir una pensión de jubilación vitalicia.
El proyecto radicado fue producto de la conciliación tripartita entre las centrales sindicales y las confederaciones de pensionados del lado de la clase trabajadora, el gobierno y los voceros de los gremios económicos, incluidos los dueños de los fondos privados (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) agrupados en Asofondos. Se trató de un típico ejercicio del “diálogo social” recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o, de “conciliación de clases”, si se mira desde el lente clasista de los sectores de la izquierda que desarrollan su activismo en el mundo sindical.
Sistema de pilares
El proyecto se elaboró basado en el sistema de pilares promovido en la campaña del presidente Gustavo Petro, el cual, si se aprueba, funcionará de la siguiente manera:
1) El pilar solidario, al cual se vincularán 2.5 millones de personas mayores de 65 años, que viven por debajo de la línea de pobreza, que ni tuvieron, ni tienen la posibilidad de acceder a una pensión, recibirán, a partir de 2025, un auxilio de $223.000 mensuales, llamado renta básica en el proyecto. Este auxilio, según el Ministro de Hacienda, tendrá un costo de 4 a 5 billones y será pagado por el Estado.
2) El pilar semicontributivo, otorgará una renta vitalicia a las personas que, pese a tener semanas cotizadas en Colpensiones o en las AFP, no lograron acceder a la pensión.
3) El pilar contributivo, en el cual se regula que las personas que devengan hasta tres salarios mínimos; es decir, el 90 % del total de afiliadas, tanto a Colpensiones, como a las AFP, pasarán a ser afiliadas a Colpensiones y harán sus aportes a dicho fondo público. Las personas que devenguen más de tres salarios mínimos, harán sus cotizaciones obligatoriamente a los fondos privados, es decir el 10 % del total de personas afiliadas tanto al sistema público o régimen de prima media, como al privado de pensiones o régimen de ahorro individual.
4) El pilar del ahorro voluntario, en el cual,las personas que tengan mayores ingresos puedan incrementar sus ahorros en su respectivo fondo de pensiones mediante aportes adicionales para incrementar el monto de su pensión. Estas dos prestaciones serán complementarias para acceder a la pensión de jubilación, además de cumplir los requisitos de edad, 57 años si es mujer, 62 años si es hombre y 1300 semanas cotizadas.
Revitalización del fondo público de pensiones
Otros aspectos a resaltar del proyecto de reforma se refieren a que pone fin a la competencia desleal creada por la Ley 100 para fortalecer el negocio de los fondos privados y marchitar progresivamente el fondo público de pensiones, con la deliberada intención de eliminar el régimen de prima media que liquida el monto de la pensión con el promedio indexado de los últimos 10 años de servicio y otorga una pensión vitalicia y sustituible para el o la cónyuge supérstite y reemplazarlo por el régimen de ahorro individual que, como ha sido evidente, liquidan las pensiones con montos miserables que finalizan con el fallecimiento de la persona pensionada.
Con la reforma se revitaliza el fondo público Colpensiones, porque se supera la iniquidad creada con la Ley 100, que facilitó a los banqueros, dueños de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), acumular más 300, o 400 billones de pesos con los ahorros de sus 18 millones de afiliados/as, de los cuales, tan solo otorgaron entre 250.000 y 300.000 pensiones y destinaron los recursos a inversiones en el exterior, o, a financiar mega obras públicas adjudicadas a inversionistas privados, que en algunos casos produjeron grandes pérdidas, como en el sonado caso de la caída del puente de Chirajara en la vía a Villavicencio o, a financiar negocios privados, como en el caso de los hijos del corrupto y deslegitimado expresidente Álvaro Uribe, que construyeron centros comerciales, con los dineros de sus afiliados/as. Los fondos privados pasarán de recibir 30 billones de pesos anuales a captar 9 billones anuales.
Mientras que Colpensiones, con 6.300.000 personas afiliadas, que le aportan 14 billones anuales, debe pagar las mesadas de cerca de 1.800.000 pensionados/as, que, por ingresos insuficientes, han obligado al Estado a cubrir, con dineros del erario, su déficit permanente con montos que superan los 18 billones de pesos anuales. Con el traslado del 90 % de las cotizaciones de las personas afiliadas a las AFP al fondo público, es decir 16.500.000 cotizantes al sistema pensional, Colpensiones pasará a recibir anualmente 21 billones adicionales, en total administrará 35 billones de pesos anuales; monto que dejarán de percibir los fondos privados, que en adelante, solo recibirán los aportes del 10 % de los/as afiliados/as al sistema, es decir, de quienes ganan cuatro o más salarios mínimos, más los aportes voluntarios de los más pudientes. Adicionalmente, la reforma elimina los subsidios a las megapensiones que devengan ex altosfuncionarios públicos y de las grandes empresas. (Fuente: Mariana Matamoros, Oliver Pardo y William Reyes. Reforma pensional del gobierno Petro: ¿qué trae de bueno y de malo?).
Aunque el proyecto de reforma no elimina del todo el fabuloso negocio de la acumulación de capital, lo reduce sustancialmente; además, dispone que Colpensiones creará un fondo de sostenibilidad del sistema, al cual debe girar el 20 % de sus ingresos anuales, es decir, 7 billones; ahorros que solo podrán ser invertidos en bonos de deuda pública.
La reforma también propone que, como una medida de justicia, a las personas mayores de 65 años, que no logren cotizar las 1300 semanas, pero que hayan alcanzado más de 1000 semanas, se les otorgue anticipadamente la pensión y que, de su mesada se les descuente el valor de sus cotizaciones hasta completar las 1300 semanas requeridas. Igualmente establece un régimen de transición para las personas que estén próximas a pensionarse bajo el régimen de la Ley 100 de 1993, en un término de dos años podrán cambiarse del fondo al cual están afiliadas, si así lo desean. Así mismo, contiene una propuesta que es presentada como un subsidio a las mujeres y consiste en que las que lleguen a la edad de pensión (se mantiene en 57 años) que no logren cotizar las 1300 semanas requeridas en Colpensiones, se les descuente 50 semanas por cada hijo, biológico o adoptivo, hasta tres hijos; máximo 150 semanas, para que puedan pensionarse. Se trata de una pequeña reparación de la deuda social del estado patriarcal con las mujeres. Por último, se consagra una especie de pensión que consiste en permitir a las parejas que acrediten mínimo cinco años de sociedad conyugal, si no logran las cotizaciones requeridas por separado, sumen sus aportes y puedan obtener una pensión familiar.
No puede llamar a duda que la reforma de las pensiones, si bien no logra el pilar de cuatro salarios mínimos, ni la renta básica de $500.000 para los adultos mayores que carecen de pensión, si tiene un saludable contenido social y democrático, que restablece en buena parte la expectativa del derecho a construir colectiva y solidariamente una pensión para la mayoría de la clase trabajadora colombiana, garantizada por el estado, liquidada con base en el régimen de prima media y otorgada por colpensiones que sale fortalecida, con lo cual el egoísta sistema de ahorro individual empezará a marchitarse.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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