POR OMAR ROMERO DÍAZ /
No solo el presidente Petro debe enfrentar el complot organizado por el excanciller Álvaro Leyva Durán y el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, sino que ahora se ha develado un plan siniestro que busca desestabilizar el Gobierno nacional mediante un “golpe blando” dirigido a atemorizar a la población.
Colombia está presenciando un momento decisivo. Mientras el Gobierno del Cambio, liderado por Gustavo Petro, propone una transformación profunda del sistema de salud para garantizar el derecho de todos y todas, los retardatarios sectores tradicionales del poder económico y político parecen haber activado una estrategia desesperada. Hace pocos días, se conoció un documento de circulación restringida promovido por la ANDI, la principal agremiación de empresarios de alto coturno del país y otros actores, que más que una propuesta técnica, parece una hoja de ruta para desestabilizar al Gobierno nacional.
Este documento, revelado por el senador Wilson Arias Castillo en el programa ‘El Calentao’ de RTVE Noticias, pone en evidencia lo que muchos ya sospechaban: hay un sector empresarial que no está dispuesto a ceder sus privilegios, ni siquiera si eso significa poner en riesgo la estabilidad del país.
Bajo el rótulo engañoso de “Frente Amplio por la Defensa de la Salud y la Vida”, la ANDI, su sinuoso presidente Bruce Mac Master y otros firmantes incluidos exministros de la derecha y figuras públicas elaboraron un plan que tiene todos los elementos de un golpe blando: generar pánico económico, instalar la idea de una crisis humanitaria inexistente, movilizar iglesias como centros de propaganda política, y sabotear cualquier intento de reforma social.
No se trata de una legítima diferencia de opiniones sobre el modelo de salud. Se trata de una ofensiva política disfrazada de debate técnico. Porque cuando los grandes empresarios usan sus gremios para crear caos, están jugando con fuego. Están instrumentalizando el derecho a la salud para mantener intactos sus negocios, incluso si eso implica condenar a millones de colombianos a seguir dependiendo de un sistema inequitativo, controlado por EPS y su agremiación Acemi, que lucran con la enfermedad.
Y mientras tanto, personajes de la derecha como los connotados exministros neoliberales Alejandro Gaviria y Humberto de la Calle se suman a este plan, dándole una pátina de supuesta “respetabilidad liberal” a lo que en el fondo es una reacción de clase frente a un Gobierno que, por primera vez, pone en el centro a la gente y no a los balances financieros.
Este intento de desestabilización no puede pasarse por alto. La democracia no solo se amenaza con tanques, también con editoriales amañados, con marchas fabricadas, con “líderes de opinión” que siembran miedo. Lo que está en juego es mucho más que una ley: es la posibilidad de construir un país donde los derechos no dependan del bolsillo.
La ciudadanía debe estar alerta. No se puede permitir que los poderes económicos chantajeen la voluntad popular. La salud no puede seguir siendo rehén del capital privado.
Colombia merece un sistema justo, solidario y verdaderamente público. Y eso solo será posible si se defiende el cambio frente a quienes, con documentos secretos, quieren imponer el caos para mantener el orden de los privilegios.
