POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La salud en Colombia se encuentra en un punto de inflexión. Durante décadas, el sistema de salud ha estado dominado por un modelo de intermediación financiera que, en lugar de garantizar el derecho a la vida y la atención médica, ha priorizado el lucro de unos pocos. Bajo el Gobierno de Gustavo Petro, este problema ha salido a la luz con una claridad incómoda para los grupos de poder.
La narrativa construida por los medios de comunicación de la ultraderecha entre ellos RCN y Caracol intenta presentar una imagen distorsionada de la realidad. Aseguran que el Gobierno ha desfinanciado el sistema, que los hospitales no reciben recursos y que la crisis es producto de la mala gestión del Ejecutivo. Pero los hechos desmienten esta versión: las EPS han recibido en términos reales más dinero que en cualquier otro gobierno anterior.
La ficción mediatizada: una falsa crisis
La maquinaria mediática de la derecha ha trabajado incansablemente para sembrar la idea de que el Gobierno del Cambio es el responsable del colapso del sistema de salud. Sin embargo, la realidad es más sombría y revela un problema estructural de corrupción y manipulación:
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Las EPS han recibido aumentos de financiación superiores a la inflación, lo que desmiente la supuesta desfinanciación.
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Los recursos girados por el Gobierno han sido suficientes, pero las EPS no han pagado a clínicas y hospitales, generando un déficit artificial.
La connivencia entre los dueños corporativos de los medios de comunicación y las EPS ha permitido que la narrativa se enfoque en atacar al Gobierno y no a los verdaderos responsables del saqueo de la salud, como los cuestionados e impresentables Vargas Lleras, y los politiqueros de la ultraderecha encabezada por el jefe de la banda del Senado.
En este contexto, la desinformación no es solo una estrategia política, sino un mecanismo de encubrimiento de un modelo de negocios que ha costado vidas humanas.
La realidad innegable: 300 mil muertos por negligencia
Más allá del mal intencionado discurso mediático, las cifras muestran un drama que ha sido silenciado durante muchos años. Trescientas mil personas han muerto en la última década por falta de atención médica que la ciencia actual pudo haber salvado. Esta cifra es superior a las muertes provocadas por la violencia en Colombia.
El problema no es la falta de recursos, sino la corrupción y el uso indebido de los mismos: Las EPS priorizan la rentabilidad sobre la atención médica. Los pacientes son abandonados o reciben tratamientos insuficientes para ahorrar costos.
Se han presentado casos donde se niegan medicamentos esenciales o se prolongan trámites administrativos hasta que los pacientes fallecen.
Este no es solo un acto de corrupción, es un crimen de lesa humanidad.
El Gobierno del Cambio y el desafío de la transformación
Ante esta situación, el Gobierno de Gustavo Petro ha planteado una reforma al sistema de salud para eliminar la intermediación financiera de las EPS y garantizar el acceso universal a la atención médica. La respuesta de los sectores afectados ha sido una campaña de desinformación sin precedentes:
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Se han fabricado noticias falsas para desacreditar la reforma. Se ha señalado a Petro de ser el responsable de muertes que en realidad son causadas por la negligencia del sistema actual.
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Se ha presionado al Congreso para bloquear los cambios que pondrían fin a la corrupción en el sector.
Un caso reciente ilustra la magnitud del problema: una niña de dos meses estuvo al borde de la muerte porque una clínica se negó a darle el tratamiento necesario para su alergia a la leche. Solo la intervención directa del Gobierno permitió salvar su vida, pero la misma clínica continuó negándole la leche especial que necesitaba. Este es el nivel de crueldad al que ha llegado el negocio de la salud en Colombia.
La encrucijada: reformar o morir
El Gobierno ha sido claro: el Estado no pagará las deudas privadas de las EPS.
Las EPS deben asumir sus responsabilidades y pagar a clínicas y hospitales. Si no cumplen, serán liquidadas, como lo establece la ley para cualquier intermediario financiero.
No se trata de una ideología, sino de un principio básico de justicia y derechos humanos. La pregunta es: ¿permitiremos que se siga lucrando con la vida de los colombianos o impulsaremos una reforma que garantice la salud como un derecho y no como un negocio?
El tiempo se agota y la verdad se impone. La salud en Colombia ya no puede estar en manos de quienes han demostrado que su único interés es el dinero.
