POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La reciente suspensión del juicio contra el cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez por orden del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto constituye un acto que refleja, de manera preocupante, el estado de la justicia en Colombia y su vulnerabilidad ante la opacidad de intereses políticos. Esta decisión, lejos de ser un simple trámite jurídico, expone las tensiones entre el derecho y el poder, entre la independencia judicial y la influencia de una oligarquía corrupta y politiquera que ha moldeado el aparato estatal a su favor.
El fallo y su contexto inmediato
En su argumentación, el magistrado Jorge Hernán Díaz acogió una tutela presentada por la defensa de Uribe, basada en la supuesta falta de imparcialidad de la jueza Sandra Liliana Heredia. Sin embargo, esta justificación se convierte en una paradoja cuando se examina el historial del propio Díaz, un magistrado cuya trayectoria está estrechamente ligada al uribismo y a figuras políticas beneficiadas por su actuación en la Rama Judicial.
Díaz no es un actor neutro en esta historia. Antes de asumir su cargo en la Corte Suprema en 2023, fue defensor del impresentable exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, un programa de subsidios agrícolas que terminó beneficiando a grandes terratenientes y sectores afines al Gobierno de Uribe.
La presencia de Díaz en la Sala Penal de la Corte Suprema se inscribe en una estrategia más amplia: la consolidación de un aparato judicial permeado por el uribismo, diseñado para proteger a sus figuras clave cuando se enfrentan a procesos judiciales.
La instrumentalización de la justicia y la erosión del Estado de Derecho
Este caso no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una constante en la historia reciente de Colombia, donde la justicia ha sido moldeada según los intereses de los grupos de poder. Un antecedente clave es la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, donde Díaz, como fiscal del caso en 2019, afirmó que no hubo desaparecidos. Esta postura contrasta con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenaron al Estado colombiano por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de esos hechos.
El papel de Díaz en este caso es emblemático: representa a una oligarquía judicial que, en lugar de garantizar el acceso a la verdad y la justicia, reescribe la historia en favor de los victimarios. Si fue capaz de minimizar uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana, no es sorprendente que ahora actúe en beneficio del expresidente Uribe, utilizando mecanismos jurídicos para bloquear su juicio.
Este patrón se replica en otros casos donde el uribismo ha sido señalado por corrupción o violaciones a los derechos humanos. Desde el escándalo de Agro Ingreso Seguro hasta las investigaciones por falsos positivos, la estrategia ha sido clara: infiltrar la justicia con operadores afines, obstaculizar los procesos y garantizar la impunidad. La suspensión del juicio contra Uribe es solo una pieza más en esta estructura de protección.
El alfil del uribismo y la descomposición del sistema judicial
Jorge Hernán Díaz no es un magistrado independiente; es un alfil del uribista Centro Democrático en la Corte Suprema de Justicia. Su historial, su cercanía con figuras del uribismo y su papel en casos sensibles para la memoria histórica del país lo convierten en un operador político disfrazado de juez.
La Sala Penal de la Corte Suprema, al permitir que un magistrado con evidentes conflictos de interés decida sobre el caso de Uribe, no solo ha suspendido un juicio, sino que ha debilitado la credibilidad del sistema judicial. Esta decisión refuerza la idea de que en Colombia la ley no es igual para todos y que el aparato judicial, en lugar de ser un contrapeso del poder, ha sido cooptado para proteger a quienes lo han detentado históricamente.
La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo la justicia colombiana seguirá siendo un instrumento de impunidad para la oligarquía política? La suspensión del juicio de Uribe es un recordatorio de que, en Colombia, el derecho sigue siendo manipulado en favor de los poderosos, mientras las víctimas y la sociedad esperan justicia en vano. Con lo que está sucediendo, ¿para qué la justicia en las altas cortes si no actúan en derecho?
