CRONICÓN.NET / LA ROSA ROJA /
Desde el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, el poderoso Comando Sur tiene puesto el ojo en el Parque Natural Isla Gorgona para convertirlo en la octava base militar de Estados Unidos en Colombia. Por ello no es gratuito que en el último año y medio la generala Laura Richardson haya visitado cinco veces territorio colombiano y su presencia tanto en la Casa de Nariño como en la sede del Ministerio de Defensa sea vista como rutinaria para tratar asuntos que Washington considera “domésticos”.
Violando toda normativa ambiental y sin ningún respeto por la soberanía de Colombia, país que la Casa Blanca y el Departamento de Estado consideran su ‘enclave’ en Suramérica, y por lo tanto, no se enredan en lo que para ellos simplemente constituye retórica sin ninguna importancia porque prevalece la filosofía de la Doctrina Monroe que es piedra angular en su interés geopolítico y directriz fundamental en su política de relaciones internacionales, Washington busca apoderarse de esta isla colombiana de alto valor ecológico como geoestratégico.
En su interés hegemónico en Suramérica, Gorgona, como las islas Galápagos en Ecuador, constituye territorio privilegiado y de altísimo interés para EE.UU. Es una isla ubicada a 28 kilómetros al oeste de la costa Pacífica colombiana, cuenta con una extensión de unos 26 km² aproximadamente de superficie terrestre o insular, y 61.687,5 hectáreas de área marina.
Junto con Malpelo, son las únicas islas de Colombia en el océano Pacífico. Por lo tanto, una nueva base militar en esta estratégica y rica zona natural ensancharía el dominio geopolítico del Comando Sur, concretamente en el corredor Pacífico ecuatorial del este.
Batalla jurídica
El experimentado abogado ambientalista vallecaucano Armando Palau Aldana, quien con tesón viene liderando el Círculo de Pensamiento Ambiental (CIRPA), presentó el pasado jueves 28 de septiembre, en el céntrico Café Balzac de Bogotá, su nuevo trabajo bibliográfico que lleva por título ‘La odisea jurídica de las ballenas jorobadas y su mundo marino’, el cual registra a manera de crónica los vericuetos y encrucijadas que varios defensores y activistas por la conservación de los ecosistemas han tenido que sortear para hacer la reclamación administrativa y judicial de oposición a la construcción de dicha base militar financiada por el Fondo Antinarcóticos de EE.UU. en el Parque Natural Isla Gorgona.
El libro de Palau Aldana con prólogo del exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería, explica pormenorizadamente la batalla jurídica que se viene dando por colectivos ecológicos y la estrategia que se han trazado para hacer respetar la vida silvestre y la riqueza marina que se atentaría en grado superlativo con la instalación de una estructura militar estadounidense en esta joya ambiental del Pacífico, así como preservar la soberanía del territorio colombiano.
Organizaciones como CIRPA, Unidos por Gorgona, Fundación Biodiversidad, el Comité Salvemos Gorgona, el Comité Científico de Biología Marina (que lo integran representantes de varias universidades del país) y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas se han unido para dar esta batalla jurídica que posibilite que el Estado colombiano no acceda al despropósito que persigue EE.UU. de apropiarse militarmente de un singular e importante territorio de incalculable riqueza natural en el que se puede avistar diversas especies marinas como las ballenas jorobadas, los delfines moteados, las tortugas carey, los monos capuchinos, los lagartos azules, los murciélagos fruteros, las serpientes coral Gorgona y demás seres vivos que conforman el biodiverso mundo ictiológico de la ‘Isla Ciencia’.
Lista infraestructura para montaje de la base militar
Palau Aldana, durante la presentación de este libro en defensa tanto del ecosistema de Gorgona como de la soberanía colombiana, afirmó que prácticamente el Comando Sur de los EE.UU. tiene lista la infraestructura para el montaje de lo que sería su octava base militar en esta nación suramericana, pues da como un hecho que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) seguirá adelante con la autorización correspondiente. Un duro sapo de tragar para un gobierno progresista como el de Gustavo Petro, cuyo lema es “Colombia, potencia mundial de la vida”.
“Es muy probable que el radar ya esté en Gorgona”, comentó y a renglón seguido lanzó la siguiente pregunta: “¿Cómo va a afectar su funcionamiento al mundo silvestre?”.
El abogado ambientalista explica en detalle las repercusiones negativas que esta infraestructura militar va a generar en este santuario ecológico del Pacífico colombiano, pues el montaje del radar se hará en una torre de 52 metros que se instalará en el cerro La Trinidad. Además, se adecuará un muelle de 182 metros de largo y se construirán hangares pequeños en donde operará el personal tanto administrativo como militar.
Dicha infraestructura es altamente contaminante y cancerígeno, explica Palau, habida cuenta que el radar emitirá 9,14 gigahercios, se utilizarán dos tanques de almacenamiento mensual de siete mil galones de combustible, un muelle militar de 182 metros sobre 100 pilotes en el lecho marino, y tres pequeños hangares para personal militar bajo el pueril pretexto de “luchar contra las drogas ilícitas”. Toda esta operatividad constituye un “latente peligro para la fauna marina asociada a Gorgona”.
Cinco acciones populares y reclamación ante Consejo de DDHH de la ONU
Desde que la ANLA avaló en diciembre de 2015 la autorización para el proyecto “Construcción, operación, abandono y restauración de la estación de guardacostas en la Isla Gorgona y obras complementarias”, las organizaciones medioambientales no han parado en su cruzada por reversar tan antipatriótica decisión. En ese entonces fungía como directora de Parques Nacionales, la hoy representante a la Cámara por ese partido de bolsillo y negociado familiar denominado “Nuevo Liberalismo”, Julia Miranda Londoño, esposa del ultraconservador abogado Juan Carlos Esguerra Portocarrero, ministro de Defensa y embajador de Colombia en Washington en el gobierno de Ernesto Samper, así como titular de la cartera de Justicia durante la administración de Juan Manuel Santos, reconocido por ser un defensor de oficio de los intereses estadounidenses.
Por ello es que Miranda Londoño para justificar el proyecto de instalación de la base estadounidense en Gorgona salió con el peregrino argumento según el cual para controlar el tráfico de fauna se requiere de vigilancia militar y qué mejor que la ‘cooperación’ de marines y personal castrense de EE.UU.
Existe sobrada literatura tanto académica como militar que demuestra que los delitos que se cometen en el mar se controlan desde tierra firme. De ahí que sobre la instalación de la octava base del Comando Sur en Colombia haya mucho secretismo y respecto del acuerdo suscrito por Washington y Bogotá en tal sentido no haya divulgación alguna, pues se arguye que es un tema de alta seguridad estratégica.
Ante semejante nivel de argumentación y considerando que es necesario hacer prevalecer la razón jurídica y la defensa de los intereses soberanos de la nación, las organizaciones comprometidas en la defensa del territorio de Gorgona han impulsado cinco acciones populares, solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora se tiene previsto, según anunció el abogado Palau Aldana, recurrir ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Asimismo, en el ámbito político, se tiene previsto llegar al Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) para buscar crear conciencia en el terreno internacional sobre un derecho fundamental y colectivo como es la preservación del medio ambiente.
Si bien es toda una “encrucijada jurídica”, dice Palau Aldana, “esta es una guerra contra un modelo económico salvaje como el neoliberal”.
Acción política en Colombia
En carta abierta dirigida el pasado 24 de septiembre al presidente Gustavo Petro, el abogado Armando Palau afirma que la misma ha sido entregada a las senadoras del Pacto Histórico, Clara López Obregón, Aída Avella Esquivel y Piedad Córdoba Ruiz, a quienes se les ha designado como emisarias para que interpongan sus buenos oficios ante el Gobierno colombiano y el propio jefe de Estado, con miras a que haya una respuesta contundente en aras de no sacrificar “a Gorgona como santuario de vida marina”.
Toda una acción política y jurídica nacional e internacional que se ha emprendido con vocación patriótica y soberanista en defensa de las ballenas jorobadas y del potencial marino del Parque Natural Gorgona para que no sea arrebatado con fines guerreristas y expansionistas por la mano abusiva de la nación que se sigue por la injerencista Doctrina Monroe y el mesiánico como embustero Destino Manifiesto.
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