POR CRUZ BONLARRON MARTÍNEZ Y KEEGAN CONRAD /
El presidente Gustavo Petro, está batallando por aprobar un amplio paquete de reformas laborales que proteja a los trabajadores y restaure los sindicatos tras décadas de violencia y represión. Las fuerzas conservadoras están decididas a impedirlo.
En los últimos meses, la nueva canción de la estrella colombiana del pop Shakira, «El jefe», ha despegado en toda América Latina, poniendo de relieve la intensa desigualdad económica y la explotación en la región. Quizás sorpresivamente, la canción tiene un admirador en las altas esferas del poder: Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia.
Primero en Twitter/X y después en un mitin en la Plaza Bolívar de Bogotá, el presidente Petro expresó que «El jefe» de Shakira capta la situación de desigualdad a la que su gobierno pretende poner fin en uno de sus proyectos más ambiciosos, la revisión de la legislación laboral colombiana mediante una reforma integral. «Por eso es necesaria la reforma laboral», tuiteó, junto con el video musical de la canción.
Petro fue arrastrado al poder por una ola de agitación social protagonizada por movimientos sociales impulsados en gran medida por la desposeída clase trabajadora colombiana. Su reforma laboral reintroduciría derechos laborales perdidos hace mucho tiempo, dando a los trabajadores protecciones y a los sindicatos un respiro en un clima dominado durante décadas por intereses elitistas y reaccionarios. Como era de esperar, esas fuerzas conservadoras y proempresariales —los auténticos «jefes» de Colombia— están decididas a detener la reforma en seco.
Neoliberalismo a la colombiana
Desde la década de 1990, las reformas neoliberales han asestado un duro golpe a la densidad sindical y al poder político del movimiento obrero colombiano. Estas reformas fueron acompañadas de una ola de violencia contra los dirigentes sindicales. En la década de 1990 y principios de la de 2000, los paramilitares de derechas, apoyados por el Ejército, libraron una guerra contra los trabajadores organizados mientras amenazaban, secuestraban, asesinaban y desplazaban internamente a miles de sindicalistas en el marco de sesenta años de conflicto armado de Colombia.
Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC-EP y el gobierno puso fin oficialmente a uno de los conflictos más largos del mundo, Colombia sigue siendo uno de los mayores infractores de los derechos laborales y uno de los países más mortíferos para ser dirigente sindical. La violencia allanó el camino para que las fuerzas conservadoras aprobaran leyes que aumentaban la flexibilidad del mercado laboral, desregulaban la industria y eliminaban las protecciones de los trabajadores.
En 2002, durante la presidencia de Álvaro Uribe, esta flexibilización se consagró en la ley mediante reformas regresivas de la legislación laboral del país. La reforma laboral de Uribe contribuyó a la ya creciente economía informal al aumentar el número de trabajadores contratados mediante contratos precarios a corto plazo, denominados contratos de prestación de servicios. La reforma supuso que muchos colombianos se vieran excluidos de los derechos laborales, obligados a trabajar por un salario bajo, privados de prestaciones y sometidos a discriminación de género.
Estas precarias condiciones laborales crearon una bomba de tiempo que estalló en 2021 con el impactante paro nacional y las masivas movilizaciones que lo acompañaron. La falta de estabilidad laboral, combinada con unas estrictas cuarentenas que dejaron a muchos sin forma de mantener a sus familias y con una propuesta de reforma fiscal del entonces presidente Iván Duque que habría elevado el precio de los productos, sacó a la calle durante meses a algunos de los sectores más oprimidos de la sociedad colombiana.
Millones de personas expresaron su oposición al neoliberalismo y su deseo de cambiar el statu quo fuertemente desigual de Colombia. Este movimiento impulsó al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez a la victoria en las elecciones de junio de 2022.
Esperanzas de reforma
El presidente Petro prometió lograr un acuerdo nacional entre sectores enfrentados de la sociedad colombiana que pusiera remedio a algunos de los antiguos problemas de la nación, desde las enormes desigualdades hasta el narcotráfico y el conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Un pilar clave del programa político de Petro es su ambicioso intento de aprobar en el Congreso una reforma laboral progresista que ponga remedio a gran parte de la precarización de la fuerza de trabajo en el país. Para alcanzarla, nombró a una veterana dirigente sindical y miembro del Partido Comunista Colombiano, Gloria Inés Ramírez, como ministra de Trabajo.
El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, expresó que la reforma puede dividirse en dos categorías principales. La primera categoría implica recuperar los derechos que se arrebataron a los trabajadores cuando el gobierno de Uribe aprobó sus reformas laborales en 2002. Esto puede lograrse mediante una regulación más estricta y la reducción de la subcontratación. La segunda categoría implica incorporar leyes laborales que cumplan las normas laborales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): derechos como la libertad de asociación, el derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva.
El viceministro Palma subrayó que la reforma laboral propuesta por el gobierno formalizaría a los trabajadores del cuidado doméstico, agrícolas y de plataformas. También tendría como objetivo específico empoderar a las trabajadoras y reducir la brecha salarial de género.
Estas reformas tan necesarias han sido acogidas por el movimiento sindical colombiano como un paso en la dirección correcta. Fabio Arias, presidente de la mayor central sindical de Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), declaró que estas reformas podrían tener un impacto positivo en los trabajadores colombianos y en el sindicalismo del país, al darles apoyo institucional para garantizar que sus derechos económicos sean respetados por los empresarios. Arias declaró: «Si se aprueba la reforma, entonces podría fortalecer el movimiento porque nos dará herramientas y el potencial para conquistar nuestros derechos después».
Sin embargo, Marely Cely, abogada laboralista y profesora de la Universidad Industrial de Santander, expresó opiniones encontradas sobre hasta qué punto la reforma tendrá un impacto positivo en los derechos de los trabajadores. Estuvo de acuerdo en que la reforma proporcionará protecciones básicas, pero afirmó que no disminuirá ningún derecho o protección legal que tengan las empresas en el país. Cely dijo francamente: «Tengo que decir que a la reforma le falta mucho para constituir una verdadera protección y transformación social. Pero es el primer paso, y es una vía que nos acerca a una reforma tanto de límites como de posibilidades».
La ardua batalla en el Congreso
La reforma propuesta por Petro se ha enfrentado a la oposición de intereses políticos arraigados en el Congreso, donde debe ser aprobada para convertirse en ley. La coalición Pacto Histórico de Petro no tiene mayoría ni en la cámara baja ni en el Senado. En consecuencia, aunque la reforma ha avanzado en el parlamento, al año y medio de mandato de Petro ha fracasado en dos ocasiones.
A finales de 2023 se llegó a un compromiso sobre las horas extraordinarias y el pago de vacaciones, pero la reforma aún tiene que abrirse paso en las dos cámaras. Los recientes comentarios de Uribe citando el supuesto efecto que la ampliación de los derechos de los trabajadores tendría sobre los empresarios, y comparando ridículamente la reforma con Venezuela y Cuba, han dejado claro que la oposición se opone firmemente a cualquier cambio.
Sin embargo, a finales de 2023, la embajada de Estados Unidos envió un comunicado de prensa expresando su apoyo a la reforma y señalando que adapta la legislación laboral a las recomendaciones de la OCDE, algo que también mencionó el viceministro Palma cuando habló con Jacobin. Este apoyo estadounidense puede ayudar a ganar a algunos miembros centristas del Congreso que se muestran indecisos sobre la necesidad de la reforma, apoyo que en última instancia es necesario para garantizar su aprobación.
También existe presión desde dentro y fuera del gobierno para impulsar manifestaciones de apoyo popular, como la manifestación que el presidente Petro y sus aliados celebraron en Bogotá y en distintas partes del país el 27 de septiembre de 2023. El viceministro Palma habló de la necesidad de movilizaciones masivas de apoyo a la reforma para presionar al Congreso y a los empresarios para que respalden la reforma a pesar del antagonismo de la oposición. Según Arias, la estrategia de la CUT es similar, con el objetivo de movilizarse por fuera de la estructura gubernamental, en las calles, creando al mismo tiempo una campaña en las redes sociales que pueda contrarrestar la desinformación que difunden los medios de comunicación contrarios a la reforma, propiedad de las élites.
Estas movilizaciones son necesarias no solo para garantizar la supervivencia de la reforma laboral en el Congreso, sino también la continuación del proyecto político de Petro. En los dos últimos meses, la oposición ha empezado a utilizar como arma a la fiscalía general de Colombia —cuyos jefes fueron nombrados por Duque y tienen presuntos vínculos con grupos de narcotraficantes— para atacar la agenda del presidente e incluso destituir a su ministro de Asuntos Exteriores. Esto ha llevado al presidente Petro a presentar un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a hacer un llamamiento a la solidaridad internacional a través de tuits en varios idiomas.
Si la reforma laboral de Petro tiene éxito, revertiría décadas de política neoliberal y oportunismo conservador para devolver los derechos perdidos a los trabajadores colombianos. Pero el clima en Colombia es volátil, y el éxito está lejos de estar garantizado.
Jacobin
