POR JESÚS MARTÍNEZ BETANCOURT
Algunas limitaciones estructurales para el cambio profundo en Colombia.
El foro titulado El reto social de América Latina de septiembre del 2022 en Chile, con presencia de ‘Pepe’ Mujica y del presidente Gabriel Boric, entre otros, reconoció que en América Latina no hay distribución de la riqueza, sino repartición de la renta generada por la explotación y exportación de materias primas como combustibles fósiles, entre otras.
Se coligió que no hay modelo social y tampoco que la educación es un instrumento de movilidad social, por cuanto la producción no está asociada al conocimiento. Los participantes a dicho foro terminan recomendando que sólo queda acceder al Estado Social de Derecho, ya que el sistema está capturado por la política tradicional de clanes territoriales hegemónicos, muchos de ellos ligados a la corrupción.
En Colombia las condiciones estructurales, diríamos que inamovibles, se puede graficar con una pirámide invertida en donde en la parte superior se ubica la población con poca riqueza y abajo, el reducido número de potentados con gran cantidad de riqueza. Ello, en términos teóricos se denomina la ley general de acumulación capitalista que en el caso colombiano se expresa en que el 0.2 % de propietarios del país concentra el 61 % de la tierra, mientras el 74 % de propietarios apenas poseen el 3% de la misma. El 81 % de la tierra cultivable está en manos del 3% de propietarios. En suma, un millón de hogares campesinos tienen menos tierra que una vaca.
De 43 millones de hectáreas de uso agropecuario, 34.4 millones están dedicadas a la ganadería y sólo el 8.6 millones a la agricultura y de éstas sólo 1.4 millones se dedican a la producción de comida para el consumo interno. Las restantes 7.2 millones de hectáreas se destinan a la producción para la exportación, y paradójicamente, Colombia importa 13 millones de toneladas de comida al año que nos cuestan cerca de 9000 millones de dólares que los pagamos con devaluados pesos colombianos, es decir, pagamos con más trabajo del país.
Si a esto le agregamos el desplazamiento de ocho millones de campesinos como consecuencia de la violencia y de la expropiación violenta de cerca de cinco millones de hectáreas, entonces la situación del sector es supremamente delicada. Por eso Colombia no puede reconocer que tenga soberanía alimentaria.
Pero esta estructura concentradora de la riqueza, no solamente es en el campo sino también en las ciudades: cuatro bancos controlan el 52 % de activos y el 57 % de inversiones. Cuatro grupos financieros (sépase que los grupos financieros son la fusión del capital bancario con el capital industrial) controlan el 73 % de activos y el 70 % de inversiones. Hay que saber también que el 70 % del crédito del país está en manos del 2 % del propietario.
Cada año, los bancos se ganan 13 billones de pesos. De igual manera, en el sector industrial también se presenta un alto grado de centralización y concentración de la producción. El 7.5 % de las grandes empresas industriales realizan el 62 % de la producción, mientras el 35 % de las empresas pequeñas realizan sólo el 3.4 de la misma.
Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca concentran el 60 % de la producción nacional, que en un 50 % se obtiene con la participación del capital extranjero.
El ingreso también está concentrado: mientras el 10 % de los hogares ricos reciben el 40% de los ingresos laborales, el 90 % de hogares reciben el 60 % restante.
Esos mismos ricos son dueños del 65 % del patrimonio, mientras el 50 % de la población apenas es dueña del 4 % de ese patrimonio.
De ahí que el índice de Gini (medida de desigualdad) en Colombia sea del 0.523, el mismo de 2014, ubicando al país como uno de los más desiguales del mundo y de América Latina.
Con estas limitaciones estructurales, entre otras, en donde evidenciamos la concentración de la riqueza en la tierra, en la banca, en los grupos financieros, la industria y el ingreso, hay unas fuertes limitaciones que impiden lograr una democracia económica que nos lleve a una democracia social y por lo tanto, a una auténtica democracia política.
Modificar estas estructuras sí que es el verdadero reto del cambio.
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