LA ROSA ROJA /
Este 20 de julio el presidente Gustavo Petro instalará el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República que se prolongará hasta el próximo 16 de diciembre, lapso en el cual se continuará con el trámite de las reformas de talante social en que está comprometido en sacar adelante la coalición oficial del Pacto Histórico.
Este nuevo capítulo en el trabajo del Congreso de la República destaca por la unificación de los decadentes partidos de la derecha para oponerse a las iniciativas del Gobierno Petro. En ese sentido, la coyuntura política muestra un escenario dividido en el que los titulares de los distintos Ministerios se enfocarán en ganar votos uno a uno, congresista por congresista, y no con las bancadas completas o los jefes de los partidos tradicionales que han anunciado públicamente que se esforzarán en su interés mezquino de defender el statu quo.
Reforma al sistema educativo
Uno de los pendientes tanto del Gobierno como del Congreso es la reforma al sector educativo.
El 25 de octubre del 2022 el Ministerio de Educación instaló la comisión para modificar la Ley 30 de 1992, es decir, el esquema de transferencia de recursos a las Instituciones de Educación Superior públicas. Esta reforma busca incluir a todos los actores de educación superior, insertar la totalidad de los gastos y costos asociados a la infraestructura pública y, en general, que los recursos dedicados a este renglón de la formación crezcan como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y no como sucede hoy, que de acuerdo con los diversos estudios realizados se puede constatar una desfinanciación progresiva año a año.
Si la reforma se aprueba, la asignación del presupuesto para educación iría más allá del ajuste de la inflación, además de que se fortalecerían las instituciones técnicas y tecnológicas asegurando su financiación. Si se logra, no sólo se avanzaría en la meta de cupos en educación superior sino también se ampliaría la cobertura y gratuidad. Llegarían contrataciones de nuevos profesores y en esa línea se estaría atacando directamente un problema estructural que tiene Colombia en materia de empleo.
El presidente Petro anunció el pasado 11 de junio que para la legislatura que se inicia este jueves 20 de julio su gobierno hará llegar la reforma a la educación. “Todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas para la reforma de la Ley 30, que debe tener la máxima participación juvenil”, dijo el mandatario.
Según lo expresado por Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación, estas mesas de diálogos regionales se realizarán a través de asambleas estudiantiles, con la mayor participación de la comunidad educativa, cuya deliberación debe llevar a generar consensos en torno a lo que debe incluirse en la reforma.
Reforma pensional
Otro de los retos del Gobierno y la bancada parlamentaria del Pacto Histórico es la reforma al injusto sistema pensional. La discusión que se ha venido dando y que ha sido promovida por el Ministerio de Hacienda ha girado en torno al costo de dicha reforma: a quién beneficiaría, además de su íntima relación con otra enmienda como la laboral, en un país inequitativo como Colombia con una informalidad que en abril de este año alcanzó el 55.8 %.
De acuerdo con la propuesta del Gobierno la estructura del sistema pensional colombiano pasaría de tres a cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y uno de ahorro voluntario, en donde se contempla una renta a las personas mayores de 65 años que no alcanzarán una pensión. También se prevé que se “otorgará una renta a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual en una Administradora de los Fondos de Pensiones”.
Es evidente que, no obstante la oposición de las fuerzas políticas tradicionales y retardatarias, todas las reformas, tantos años postergadas por el corrupto bipartidismo liberal-conservador, se necesitan si se quiere superar décadas de un inicuo modelo económico como el neoliberal que aboga simplemente por la primacía del gran capital en desmedro de los intereses sociales del grueso de la población. Las dinámicas de producción en la economía cambiaron sustancialmente con la llegada masiva de la tecnología, las tasas de natalidad bajan, los jóvenes ya no quieren durar toda su vida en el mismo trabajo, hoy se habla de nómadas digitales que van de país en país y hasta los más osados dicen que las profesiones del futuro están por crearse. Así que el debate laboral como el pensional es más que necesario.
Oportunidad para reducir la pobreza
En la primera quincena del pasado mes de marzo la reforma laboral tenía ya su primer borrador que había sido redactado por el equipo del Gobierno, surgieron unas primeras recomendaciones, se le hicieron ajustes después de escuchar a, entre otros, sindicatos e industriales; pero no se había logrado la concertación en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Era evidente que buena parte de su texto suscitara el inconformismo del empresariado colombiano caracterizado por su conservadurismo y su talante neoliberal que sólo busca acrecentar sus ganancias a costa del trabajador.
Los ajustes que plantea la reforma a los que se oponen tanto la mayoría del empresariado como las fuerzas políticas retardatarias tienen que ver con el pago completo de domingos y festivos, es decir, al mismo valor de un día laboral. La jornada nocturna iniciaría a las 6:00 pm y se impulsará la contratación a término indefinido para convertirla en “la regla general”. El procedimiento para aplicar sanciones o para terminación del contrato crece y se especifica con “presunción de inocencia, proporcionalidad y derecho a la defensa”.
La reforma también contempla que se deben cumplir siete pasos para todo este proceso. La extensión del contrato a término indefinido cobijará a los contratos que no sean especificados, por escrito, como de término fijo.
Sorprende, por ejemplo, la opinión de una exministra de talante neoliberal como la de la actual presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, para quien la reforma laboral podría ser la oportunidad de combatir la pobreza y cerrar brechas sociales por medio de la generación de empleo.
En su criterio, tal reforma constituye una oportunidad para dinamizar la prestación de servicios, emprendimientos y nuevas industrias, donde se debe posibilitar mecanismos para que estos sectores económicos crezcan porque de lo contrario se afectarían a las micro y pequeñas empresas. Recordó que el empleo formal es la mejor forma de combatir la pobreza y que el documento que pretende servir de hoja de ruta para la modificación del Código Laboral debe fortalecer el vínculo entre desarrollo social y productivo que permita a los colombianos tener ingresos sostenibles y empresas viables que generen plazas de trabajo dignas.
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