Millares de argentinos marcharon en Buenos Aires para repudiar el Gobierno fascista de Javier Milei.
TIEMPO ARGENTINO /
Una gigantesca marea humana de alrededor de 800.000 personas en Buenos Aires participó este sábado 1 de febrero de la Marcha Federal contra el racismo y el fascismo organizado por colectivos argentinos.
Javier Milei con su discurso estigmatizante y de odio produjo un efecto cultural inverso. Logró que cientos de miles de personas se movilizaran en toda Argentina y en varias ciudades del mundo en pleno verano y con mucho calor. Algo inédito. Milei grita ¡libertad, carajo! pero coarta la de los trabajadores, de las mujeres, de las minorías de género, de los jubilados y de los discapacitados. Y la marcha fue por lo que él declama, pero restringe, fue una marcha por la libertad.
Las calles saben de resistencia y de construcción colectiva
En defensa de la democracia, miles de argentinos participaron de la Marcha Federal Antifascista y Antirracista que se movilizó en la zona céntrica de Buenos Aires, desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo. Una marcha que marca un hito en contra del Gobierno ultraderechista y autoritario de Javier Milei. Se replicó en toda la Argentina y en otras partes del mundo.
La Plaza de Mayo es del pueblo argentino. Es el lugar donde se gesta la identidad de lucha, la resistencia y también la construcción democrática de lxs argentinxs que no están dispuestos a perder derechos. Es allí donde se vuelve cada vez que hace falta. Como el sábado 1 de febrero, con miles y miles de personas en las plazas y calles de todo el país y en varias ciudades del mundo, sumándose a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. Una convocatoria que se autogestionó desde los activismos de la diversidad sexual, con fuerte impulso de la Asamblea Antifascista LGBTIQ+. Se difundió y creció en muy pocos días, como respuesta a los dichos de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, repletos de datos falsos y ataques a diversidades y mujeres.
Fueron los colectivos LGBTIQ+ y los feminismos quienes lo venían advirtiendo, incluso antes de que Milei llegara al poder. Su Gobierno podía ser un retroceso en materia de derechos, conseguidos después de años de militancia. Pero en esta multitudinaria jornada de movilización también quedó en claro, que estos movimientos que se reconocen siempre herederos de las luchas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no están solos y tienen una gran potencia de articulación, no sólo con organismos de Derechos Humanos, sino con sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos.
Cerca de 800 mil personas participaron de la marcha solamente en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que, en el resto del país, hubo una adhesión de más de millón y medio de personas.
Multitudinaria participación ciudadana en contra del Gobierno de Milei.
La sociedad le dijo basta al odio
«La marcha fue multitudinaria. Es la expresión de una sociedad que no va a renunciar a la diversidad y a la igualdad. La sociedad en unidad le dijo basta al odio, a la discriminación y a la violencia del Gobierno de Javier Milei», dijo María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), al cierre de la movilización.
En las avenidas Hipólito Yrigoyen y Cevallos se convocaron las organizaciones sindicales, entre ellas, la columna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
En la cabecera de la marcha estaban los colectivos LGBT, las travas y trans, las madres y padres de hijos trans, pero también las personas que viven con discapacidad, las migrantes y las racializades, y les trabajadores del Hospital Bonaparte. Es decir, estaban muchas de las personas que a diario son estigmatizadas, atacadas y despreciadas por el Gobierno fascista de La Libertad Avanza.
Las consignas reunieron todo tipo de demandas: «Cogerse al pueblo es lo que está mal»; «Imaginate estar hablando mal de nosotrxs y que estemos así de fabulosxs defendiendo nuestros derechos»; «Al fascismo nunca más. Basta con la motosierra: no a los discursos de odio», «Cansados, pero jamás derrotados»; «Por jubilaciones y pensiones dignas»; «La Argentina nunca será fascista»; «Mariconazos sí, mariconazis no»; «Mi placer no mata, tu fascismo sí».
«Hicimos la marcha de nuestras vidas. El fascismo del Gobierno no pasará. El pueblo argentino nos acompañó en todo el país en nuestro compromiso de igualdato de su territorio sometido por distintos grupos delincuenciales.
Los estados de emergencia se decretan con el fin de facilitar las operaciones de las fuerzas públicas y llevar a la restauración del orden, y presuponen la existencia de un orden que salvaguardar y de unas instituciones que los pongan en práctica; elementos de los que Haití carece por completo. Cuando Garry dice a sus conciudadanos que autorizó a la Policía Nacional y al Ejército lanzar operaciones en las zonas afectadas, el precario gobernante y los gobernados saben que se trata de una ficción: ambas instituciones se encuentran en jirones, sin recursos humanos, ni materiales ni logísticos ya no para tener éxito en la tarea, sino siquiera para iniciarla. Vale recordar que apenas en marzo un ataque criminal permitió la fuga de 97 por ciento de los reclusos de la principal cárcel haitiana, sin que el Estado pudiera articular respuesta alguna.
En este contexto, echar mano de los 600 policías enviados por Kenia y de los que se espera que aporten Bangladés, Benín, Chad, Bahamas y Barbados es una falsa salida por partida doble. Es evidente que los 2500 uniformados de los que se dispondría si todos los implicados cumplen sus compromisos son una ínfima fracción de lo necesario frente a la omnipresencia de las pandillas. Además, incluso si se llegara a formar una fuerza multinacional de la envergadura requerida, la experiencia ha demostrado, reiteradamente, que este tipo de despliegues resulta contraproducente y añade a los problemas previos una nueva capa de corrupción, así como abuso sexual generalizado y hasta brotes epidémicos importados.
La situación haitiana, tan compleja como grave, exige la convocatoria de una conferencia internacional de la envergadura de las efectuadas para instaurar el orden mundial de la postguerra, acompañada de un financiamiento suficiente para la reconstrucción del país desde sus cimientos. Para contar con un mandato legal y creíble, tal conferencia debe involucrar a lo poco que queda de gobierno en Haití y, en la medida de lo posible, a representantes de la población que gocen de ascendiente y prestigio entre la sociedad. Su éxito también dependerá de que se deje de lado el enfoque reduccionista, pues poco o nada se avanzará mientras se pretenda que Haití padece esencialmente un problema de seguridad pública. Éste, que existe y es gravísimo, no es sino el síntoma de una crisis estructural enraizada en una centenaria historia de aniquilación de la economía y las instituciones a que fue sometido el país para cubrir la más cruel de las deudas: el pago de indemnizaciones a los esclavistas franceses que perdieron sus “propiedades” con la abolición de la esclavitud decretada tras la independencia haitiana de su antigua metrópoli.
Haití: una crisis humanitaria de varias décadas que no tiene solución a la vista.
En cuanto a los ingentes fondos que exige esta empresa, está claro que deben aportarlos los responsables históricos del lastimoso trance de la nación caribeña; en primer lugar, París y Washington: ni uno ni otro pueden desentenderse de un país cuyas pobreza e inestabilidad crónicas se explican por los siglos de esclavitud, expolio, injerencismo, bloqueos y todo tipo de agresiones por parte de las potencias coloniales.
La Jornada, México.
Lastimoso trance de la nación caribeña: la falsa salida planteada para Haití
El primer ministro de Haití, Garry Conille, anunció la puesta en vigor del estado de emergencia en 14 municipios bajo el control de las pandillas. De acuerdo con el Premier, dicha medida permitirá al gobierno tener las herramientas necesarias para actuar, afrontar a los bandidos y restablecer la autoridad del Estado, avances urgentes en un país cuya capital tiene 80 por cien fundamental crear las condiciones administrativas necesarias al Modelo Desarrollista de Sustitución de Importaciones y prevaleció en muchos países hasta entrados los años ochenta. Durante ese tiempo, la figura del Estado se enalteció como agente propulsor de los cambios”. Se llegó a afirmar “No hay ninguna duda que la historia latinoamericana marcha en dirección a un crecimiento significativamente muy importante de lo que se llama el Estado, al aparato del Estado, la administración pública, lo cual plantea el problema de cómo convertirlo en un instrumento eficiente” (Kliskberg, Bernardo. 1983. La reforma de la administración pública y el administrador necesario. Conferencia dictada durante el seminario sobre “Evaluación de la Gestión de Empresas Públicas”, Universidad del Zulia, Maracaibo. Citado en Cuad. Econ. vol.22 no.38 Bogotá Jan. /June 2013 [1]).
Es importante tener en cuenta que a finales del siglo XX y en lo transcurrido en el siglo XXI hasta mediados del 2022, las reformas impulsadas desde los grupos hegemónicos, en el ejercicio de sus gobiernos “elegidos” y fundamentados en concentración e inequidad, se han justificado en primera instancia, por la grave crisis fiscal y el alto grado de endeudamiento y luego, por la globalización económica, esbozada como la obligatoria inserción en dicho esquema y fundamentada en “el reconocimiento de las reformas como un proceso objetivo que ha secularizado un nuevo orden del que se desprende una lógica de inclusión/exclusión, fundamentada en el cumplimiento o no de las pautas que rigen el nuevo patrón de acumulación de capital” (García Chourio José Guillermo. 2013).
La lógica y la fundamentación de dichas reformas y especialmente las de ajuste del estado para la inserción a la globalización económica, desde las apuestas neoliberales, no es más que una “nueva” lógica de acumulación, fundamentada en la alta tecnología y la transnacionalización del capital, que exige y se manifiesta en un intercambio comercial desregulado desde donde se deja “que sean las empresas privadas las que asuman el riesgo, inviertan y creen riqueza o miseria según les vaya y según para quién” (Castells, Manuel. 1998. ¿Hacia el Estado red? Globalización económica e instituciones políticas en la era de la información. Ponencia presentada en el Seminario Internacional Sociedad y Reforma del Estado, São Paulo, Brasil. Citado en Cuad. Econ. vol.22 no.38 Bogotá jan./june 2013).
Esta reforma o reformas de adecuación a la globalización económica, basada en la liberalización, la apertura comercial y la reducción del Estado ha implicado también, como exigencia del libre mercado “la creación de instituciones acordes para el buen funcionamiento del mercado, reconociéndose ahora al Estado como mecanismo básico para reducir los costos de transacción en las operaciones” [2]. En un país como Colombia de concentración e inequidad de los más acentuados en Latinoamérica, tales reformas han agravado las condiciones socioeconómicas y políticas de amplios sectores del país, así como han agudizado la crisis ambiental por las implicaciones de los modelos productivos que se promueven desde la rentabilidad de economías lícitas e ilícitas que de manera articulada configuran la economía global economicista, en la que desde las reformas de adecuación global, se inserta el país.
Ante la perspectiva de profundización de la tendencia de una mayor injerencia de los organismos internacionales en asuntos de políticas públicas nacionales y de orientación institucional que comprometen la autonomía de los gobiernos y de sus ciudadanos en la elaboración de una agenda de reforma propia, y que implicaría mayores asimetrías económicas, sociales y políticas como expresión reiterativa de las profundas contradicciones del capitalismo actual y pese a que Colombia, se configura como un país altamente polarizado, 11.281.9002 de mujeres y hombres de variopintos procesos, adhirieron al programa de la confluencia Pacto Histórico [3] y su Lema: Cambio por la vida
En el seno de la confluencia Pacto Histórico, se ubica la génesis y fundamentación “cambio por la vida”, en la que se recogen las esperanzas, compromisos, expectativas de inaplazables de amplios sectores de la Colombia profunda, olvidada y más afectada por las reformas neoliberales de adecuación a la globalización, así como la crisis ambiental. Es en este escenario que se sitúan y emergen las reformas que actualmente se impulsan desde el Gobierno del Pacto Histórico. Por lo tanto, es sobre esta fundamentación “cambio por la vida”, que debe abordarse el análisis de las reformas. Es decir, las reformas no como el fin último del actual gobierno, sino las reformas como caminos que contribuyen en la redefinición de estrategias de desarrollo democráticas para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, para la justicia social y ambiental.
Bajo lo expuesto, hay necesidad de escudriñar si son reformas constitutivas o no de cambios estructurales para fortalecer las bases económicas y productivas del país, para incrementar y mejorar la productividad desde la óptica de cuidado de la base natural y de las culturas territoriales. ¿Estas reformas, posibilitan un crecimiento sólido y equilibrado?
¿Las reformas permiten avanzar efectivamente, en la reducción de las asimetrías socioeconómicas y políticas? ¿Permiten avanzar frente a los retos de la equidad y de la política social?
¿Estas reformas son efectivas para generar condiciones fiscales adecuadas y para profundizar temas que estabilizan las políticas macroeconómicas? ¿Tienen un efecto importante en el crecimiento sostenible y de distribución desde enfoque de inclusión social?
¿Estas reformas permiten afectar las estrategias y estructuras de concentración de poderes arraigados en los ámbitos local, regional, nacional?
¿Las reformas se orientan a crear condiciones duraderas en la óptica de un sistema político democrático capaz de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia?
¿Con las reformas se permite el fortalecimiento de la sociedad civil como fuente de poder contrarrestante? ¿Se facilita con las reformas “el derecho a saber” lo que el gobierno está haciendo y por qué?
¿Las reformas proponen algunas estrategias para fortalecer los procesos de participación, asumidos como procesos de transparencia, apertura y de “dar voz”, tanto en escenarios públicos como corporativos de los ámbitos nacional, regional y local, en el puesto de trabajo y en los escenarios de mercados de capitales?
¿Las reformas de la función pública y la reforma judicial permiten enfrentar de manera efectiva costumbres arraigadas como el clientelismo, la corrupción, el narcotráfico y la expansión de economías ilícitas?
Las posibles pérdidas de poder que implican las reformas para los actores que dominan el juego, obliga a reforzar los consensos políticos y los procesos de negocto de su territorio sometido por distintos grupos delincuenciales.
Los estados de emergencia se decretan con el fin de facilitar las operaciones de las fuerzas públicas y llevar a la restauración del orden, y presuponen la existencia de un orden que salvaguardar y de unas instituciones que los pongan en práctica; elementos de los que Haití carece por completo. Cuando Garry dice a sus conciudadanos que autorizó a la Policía Nacional y al Ejército lanzar operaciones en las zonas afectadas, el precario gobernante y los gobernados saben que se trata de una ficción: ambas instituciones se encuentran en jirones, sin recursos humanos, ni materiales ni logísticos ya no para tener éxito en la tarea, sino siquiera para iniciarla. Vale recordar que apenas en marzo un ataque criminal permitió la fuga de 97 por ciento de los reclusos de la principal cárcel haitiana, sin que el Estado pudiera articular respuesta alguna.
En este contexto, echar mano de los 600 policías enviados por Kenia y de los que se espera que aporten Bangladés, Benín, Chad, Bahamas y Barbados es una falsa salida por partida doble. Es evidente que los 2500 uniformados de los que se dispondría si todos los implicados cumplen sus compromisos son una ínfima fracción de lo necesario frente a la omnipresencia de las pandillas. Además, incluso si se llegara a formar una fuerza multinacional de la envergadura requerida, la experiencia ha demostrado, reiteradamente, que este tipo de despliegues resulta contraproducente y añade a los problemas previos una nueva capa de corrupción, así como abuso sexual generalizado y hasta brotes epidémicos importados.
La situación haitiana, tan compleja como grave, exige la convocatoria de una conferencia internacional de la envergadura de las efectuadas para instaurar el orden mundial de la postguerra, acompañada de un financiamiento suficiente para la reconstrucción del país desde sus cimientos. Para contar con un mandato legal y creíble, tal conferencia debe involucrar a lo poco que queda de gobierno en Haití y, en la medida de lo posible, a representantes de la población que gocen de ascendiente y prestigio entre la sociedad. Su éxito también dependerá de que se deje de lado el enfoque reduccionista, pues poco o nada se avanzará mientras se pretenda que Haití padece esencialmente un problema de seguridad pública. Éste, que existe y es gravísimo, no es sino el síntoma de una crisis estructural enraizada en una centenaria historia de aniquilación de la economía y las instituciones a que fue sometido el país para cubrir la más cruel de las deudas: el pago de indemnizaciones a los esclavistas franceses que perdieron sus “propiedades” con la abolición de la esclavitud decretada tras la independencia haitiana de su antigua metrópoli.
Haití: una crisis humanitaria de varias décadas que no tiene solución a la vista.
En cuanto a los ingentes fondos que exige esta empresa, está claro que deben aportarlos los responsables históricos del lastimoso trance de la nación caribeña; en primer lugar, París y Washington: ni uno ni otro pueden desentenderse de un país cuyas pobreza e inestabilidad crónicas se explican por los siglos de esclavitud, expolio, injerencismo, bloqueos y todo tipo de agresiones por parte de las potencias coloniales.
