POR JOSÉ TOMÁS JIMÉNEZ ARÉVALO*
Sorprendente que a estas alturas del triunfo socialdemócrata del Pacto Histórico (PH), las organizaciones de educación que respaldaron, apoyan o hacen parte de esta alianza, no hayan planteado su inconformismo, por decir lo menos, ante el nombramiento de un tecnócrata neoliberal como lo es Alejandro Gaviria Uribe, al frente del Ministerio de Educación. Extraído de la universidad más confesional en política conservadora y economía neoliberal le sirvió, en el pasado, a los gobiernos tanto de Santos (Ministerio de Salud) como de Uribe (subdirector de Planeación Nacional), y ahora lo hará en el del PH. No se nos olvide que Alejandro Gaviria elogió el nombramiento del ‘tumbado’ ministro de Hacienda de ingrata recordación, Alberto Carrasquilla, como codirector del Banco de la República, en reemplazo de su esposa, la también neoliberal Carolina Soto Losada, así se hubiera retractado posteriormente, ante el rechazo de la ciudadanía, diciendo: “Yo conozco a Alberto Carrasquilla hace 25 años. Es, probablemente, la persona que más sabe de política monetaria en el país, conoce ese tema, conoce el Banco de la República por dentro, fue su director de investigaciones económicas en los años 80. Es una voz importante en debates que vendrán sobre la independencia del Banco de la República”.
Su nombramiento no es más que un premio de consolación al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), en la repartición de la torta burocrática, al mejor estilo de los gobiernos de derecha que siempre nos han (mal)gobernado, y que han usado el sector educativo para pagar respaldos o transar disidencias políticas. Por la Universidad pública han pasado mujeres y hombres con altas calidades educativas y de experiencia investigativa y docente, defensoras y defensores de la educación pública como patrimonio de los colombianos, que respetando la independencia de las universidades estatales frente a toda injerencia de los poderes públicos (Sentencia C-220/97), y manteniendo un vínculo con el Ministerio de Educación Nacional, pueden coordinar y planear el desarrollo de políticas en el sector educativo. Como lo dice la sentencia citada de la Corte Constitucional: “Las Universidades oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la C.P., y al igual que el Banco de la República y la CNTV son órganos autónomos del Estado que por su naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas del poder público y que por lo tanto no admiten ser categorizadas como uno de ellos, mucho menos como establecimientos públicos, pues ello implicaría someterlas a la tutela e injerencia del poder ejecutivo del cual quiso de manera expresa preservarlas el constituyente”.
Precisamente en contra vía de lo que dice la Constitución Política, el gobierno de Santos nos impuso la política de “ser pilo paga”, la cual se instauró en Colombia a costa del presupuesto de la Educación pública, desfinanciándola, con el fin de subsidiar a las universidades privadas que vieron reducidos sus presupuestos bajo el lema de “que estudie quien tenga con qué pagar”. Dicho plan de catadura neoliberal fue reemplazado por el gobierno de Duque con el programa Generación E, implementado en marzo de 2020 consistente en que si los jóvenes escogen una universidad privada, el Estado los ayuda con el 50 %, la institución que eligió con el 25 % y el estudiante debe responder con el otro 25 % restante. Como se observa, también va dirigido a solventar el interés lucrativo de la educación superior privada en Colombia.
Ahora el nuevo Ministro viene dosificándola, diciendo que se le harán ajustes. Y mucho más sorprendente que las organizaciones, civiles y sindicales del profesorado, no hayan manifestado su protesta, dejado su constancia por el nombramiento y esta declaración.
El ministro Gaviria en sus primeras declaraciones ha mostrado su intención de convocar al movimiento estudiantil para reformar la Ley 30/92 o Ley de Educación superior en Colombia, la cual es la responsable de la privatización de este derecho convirtiéndolo en la mercancía que siempre ha ofrecido la educación privada con todas sus filosofías.
Si bien el movimiento estudiantil es la fuerza más beligerante, por su independencia, y mejor organizado con propuestas en torno a la educación superior, no es el único estamento de la comunidad universitaria.
Es el momento de que las organizaciones de la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, administrativos, egresados, pensionados y rectores convoquen de una manera unitaria a un gran congreso nacional de la Universidad Pública en el que se exija la derogatoria de la Ley 30/92 y se inicie el debate para hacer de la Educación pública uno de los patrimonios fundamentales de los colombianos.
El Presidente electo viene repitiendo constantemente que “no hay cambios reales si no hay cambios estructurales”, pues bien, este es el momento para hacerlo con la Educación superior en Colombia. Sobre todo, porque no hay propuesta del PH para la Educación Superior en Colombia, todo se ha limitado a la consigna de “Educación universal, gratuita y de calidad”, pero nada más. Está todo por hacer.
*Profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia (UTP). Exrepresentante de los profesores universitarios en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
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