LA ROSA ROJA /
Un día antes de que naufragara el proyecto de Ley Estatutaria de la Educación en el Senado de la República, el presidente Gustavo Petro, se pronunció en torno al alcance que tenía la misma en su cuenta de la red social X.
En un claro mensaje fue categórico en manifestar que lo que garantiza el derecho universal de la Educación “es el Estado y no el mercado”.
Dijo que “al mercado solo acceden los que tienen dinero. Por eso la garantía universal solo la da la gratuidad de la educación su extensión a donde no hay rentabilidad, a quienes no tienen dinero, lo hace el Estado y el dinero público como forma de financiación”.
En contraste, agregó, “no es que queramos acabar la educación privada. Como sucede con los colegios privados, será apoyada por el gobierno, pero no con los recursos públicos que se deben centrar en la educación pública” para garantizar que esta sea un derecho público universal.
El mandatario puntualizó que el debate en el Senado del proyecto de Ley Estatutario radicaba en si se reconocía el papel central del erario y del Estado en la garantía del derecho universal a la educación, o si el Congreso mantenía “la política de las últimas décadas de llevar el dinero público como subsidio a las universidades privadas y dejar que la educación superior no sea un derecho sino un privilegio”.
El pronunciamiento del presidente Petro es el siguiente:
Negar que la educación superior sea un derecho fundamental es literalmente negar la esencia humana. Lo que nos distingue de los seres animales de los que hacemos parte, es la cultura, la reflexión en sí mismo(a), en los demás y lo demás.
Esa cultura es una expresión del cerebro humano que se cultiva y el cultivo del cerebro, que se cultiva como la tierra, es la educación.
La educación es por tanto un derecho universal.
Lo que garantiza el derecho universal es el Estado y no es el mercado; el mercado ayuda pero no garantiza.
En pocas palabras, al mercado solo acceden los que tienen dinero. Por eso la garantía universal solo la da la gratuidad de la educación su extensión a donde no hay rentabilidad, a quienes no tienen dinero, lo hace el Estado y el dinero público como forma de financiación.
El debate actual en el Senado, es si se reconoce el papel central del erario y del Estado en la garantía del derecho universal a la educación, o si el Congreso mantiene la política de las últimas décadas de llevar el dinero público como subsidio a las universidades privadas y dejar que la educación superior no sea un derecho sino un privilegio. Además de haberle quitado a la educación pública más de 300 billones de pesos al quitar el artículo de la Constitución que protegía a la educación pública, y llevar esos recursos a financiar a banqueros en crisis, Pastrana, o a la guerra, Uribe
Ese tema también fue discusión al interior del Ministerio de Educación y, hay que decirlo, quienes no quieren la educación pública, ganaron, saboteando el proyecto del gobierno.
El ministro de Educación, Gaviria no solo dejo esfumar los recursos por 1.3 billones para la construcción de sedes de la universidad pública en el 2023 sino, además, no permitió que se trasladara al plan de desarrollo que el FFIE, el fondo que planifica y financia la construcción de infraestructura educativa pública, tuviera como responsabilidad, también, las sedes de universidades públicas. Desde el mismo Ministerio se planificó, contra el programa del gobierno, que se expandiera la educación pública superior, en provecho de intereses particulares.
Me equivoque en pensar que al abrir el gobierno que ganamos a sectores que pertenecían a la coalición llamada del centro encontraríamos más apoyo para el programa electo por el pueblo, llegaron fue a entrabar el programa elegido por el pueblo.
No es que queramos acabar la educación privada. Como sucede con los colegios privados, será apoyada por el gobierno, pero no con los recursos públicos que se deben centrar en la educación pública para garantizar que la educación sea un derecho público universal.
Apoyar intereses particulares y no la financiación del derecho universal es desconocer nuestra historia reciente además de la Constitución.
Es dejar de reconocer a las decenas de miles de jóvenes de barrios populares que salieron en el estallido social a exigir sus derechos.
Ahora se entiende porque el mundo de los privilegiados quiere es vengarse en quienes excluidos, exigen los derechos que se merecen.
