POR GABRIEL DÍAZ CAMPANELLA /
La Fiscalía investiga la veracidad de los documentos de inteligencia militar difundidos de forma anónima. Los familiares de víctimas de la dictadura confían en que aporten pistas sobre el destino de los casi 200 detenidos desaparecidos.
Uruguay se encamina a conmemorar, este 27 de junio, los 50 años del golpe de Estado de 1973 por parte de Juan María Bordaberry Arocena, sacudido por la publicación en internet de miles de documentos de inteligencia militar, producidos durante la dictadura y también en democracia. Son alrededor de 1.600 rollos de microfilmaciones que contienen información hasta ahora reservada y en parte desconocida, filtrados por una fuente anónima y difundidos a mediados de este mes. “Es un testimonio histórico de gran valor para entender el funcionamiento de las redes del terror”, dice el texto que presenta el material publicado en el sitio web archive.org, bajo el título Los archivos del terror de Uruguay. Enterado de la noticia, el Ministerio de Defensa presentó una denuncia en Fiscalía para determinar la veracidad y procedencia de estos archivos, con fichas personales, actas de detenidos políticos, interrogatorios y escuchas telefónicas, entre otros miles de documentos.
De acuerdo con las palabras del autor ignoto de esta filtración, la fecha escogida para su divulgación obedecería a la proximidad del 50 aniversario del comienzo de la dictadura cívico-militar uruguaya, ocurrido el 27 de junio de 1973. Sin embargo, la efeméride como único móvil no convence a los analistas, dado que la liberación de documentos coincide con un proyecto de ley enviado en mayo por el Poder Ejecutivo al Parlamento,
En ese sentido, los expertos señalan que podría tratarse de una maniobra de inteligencia con el fin de adelantarse y perjudicar a la coalición conservadora gobernante. Por su lado, el Gobierno no habla de intencionalidad política y considera que su propuesta de poner estos documentos a disposición de la ciudadanía ha generado que hoy que el asunto esté en los primeros lugares del panorama informativo.
Desde el 15 de junio, cuando el periódico El Observador informó de esta filtración, los expertos han determinado que el material liberado corresponde principalmente al archivo Berrutti, conformado por documentación de inteligencia incautada en una dependencia militar en 2006, en el primer Gobierno del Frente Amplio (centroizquierda).
Ese año, la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, ordenó la digitalización de los miles de documentos obtenidos, que se conservarían en el Archivo General de la Nación, Presidencia y Defensa. Más adelante, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y otras pocas entidades también recibirían una copia de ese material. La novedad que presenta la divulgación en archive.org es que revela documentación desconocida hasta el momento, rollos de microfilmes que faltaban en el archivo oficial Berrutti.
“Hemos identificado varios cientos de rollos en la web de Internet Archive que no están en nuestro poder”, dice en un comunicado la INDDHH. La institución, en un mensaje conjunto con la Universidad de la República, manifiesta la importancia de conocer el origen de esta documentación y evaluar su confiabilidad. “Si esto se comprueba, significaría la aparición de nuevos documentos, algo que las víctimas, sus familiares y la sociedad toda reclaman constantemente sin éxito”. Ambas instituciones inauguraron el pasado miércoles 21 el Repositorio Luisa Cuesta, un espacio para almacenar, organizar y permitir el acceso a información digital relacionada con las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado cometidas entre 1968 y 1985.
El texto anónimo que acompaña los documentos divulgados en archive.org, señala que estos “fueron elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el período de la dictadura cívico militar (1973-1985)”. Y añade que el espionaje continuó luego de recuperada la democracia, “contando con la complicidad política de los Gobiernos, al menos hasta el año 2004″. Entre el material disponible figuran fichas personales, interrogatorios, actas de detención de perseguidos políticos, conversaciones telefónicas, seguimiento a periodistas, entre otros. El autor o los autores de la filtración, advierten que entre estos documentos “puede encontrarse información manipulada, falsa, obtenida bajo tortura o amenazas, brindada por informantes pagos y muchas otras fuentes no confiables”.
Lo que se desconoce hasta el momento es si entre estos 1.600 rollos de microfilmaciones con miles de páginas digitalizadas figuran pistas o información relevante que puedan conducir a esclarecer el destino de los casi 200 detenidos desaparecidos durante la dictadura. El ministro de Defensa, Javier García, espera que este y otros interrogantes sean resueltos en las investigaciones de Fiscalía. “No sabemos su origen y por lo tanto radicamos en la Fiscalía una denuncia para que pueda analizarse si esos documentos pueden servir para las denuncias que se vienen estudiando en materia de derechos humanos”, manifestó en conferencia de prensa. Según el ministro, la Fiscalía investigará además el origen de esta filtración, que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Una de ellas apunta a que detrás estaría una persona vinculada al ámbito militar, tanto por la forma como por el contenido de esta operación.
Identificado el sexo de una víctima
En medio de las expectativas generadas por la divulgación estos archivos, la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunicó el jueves que los restos óseos hallados el pasado 7 de junio en el Batallón 14 (sur del país) pertenecen a una mujer. Este dato fue aportado por Alicia Lusiardo, jefa del equipo de Antropólogos de la INDDHH, que no logró determinar otros datos como la edad y la estatura de la víctima. “No nos queda duda de que esto es un enterramiento de un detenido desaparecido”, dijo Lusiardo.
La identidad de esta persona se conocerá dentro de un mes aproximadamente, una vez hechas las pruebas de ADN en Argentina. Desde 2005 fueron hallados en territorio uruguayo los cuerpos de seis de los 197 detenidos desaparecidos durante la dictadura.
El País, España.
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