POR MILLER DUSSÁN CALDERÓN*
El Pacto Histórico radicó el pasado 26 de julio el proyecto de ley sobre reforma al Congreso de la República.
Se supone que la iniciativa debe ser producto de un gran debate y movilización nacional y no un acuerdo por arriba y que debe ser parte de una reforma laboral que establezca como principio el “de cada quién según su capacidad a cada quien según su trabajo”, razón por la cual quienes fueron elegidos como representantes del pueblo al servicio del interés público no pueden gozar de un régimen especial de privilegios definidos por los mismos beneficiarios en este caso los congresistas, muchos de los cuales son dueños y/o accionistas de las grandes empresas privadas nacionales y/o transnacionales o del sistema financiero.
Si el Congreso tiene la potestad de legislar, su reforma debe ser aplicada a más tardar a partir de enero del 2023 y no para los futuros congresistas como se informa a través de los medios.
No se trata simplemente de una reducción del salario medido en salarios mínimos. Todo lo contrario, debe ser parte del establecimiento de un salario mínimo profesional básico que estimule la formación y que se reconozca también a quienes sin poseer títulos profesionales cuenten con una amplia experiencia y saberes propios de la diversidad cultural.
El trabajo dedicado a legislar debe ser igual al exigido para cualquier empleado o trabajador equivalente a ocho horas diarias de lunes a viernes y las vacaciones de 15 días hábiles al año.
El régimen pensional debe ser igual al de los demás empleados públicos y deben suprimirse las primas especiales, gastos de representación, entre otras gabelas.
Además, las unidades de trabajo legislativo (UTL) no pueden adjudicarse por congresista, es decir, 40 millones adicionales por cada uno sino determinar un monto por bancada parlamentaria y que se requiera para contratar grupos de investigación interdisciplinarios reconocidos de universidades públicas y/o centros especializados que son necesarios para el estudio que sustente cada reforma que deben ser producto de iniciativas colectivas y no individuales.
Las UTL por congresista se han convertido en estímulos a la corrupción y fuentes de negociación para lograr respaldos electorales o transacciones para favorecer a “amigos” o familiares.
La reforma también debe limitar la reelección a dos periodos de manera inmediata o posterior y garantizar la equidad de género en igualdad de condiciones.
El ausentismo debe ser penalizado no sólo con la pérdida de investidura sino también con la supresión del derecho de ejercer funciones públicas de por vida.
Una reforma al Congreso no puede establecer privilegios para quienes fueron elegidos como servidores públicos que deben ser ejemplo de dedicación al trabajo y de transparencia en la toma de decisiones y que deben obedecer garantizando los derechos constitucionales en igualdad de condiciones para todos como lo establece la Constitución. De tal manera que el elegido esté motivado por el espíritu de servir al pueblo y no por el interés personal de apropiarse de los bienes públicos o de legislar a favor del interés individual, familiar o de grupos subordinados.
En otros términos, asumir que fue elegido para obedecer al constituyente primario y no para mandar como si los electores fuesen sus esclavos.
Es evidente que una reforma en los términos planteados será objeto de rechazo, incluso en la mayoría de los parlamentarios, incluidos los del Pacto Histórico, que se hicieron elegir a codazos a través de listas cerradas, sin mayor respaldo popular, motivados por los privilegios, con énfasis en lo económico, que tienen los congresistas. Lo más probable es que se aprueben unas reformas mínimas a partir de 2026 pensando en su reelección.
Por esa razón, la convocatoria que hace Gustavo Petro de realizar actos culturales en todas las plazas públicas municipales el 7 de agosto deben ser el inicio de las grandes movilizaciones sociales exigiendo que todas las propuestas de reformas sean producto del debate desde los movimientos sociales territoriales y no desde arriba en pactos secretos estimulados por dosis de “mermeladas”.
Ninguna reforma a favor del pueblo será aprobada por el Congreso sin la resistencia y las grandes movilizaciones sociales.
Si se quiere una Reforma Agraria Integral hay que iniciar por la recuperación de tierras, o una reforma al sistema educativo requiere la movilizando desde ya de todos los actores sociales.
Ejemplos recientes lo confirman como los levantamientos populares contra la reforma tributaria del impresentable exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; las acciones estudiantiles que lograron matrícula cero o las grandes rebeliones contra el neoliberalismo, destacando la participación de los jóvenes, las guardias indígenas, defensores del territorio contra el modelo extractivista, que fueron decisivos en ampliar la representación parlamentaria , así como la elección del nuevo Gobierno en cabeza de Petro y Francia.
*Coordinador del Movimiento Social Defensores del Territorio del Huila y profesor de la Universidad Surcolombiana.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
