Ser joven en Colombia es bastante difícil porque cada vez nos limitan más en nuestro desarrollo personal
Como Red Juvenil Socialista, exponemos nuestra inconformidad frente al uso de violencia indiscriminada del Estado, razón por la que nos manifestamos ante el insuceso ocurrido el pasado 3 de marzo del 2021, en el que se bombardeó un campamento de las disidencias de las FARC sin tomar en cuenta la presencia de menores de edad. Como jóvenes somos conscientes de la particularidad de este conflicto en los territorios y nos preocupa la falta de oportunidades e intervención del mismo Estado para atacar este problema de raíz, sin excusarse bajo el fútil argumento según el cual, los menores en esta circunstancia “eran máquinas de guerra”, como lo manifestó el incompetente ministro de Defensa, Diego Molano Aponte.
Es impresionante que el exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien en algún momento se dedicó a proteger a la infancia desde esta organización estatal, ahora cambiando de cargo, haya sido capaz de bombardear un lugar con presencia de niños. Más aún, él como titular que fue de dicha entidad conoce perfectamente que los derechos de los niños en Colombia constituyen materia fundamental en la Constitución Política de 1991. Además, como Ministro de Defensa es de obligatoriedad que conozca los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los cuales también violó, porque, en ellos está plasmado que “ningún niño víctima del reclutamiento forzado puede ser considerado objetivo militar estando en estado de indefensión en un campamento de un grupo irregular”. Solo puede atentarse contra el niño si él participa ofensivamente contra la fuerza pública. Esto expone la negligencia del Estado al seguir profundizando y prolongando el sufrimiento de las víctimas, al no garantizar el bienestar de toda la población en general, en este caso la rural.
Es de suma gravedad que el Estado se muestre ausente en su responsabilidad de proteger los derechos de los niños colombianos y la falta de empatía por las víctimas del conflicto armado, quienes también deben ser priorizadas de acuerdo con los términos del último Acuerdo de Paz celebrado en La Habana con las FARC.
El Estado es y será el culpable de que estos sucesos, en los que los niños son víctimas de conflictos armados y sean partícipes de estos, sigan siendo una triste realidad en nuestro territorio. No son “máquinas de guerra”, son niños que han vivido sin ser reconocidos como población vulnerable, carecen de servicios básicos y educación, viven en carne propia la desigualdad de Colombia, lo que nos lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿el Estado está dando soluciones efectivas y adecuadas a dicho problema o, por el contrario, está actuando de manera indolente e irresponsable?
Esta grave situación durante el gobierno de Iván Duque no ha sido la primera vez que se presenta, anteriormente, debió renunciar el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien también dio la orden de bombardear un campamento, donde se hallaban concentrados 16 niños que fueron asesinados. En esa oportunidad se dio como argumento “no tener conocimiento de la presencia de estos niños en el lugar”. ¿Son estos bombardeos justificables o son producto de la mediocridad estatal y la incapacidad de dar solución al conflicto?
La militarización de los territorios no es la solución al conflicto armado, es sin duda, una manera de hacer más agresiva la crítica situación, pues la violencia no se erradica usando más violencia. Las personas vulnerables sumidas en el conflicto no necesitan la presencia estatal en forma de Ejército; la necesitan en forma de agua potable, comida, trabajo, educación, sanidad y buenas oportunidades que les permitan vivir dignamente, para no ser vulnerables a los grupos armados al margen de la ley que les ofrecen alternativas para medio poder cubrir sus carencias, con lo cual terminan haciéndolas parte de la confrontación armada. No es una decisión libre ya que no tienen ninguna otra opción para sobrevivir y muchas veces incluso son amenazadas para obligarlas a combatir. Además, la presencia del Ejército en los territorios vulnerables a lo largo de la historia del conflicto se ha prestado para abusos de poder y grandes violaciones a los derechos humanos. Es escalofriante lo que acaba de revelar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el sentido que la cifra de ‘falsos positivos’ cometidos por el Ejército colombiano asciende a 6402 casos.
Para concluir, ser joven en Colombia es bastante difícil porque cada vez nos limitan más en nuestro desarrollo personal, nos cierran las puertas a oportunidades dignas y es aún más complicado en la ruralidad. La población rural es la que asume, en mayor medida, las consecuencias del abandono estatal y es contra la que más se cometen violaciones a los derechos humanos. Es inaceptable que sigan reclutando a nuestros niños por culpa del Estado y que luego éste los asesine para pretender enfrentar un problema social. Esta dolorosa realidad solo puede resolverse con el real acompañamiento a los territorios colombianos, sin distinción, y asumiendo realmente la responsabilidad y compromiso que le cabe a un Estado Social de Derecho, como lo consagra nuestra Constitución.
Dahiana Gómez Gallan, María Alejandra Caro Durango, Laura Ospina Lara, Mariana García Valle.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
