POR CARMEN PAREJO RENDÓN /
“Realmente quiero estudiar la cuestión de la Corte Penal Internacional (CPI). Sobre todo, porque EE.UU. no es signatario, Rusia tampoco lo es. Quiero saber por qué Brasil es signatario de algo que EE.UU. no acepta”, declaró recientemente el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
La CPI se constituye con base en el Estatuto de Roma (1998), resultado del desarrollo, en la ciudad italiana, de la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
La idea de crear un organismo que tuviese competencias jurídicas internacionales tiene largo recorrido. Tras la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron crear un tribunal que juzgase al káiser Guillermo II de Alemania por un crimen de agresión, sin éxito. Igualmente, tuvieron carácter internacional los juicios de Núremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial. Si observamos estos juicios detalladamente, por muy justos que fuesen para con las víctimas, se encuentran atravesados por el principio de la victoria, más que por el principio de una verdadera justicia universal. Si nos vamos al actual escenario, ¿sería compatible la justicia universal en un mundo completamente desigual y regido por la unipolaridad?
El Estatuto de Roma nace con dificultad y con el rechazo de varios países, incluyendo EE.UU., que nunca ratificó dicho Estatuto, y más aún, en 2020, el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) decidió retirar la visa e imponer sanciones contra los investigadores y el Fiscal encargado de dicha Corte, que investigaban los crímenes cometidos por el país norteamericano en Afganistán.
La Corte resolvió este conflicto anulando sus investigaciones sobre las tropas de EE.UU., y centrando toda su investigación en los crímenes cometidos en Afganistán, siempre que no tuviesen implicación estadounidense.
Las declaraciones de Lula al respecto de la CPI se producen tras afirmar que invitará al líder ruso, Vladímir Putin, a la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro, en 2024. Recordemos que el Presidente ruso no pudo acudir a la reciente cumbre del grupo en La India, debido a la acusación y orden de detención de la Corte Penal Internacional en su contra, como supuesto responsable del traslado y la deportación ilegal de niños ucranianos durante el actual contexto bélico. Incluso los medios occidentales se sorprendieron de la rapidez con la que actuó el organismo en este caso, más aún cuando Ucrania no es signatario del Estatuto de Roma, y Rusia se retiró del mismo en 2016.
Pérdida de legitimidad y arbitrariedad
En primer lugar, debemos atender a la pérdida de legitimidad del organismo, que se presenta incapacitado en sus funciones. A modo de ejemplo, Sudáfrica ya se negó, en 2015, a ejecutar una orden de la CPI para la detención del entonces presidente sudanés Omar al Bashir, argumentando que no veía “ninguna obligación, en virtud del derecho internacional y del Estatuto de Roma, de detener a un jefe de Estado en ejercicio de una parte no estatal [de la CPI], como Omar al-Bashir”. Por otra parte, también debemos señalar la arbitrariedad y uso político del tribunal, por ejemplo, con el caso del fallecido expresidente serbio Slobodan Milosevic, que fue extraditado a la Corte en 2001, en medio de una pugna de poder entre sus opositores y bajo la presión de perder importantes ayudas económicas estadounidenses y préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, si las autoridades no aceptaban dicha extradición.
En segundo lugar, es importante destacar cuál es el rol internacional que Brasil, liderado por el presidente Lula, ha decidido jugar en el actual escenario geopolítico.
Brasil vuelve al protagonismo internacional
Lula, desde su vuelta al poder, ha apostado por recuperar una imagen internacional dañada tras el Gobierno del fascista Jair Bolsonaro (2019-2022). Así, se destaca la vuelta de Brasil a organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un mayor protagonismo en foros internacionales como el bloque BRICS —ahora BRICS+—, y una intención, manifestada insistentemente, de convertirse en mediador para resolver el conflicto en Ucrania. De hecho, dentro de sus declaraciones destacaba: “espero que para entonces ya no haya más guerra”, reincidiendo en su apuesta por conseguir una salida negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania.
El desarrollo de esta práctica política se fundamenta también en un debate teórico que está cuestionando los organismos actualmente existentes, que no son capaces de dar respuestas a las problemáticas compartidas a nivel mundial. Y, por otra parte, el llamamiento a un mundo multilateral también conlleva obligatoriamente la garantía de una participación en igualdad de condiciones para los distintos países en la esfera internacional. Así, no es de extrañar que a Lula le resulte incluso ofensivo que Brasil tenga que cumplir normas que otros, por ejemplo, EE.UU., no cumplen.
No obstante, el Presidente brasileño también insistió en que la decisión final al respecto de las obligaciones de Brasil en relación con la CPI no recaen sobre el Gobierno sino sobre el Poder Judicial del país suramericano. Sin embargo, es evidente que sus declaraciones están marcando una hoja de ruta clara al respecto del futuro que anhela para la nación, y para las relaciones internacionales y acuerdos suscritos en sentido general.
A su vez, abren necesariamente un debate urgente si se pretenden construir los cimientos de un mundo verdaderamente multipolar, equitativo y con unas relaciones internacionales democráticas y garantistas: ¿por qué Brasil debería ser signatario de algo que EE.UU. no acepta?
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