POR HORACIO DUQUE
Desde el 9 de febrero el gobierno del sub-presidente Duque anuncio que agregara un millón de familias más a los 3 millones que ya están registrados en el Sisbén (acciones focalizadas), para que reciban un subsidio mensual conocidos como “Ingreso solidario” equivalente a 160 mil pesos (40 dólares).
A tres semanas de las elecciones parlamentarias el anuncio politiquero lo hizo la directora de Planeación Nacional, la Alejandra Botero Barco, para favorecer abiertamente a los candidatos gobiernistas del Centro Democrático y a los otros uribistas maquillados que están en el juego de Matarife (Equipo Colombia: Char, Barguil, Gutierrez, Peñalosa y a Hernández). La señora se dio sus mañas para decir que se trata de un “plan técnico para enfrentar la inflación”, que ni ella se lo cree.
Ingreso Solidario es un aporte mensual que se entregaba inicialmente a los hogares que no tenían acceso a ningún otro auxilio gubernamental, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Se estableció en abril de 2020, unas semanas después de que se declarara la emergencia económica por cuenta de la pandemia, y ha beneficiado supuestamente hasta la fecha a 3.084.987 familias, unas 12 millones de personas.
Se trata de un giro no condicionado (un subsidio básico), aparentemente sin ninguna contraprestación, que fue oficializado por el gobierno y con una vigencia hasta diciembre del año en curso.
La administración de estos recursos lo hará el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que gerencia una ficha de Matarife, la señora Susana Correa, ligada a los ingenios azucareros de Palmira y el Cauca.
Son más de 7 billones de pesos que serán utilizados para apalancar las listas electorales del uribismo en aquellos municipios del país donde esta corriente tiene el control de las alcaldías y los concejos municipales.
Como bien es sabido el DPS maneja una chequera robusta en programas sociales como Familias en Acción, Familias en su Tierra, Iraca (afros e indígenas) y otros que son gestionados discrecionalmente por la alta gerencia de esa entidad que adjudica a dedo entre Operadores uribistas de bolsillo jugosas contrataciones cuyos dineros se pierden por las alcantarillas de la corrupción facilitada por reportes tramposos con evidencias falsas que justifican los multimillonarios desembolsos sobre los cuales ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la Oficina de Transparencia de Presidencia, ni la Oficina de Control Interno del DPS (Ingrid Milay Leon Tovar) toman cartas en el asunto pese a que las redes de Veedurías y Auditorias ciudadanas han hecho muchas peticiones para dar transparencia a este tipo de programas estatales.
Queda claro que esta movida tiene un evidente filo electoral para afectar al Pacto Histórico, sus listas al Senado y Cámara.
Lo que procede es pedir, desde el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, una auditoria pública nacional que vigile todo el manejo que hace el DPS de la abultada partida de subsidios sociales autorizada por la última reforma tributaria (13 billones de pesos) que es objeto de maniobras corruptas y de manipulación electoral.
No hay que olvidar que con la manipulación de estos subsidios (Familias en Acción) fue derrotado Antanas Mockus en el 2010 por el señor Santos que era el candidato de Uribe Vélez en ese momento.
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