POR MAUREEN MAYA /
El pasado 15 de abril, el Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive –NSA-) difundió unos documentos que durante 47 años permanecieron ocultos bajo el rótulo de “clasificados”. El pretexto para exponerlos a la luz pública fue la supuesta publicación de un libro electrónico que al parecer intenta hacer memoria sobre la política antidroga estadounidense aplicada en Colombia durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y Julio César Turbay Ayala (1978-1982). El archivo reposaba en la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter.
¿Por qué difundirlos ahora? ¿Tiene alguna relación o incidencia con la política de drogas del gobierno Biden? Muchas conjeturas nacen a la sombra de la sorpresiva decisión. Y algunos consideramos que más que asombro por los nombres mencionados (que no sorprenden) la divulgación debe abrir un debate más serio y urgente, y llevar a profundas reflexiones sobre el fenómeno del narcotráfico y su costo humano, social, político y cultural, en especial para los países estigmatizados y desangrados por este flagelo.
Los dos expresidentes señalados en los expedientes divulgados ya fallecieron. López murió a los 94 años el 11 de julio de 2007 y Julio Cesar Turbay a los 89 años el 13 de septiembre de 2005, y ambos fueron despedidos con honores en funerales de Estado bajo la respectiva declaratoria de duelo nacional. Los demás políticos y altos mandos militares mencionados en el mismo documento, también ya fallecieron, de modo que ninguno de ellos puede ofrecer explicación de contexto ni ejercer el legítimo derecho a la defensa. Este listado solo confirma lo que el país siempre ha sabido: que el maridaje entre mafia y política no es novedad, y que éste incidió mucho en las decisiones y proyectos de ley promovidos en el legislativo y en las agendas de mandatarios locales. Lo único llamativo en su desclasificación en el momento para hacerlo.
Según el extenso informe, son más de “tres docenas de funcionarios” que en ese momento [década de 1970] estaban bajo sospecha y con muchas pruebas en contra sobre sus presuntos vínculos con las actividades de narcotráfico que se apoderaba de Colombia y tenía muchos efectos en Estados Unidos. Y sobre ellos se indica que al expresidente López Michelsen “se le presentó un expediente de información de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos que vinculaba a ‘funcionarios ministeriales y judiciales, personal militar y policial, y otras fichas de alto nivel’ al narcotráfico”. Incluso, se registra que hasta el mismo Presidente de aquel momento tenía sobre él sospechas de vínculos con las actividades del narcotráfico por medio de familiares y funcionarios de su administración [1]. Entre los nombres más relevantes por las posiciones que ocuparon dentro del Estado, figuran personajes como el general Abraham Varón Valencia: ministro de Defensa del gobierno López, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y comandante del Ejército Nacional, quien falleció en de junio de 2005 y es acusado de haber aceptado sobornos relacionados con narcóticos y contrabando. Óscar Montoya Montoya: ocupó el cargo de ministro de Trabajo de 1976 a 1978, fue gobernador de Antioquia entre 1975 y 1976, cuando los mandatarios regionales eran designados por el presidente de turno, y murió en marzo de 2021. Hoy es acusado de haber mantenido conversaciones (o algo más) sobre tráfico ilegal de cocaína y café con un reconocido narcotraficante. Y el coronel Humberto Cardona Orozco, ex director de Indumil durante el gobierno de Turbay Ayala, fallecido en 2005 a los 89 años.
Desde la década de los 70s el narcotráfico permeó la política colombina y es sabido que buena parte de la dirigencia nacional facilitó el negocio, se lucró de él para financiar sus campañas electorales y aceptó sobornos a cambio de protección y políticas afines a los intereses de los recién nacientes cárteles de la droga. Basta con revisar cualquier texto escolar de historia para enterarse que bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen se instaló la célebre “ventanilla siniestra” y se facilitó así el ingreso de dineros ilícitos al país. De Turbay recordamos la bonanza marimbera. De Samper el proceso 8000, y las afirmaciones de reconocidos narcos diciendo con ironía y algo de cinismo que fue la política la que corrompió el narcotráfico.
La acusación que recae sobre Colombia como “narcoestado” no es tan alejada de la realidad como algunos quisieran, de hecho buena parte de la economía nacional estuvo soportada, en especial durante los años 80, en este negocio clandestino, del que no fueron ajenos notables políticos que mientras lo condenaban públicamente y señalaban a otros de haberse dejado corromper, con la otra mano recibían el dinero de las mafias.
El documento revelado mantiene ese tono de superioridad moral con el cual se han cimentado las relaciones del país con la potencia del norte; se afirma que la intención de Carter era instar al gobierno colombiano a adoptar una postura más firme y decidida frente al narcotráfico y la corrupción que rodeaba su mandato, como si Estados Unidos fuera impoluto y no estuviera su política internacional inmersa en graves escándalos, como los asesinatos de presidentes sudamericanos, apoyo a golpistas o el famoso caso “Irá–contras”, o ‘Irangate’ de 1985, cuando bajo la administración de Ronald Reagan, altos funcionarios de gobierno facilitaron la venta clandestina de armas a Irán, país sobre el que pesaba un embargo armamentístico decretado por los mismos Estados Unidos, y también usaron los recursos del narcotráfico para financiar grupos armados de mercenarios, conocidos como Contras, para derrocar con violencia el gobierno nicaragüense surgido tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979, que derrocó al sanguinario Anastasio Somoza Debayle [2] y puso fin a la brutal dictadura de la familia Somoza, iniciada en 1937. “Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de los Contras, estaban prohibidas por el Senado estadounidense”, pero ello nos los detuvo.
El informe revelado habría sido entregado el 21 de julio de 1977 por tres altos funcionarios de EE.UU. al mandatario López Michelsen, el cual no tardó en filtrarse a la prensa. “Pocos meses después, sirvió de base para un reportaje de la cadena CBS en 1978 titulado ‘The Cocaine Memorandum’ (El memorando sobre la cocaína), que acusaba al entonces candidato presidencial Julio César Turbay Ayala de tener vínculos con el narcotráfico.
Según los informes de inteligencia de Estados Unidos Turbay Ayala, a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, mantenía conexiones con narcotraficantes [como José Manuel Parra Urrea] entre otros, “capaces de influir en la selección de líderes de las agencias encargadas de la aplicación de la ley en Colombia, en el evento de que Turbay asumiera la Presidencia” [3].
También figura el nombre de Griselda Blanco ‘la Viuda Negra’ y su esposo Alberto Bravo, señalados de financiar y organizar el tráfico de drogas en Estados Unidos. Otros escritos vinculan al histórico y emblemático Buque Gloria, afirmando que habría llevado cocaína a las ciudades de Miami y Nueva York, y se señala el nombre de Alfredo Gómez, quien sería hermano del segundo al mando de la embarcación [4].
La liberación de estos expedientes por parte de Washington, donde se acusa de corrupción a dos gobiernos colombianos (que no serían los únicos), confirma que la administración del presidente Jimmy Carter (1977-1981) utilizó una lista negra de 36 altos funcionarios colombianos vinculados con el tráfico de drogas para presionar al entonces presidente, Alfonso López Michelsen y que esta relación de sometimiento y control sobre la política interna del país no nació ni murió allí. Colombia tampoco fue el único país que padeció este tipo de injerencia. La CIA, bajo órdenes de Carter, realizó un dossier que ligaba a “funcionarios de ministerios y judiciales, personal militar y de las fuerzas de seguridad y otros individuos de elevado nivel” con el narcotráfico. Y de esta realidad no era ajena la Casa de Nariño, pues hasta familiares de mandatarios eran relacionados con el negocio.
En un memorándum del Departamento de Estado, por ejemplo, se acusa de “posibles actividades de narcotráfico” a Alfonso López Caballero, hijo del presidente López Michelsen, y quien fuera embajador de Colombia en Rusia entre 2016 y 2022.
Las prioridades de Estados Unidos con América Latina estuvieron ligadas, como era de esperarse, a la defensa de sus propios intereses, y por ello se enfocaron en dos frentes a partir de 1959: 1. Detener la amenaza soviético-cubana (comunista) y los procesos revolucionarios en curso, a través de una contraofensiva orientada a impedir que esos vientos de emancipación popular iniciados en Cuba y replicados en Nicaragua se extendieran a los demás países del continente. 2. Enfrentar el problema externo del consumo de drogas, señalando a varios países del continente de ser sus causantes. De hecho, durante el gobierno de Reagan (1981-1989) el narcotráfico fue calificado como un “problema de seguridad nacional”, que “demandaba urgentes medidas de represión policiaco-militar en los países productores: México, Colombia, Bolivia, Perú, entre otros […]. La Casa Blanca llegó a adoptar el término “narcoguerrilla” para desacreditar a diversos movimientos rebeldes latinoamericanos y al propio gobierno de Nicaragua, al vincularlos con el tráfico internacional de drogas [5].
Las acusaciones que hoy recaen desde la NSA sobre dos exmandatarios colombianos que gobernaron algunos años de la convulsa y violenta realidad colombiana del siglo XX, reflejan la complejidad de las relaciones binacionales, la supremacía de un lenguaje imperialista, el sometimiento regional y las dinámicas políticas y sociales que desde entonces empezaba a redefinir el auge del narcotráfico en la conciencia nacional; auge que no habría sido posible sin la activa participación de las casas políticas y la complicidad de autoridades y poderes legalmente constituidos.
La pregunta que nos hacemos ahora es si tiene sentido esta revelación a destiempo, cuando las consecuencias directas no pasarán de ser anecdóticas o exculpatorias para los señalados. Tal vez, podría mirarse como un aporte a la memoria de un Estado doblegado durante casi cinco décadas por poderes mafiosos, que llevaron a que ese oscuro y sangriento camino se impusiera en el horizonte político del país, definiera buena parte de la vida nacional, sellara nuestra tragedia y doblegara una sociedad amorfa y precaria, a través del terror, el crimen organizado y una lucrativa actividad, a vivir y legar una grave distorsión de valores, que terminó por imponer un estigma imborrable en nuestra historia.
Si bien los documentos desclasificados plantean acusaciones a título personal, la lectura de estos informes extemporáneos debe plantear un interrogante sobre el proyecto político que se impuso en Colombia desde los 70 (alimentado desde la ilegalidad), el cual además sufrió profundas transformaciones en los años siguientes, tanto por el triunfo del narcotráfico como por sus vínculos directos con grupos armados ilegales, la financiación de la guerra, la degradación de la democracia y el auge económico de una sociedad marchita en valores pero floreciente –gracias a los dineros ilegales- en infraestructura, arte, belleza, deporte y arquitectura, entre otros sectores de la economía nacional. Basta con revisar algún archivo de prensa de años recientes para constatar que la política no fue la única esfera que sucumbió al poder distorsionante del narcotráfico; también miembros activos de las FFMM encontraron en este negocio un aliciente y una inigualable fuente de riqueza. “El narcotráfico es el principal combustible de la violencia en Colombia, y aunque desde la visión oficial se le atribuye el manejo de esta actividad ilícita a las guerrillas y el paramilitarismo, lo cierto es que ha permeado en varias capas del Estado colombiano, entre ellas, la militar”. En 2022 el comandante de la Sexta División del Ejército colombiano, general Jorge Hernando Herrera Díaz, reconoció que existen alianzas de la institución militar con el narcotráfico, “porque así era la guerra”. “La Revista Cambio y Noticias Uno obtuvo las grabaciones de una reunión en 2019 donde Herrera explica el funcionamiento de la banda narcotraficante Los Pocillos, que controla un corredor por el que pasan 150 toneladas de cocaína al año, admite que hizo acuerdos con ellos y los justifica en el marco de los enfrentamientos con disidencias de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP). “Esa es la puta guerra”, dijo el alto mando militar” [6].
La Casa Blanca ha asumido con total rigor y doble rasero el tema del narcotráfico que envenena a su población y facilita la fuga de divisas. Una respuesta dada por el presidente Carter cuando fue informado sobre el vertiginoso crecimiento del contrabando de cocaína desde Colombia, según un memorando enviado por Zbigniew Brzezinski, asesor de Seguridad Nacional al Secretario de Estado Cyrus Vance, fue que Estados Unidos “debería plantear esto oficial y enérgicamente al gobierno colombiano”. Y en otros documentos se destaca la acción directa del mandatario, quien realizó algunas anotaciones con su puño y letra impartiendo diferentes órdenes de presión, como “no enviar los helicópteros” militares prometidos por Estados Unidos a Colombia. A López se le dice que los narcotraficantes y sus operaciones ‘se ven enormemente facilitados por la cooperación y protección de funcionarios colombianos influyentes’ y que ‘sería muy valioso que su gobierno realizara más investigaciones’, especialmente en casos de ‘personajes de alto nivel’…” [7].
Tal vez en otros cincuenta años se desclasifique otro listado, que nos recuerde que varios políticos colombianos y sus familiares tuvieron vínculos con el narcotráfico y se lucraron del dolor que generó este negocio al pueblo colombiano. Es bastante seguro que en ese futuro informe aparezcan los nombre de los expresidentes Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Ernesto Samper Pizano, los exministros de Defensa Juan Carlos Pinzón y Marta Lucía Ramírez, el Clan Char (dueño el poder político en Barranquilla), futuros gobernantes y aclamados dirigentes políticos. No sería novedad. En 1998, el excontador del Cartel de Cali, Guillermo Pallomari, aseguró que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, condenados en 1995, financiaron al contralor David Turbay y las campañas proselitistas de al menos 23 legisladores y otros políticos, algunos de los cuales fueron condenados por la Corte Suprema [8]. Y ahí no terminó la alianza, de hecho siguió impávida, ante las ansias de poder y control de varios caciques regionales. Sin embargo, es muy posible que nunca sepamos hasta donde llegaron los tentáculos de la mafia en la política colombiana, aunque siempre recordaremos que este maridaje hundió al país en la violencia, el crimen, la desesperanza y la degradación moral.
El abogado Gabriel Cifuentes Ghidini afirma en su libro ‘La paz en su laberinto’, el cual fue presentado el pasado 26 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que si bien “las economías ilegales no son la causa primigenia del conflicto, hoy parecen ser un elemento determinante e inexorable de la actual violencia. La oferta del Estado no es suficiente para compensar los beneficios y ganancias de los negocios ilícitos, y el músculo militar ha demostrado no tener la capacidad suficiente para erradicar por completo…”.
Los expedientes descubiertos vienen a confirmar entonces lo que hemos venido clamando y debatiendo desde hace lustros: la política de drogas debe cambiar por completo. Hace algunos años, ante la Comisión Global sobre Políticas de Drogas de Portugal, el expresidente Juan Manuel Santos, afirmó que era necesario reinventar esta guerra contra el narcotráfico “y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas y racionalizarlo para poderlo controlar mejor”.
La historia nos enseña que el prohibicionismo solo ha servido para empoderar las mafias, fortalecer el comercio ilegal, profundizar la corrupción política, sembrar violencia en los territorios, aumentar los crímenes, afectar la salud pública y recortar libertades ciudadanas. No nos ha liberado del flagelo de la droga ni de la violencia que le acompaña. Ya es tiempo de actuar, de abrir el debate (que no se quede en el oportunismo de despotricar y señalar exmandatarios fallecidos) y de ganar aliados en la región para posicionar el tema de la legalización como un asunto de seguridad y estabilidad mundial. América Latina no puede seguir cargado con esta condena.
Notas
[1] Marca; “Estados Unidos revela ‘lista negra’ de políticos de Colombia vinculados con narcotráfico”. Bogotá, 15 de abril de 2024.
Ver en: https://www.marca.com/co/2024/04/16/661ea140ca4741cf558b4590.html
[2] Conocido como “Tachito”, fue el tercer y último miembro de la dinastía somocista —luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle. Luego de ser derrocado por la Revolución Sandinista, partió al exilio hacia Asunción (Paraguay) en julio de 1979, protegido por el dictador de ese país, Alfredo Stroessner, donde fue asesinado al año siguiente en una emboscada. Sus restos reposan en un panteón en el cementerio Caballero Rivero Woodlawn North de Miami, Estados Unidos.
[3] Infobae; “Familiares de expresidentes colombianos estuvieron vinculados con el narcotráfico, según documentos desclasificados de EE.UU”. Bogotá, 16 de abril de 2024. Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2024/04/16/familiares-de-expresidentes-colombianos-estan-vinculados-con-el-narcotrafico-segun-documentos-desclasificados-de-eeuu/
[4] Ídem.
[5] CEPEI; “Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina bajo el gobierno de Reagan: Divergencias y ajustes parciales”. Por Heraldo Muñoz. Simposio Internacional “Relaciones de Perú con Estados Unidos. Lima, Perú, 26-29 de noviembre de 1986. Pág. 2.
[6] Misión Verdad; “General reconoce alianzas del ejército colombiano con narcotraficantes”. Bogotá, 14 de febrero de 2022. Ver en: https://misionverdad.com/general-reconoce-alianzas-del-ejercito-colombiano-con-narcotraficantes
[7] Infobae, Op. Cit.
[8] El Clarín; “Colombia: 25 políticos en una narco-lista”. Buenos Aires, 15 de enero de 1998. Ver en: https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/colombia-25-politicos-narco-lista_0_B1ax6WyI2x.html
Revista Sur, Bogotá.
