EL PAÍS /
Acabar con cualquier voz disonante es una de las características de los regímenes iliberales, y supone otro paso más que ha dado Benjamín Netanyahu para terminar con la pluralidad periodística en su país. Diremos una vez más que a Israel le asiste el derecho a defenderse de los ataques de Hamás que ocurrieron el 7 de octubre de 2023, pero lo que puso en marcha Netanyahu a partir de ese momento ha sido una limpieza étnica de los palestinos, que la justicia internacional investiga ya como genocidio, y frente a la que no está dispuesto a aceptar el más mínimo reproche. El pasado domingo 24 de noviembre, el Gobierno israelí aprobó una ley cuyo objetivo es callar a Haaretz, el único periódico que hasta ahora ha mantenido posiciones críticas frente las acciones militares de Netanyahu en Gaza y Líbano y contra la ocupación de territorios palestinos.
La norma obliga a cualquier organismo que reciba financiación estatal a dejar de anunciarse en el periódico, a cancelar las suscripciones pagadas por el Estado y a cortar toda comunicación con ese medio. O lo que es lo mismo: ahogar económicamente a Haaretz —un medio con dos ediciones, en inglés y en hebreo, en digital y en papel— y cortarle de paso los hilos que lo conectan con importantes sectores de la sociedad, imprescindibles para realizar cualquier trabajo informativo. Se trata de empujarlo así a los márgenes y convertirlo en un medio de comunicación paria, tras años de haberse labrado un prestigio indiscutible por su rigor informativo.
El Gobierno israelí justifica la medida señalando que los editoriales de Haaretz dañan la legitimidad del derecho de Israel a defenderse, para lo que utiliza unas declaraciones que hizo hace poco el director del periódico, Amos Schocken, en Londres. El periodista dijo que Netanyahu pretende imponer “un régimen cruel de apartheid a la población palestina” y se refirió a lo que está haciendo hoy en Gaza como una segunda Nakba, el término que usan los palestinos para nombrar la expulsión de sus hogares entre 1947 y 1949 de más de 700.000 habitantes, antes y después de la creación del Estado israelí. Schocken habló también de “luchadores por la libertad de Palestina a los que Israel llama terroristas”, aunque tras la polémica desencadenada en el país reconsideró sus palabras y fue rotundo: “El uso del terrorismo no es legítimo”.
Con la medida aprobada el domingo 24, Netanyahu da un paso muy serio para restringir la libertad de expresión y la pluralidad editorial en su país, un derecho que las democracias están obligadas a garantizar para considerarse tales.
Netanyahu ya reivindicaba hace 30 años el derecho del pueblo judío a la totalidad de la “Tierra de Israel” y, desde que en 1996 llegó por primera vez al poder, ha ido poniendo en marcha un programa que conduce a la consolidación de un único Estado, el judío. Para conseguirlo no ha dudado en debilitar el Estado de derecho, ya sea con una reforma judicial que limitaba los poderes del Tribunal Supremo, y que fue ampliamente contestada, ya sea por la permisividad con la expansión disparada de los asentamientos, o ahora con la destrucción de Gaza y de sus habitantes en respuesta al ataque de Hamás.
Haaretz defiende la idea de los dos Estados y aboga por la convivencia entre pueblos que son distintos. Muchos otros defienden lo contrario. Es la pluralidad de posiciones editoriales en la prensa que define a las democracias. En el Israel de Netanyahu no parece posible. Otro avance más en la destrucción de una democracia que presume de ser la única existente en Medio Oriente.
El País, España.
